El alijo de tabaco que persigui¨® 22 a?os al exalcalde del PP Nen¨¦ Barral acaba con todos los implicados absueltos

Era previsible que el tribunal de la secci¨®n cuarta de la Audiencia de Pontevedra se quedase sin argumentos para condenar a los ocho acusados del caso de contrabando de tabaco que m¨¢s a?os ha estado en instrucci¨®n, esperando la acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa y el juicio que arranc¨® en 2023.  Despu¨¦s de que la sala anulase los pinchazos telef¨®nicos, la principal prueba documental en la causa, y meses despu¨¦s de que se produjera el fallecimiento del principal acusado, el exalcalde del PP en Ribadumia (Pontevedra) Jos¨¦ Ram¨®n Barral, Nen¨¦, la sentencia ha sido absolutoria para todos ellos por falta de pruebas.

El tribunal subraya la ¡°inaceptable duraci¨®n del procedimiento¡± que ha dejado por el camino, adem¨¢s de Barral, a otros cuatro fallecidos. Concluye que no hay constancia de que los procesados hayan cometido ninguno de los delitos por los que se sentaron en el banquillo: contrabando, asociaci¨®n il¨ªcita, cohecho activo y pasivo y revelaci¨®n de secretos por funcionario p¨²blico, en alusi¨®n a un agente de Vigilancia Aduanera.

Despu¨¦s de que fuesen anuladas las intervenciones telef¨®nicas porque Aduanas inici¨® una investigaci¨®n sin que mediara una orden judicial para interceptarlas, el tribunal solo considera probado que existi¨® un cargamento de tabaco, pero sostiene que no hay pruebas para incriminar en esta operaci¨®n a los acusados que afrontaban condenas de hasta 10 a?os de prisi¨®n.

Relata la sentencia que el 14 de mayo de 2001 arrib¨® en el puerto de Vigo un buque cargado con contenedores, en cuyo interior se hall¨® tabaco de la marca Magnun Especial, de procedencia extracomunitaria, camuflado entre madera contrachapada. Inspeccionados otros tres contenedores, result¨® que en los mismos hab¨ªa id¨¦ntico tipo de mercanc¨ªa. En total, se decomisaron 431.948 cajetillas de tabaco, con un valor de 127 millones de las antiguas pesetas. El tribunal subraya que no consta la participaci¨®n de los ocho encausados ¡°ni en ese hecho ni en ning¨²n otro de los que conforman los escritos de acusaci¨®n¡± de la Fiscal¨ªa, que mantuvo abierta la investigaci¨®n m¨¢s de dos d¨¦cadas.

En particular, destaca el fallo que no consta que dos de los acusados, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera con destino en A Coru?a y que prestaban sus servicios como observadores a¨¦reos de la costa oeste gallega para vigilar la entrada de mercanc¨ªas il¨ªcitas, ¡°hubiesen transmitido informaci¨®n que obten¨ªan en el ejercicio de su funci¨®n a otro encausado, jefe de la Base Mar¨ªtima de Vigilancia Aduanera en A Coru?a -fallecido en 2019- y del que no ten¨ªan dependencia jer¨¢rquica ni funcional, con fines il¨ªcitos¡±.

Seg¨²n el fallo, ¡°tampoco consta¡± que otro de los sospechosos, de profesi¨®n guardia civil, ¡°hubiese transmitido informaci¨®n obtenida en el ejercicio propio de su funci¨®n¡± a otros dos acusados con fines il¨ªcitos. Adem¨¢s, las tres magistradas que conforman el tribunal declaran extinguida la responsabilidad penal de cuatro de los sospechosos por haber fallecido a lo largo del procedimiento. ¡°La ausencia de prueba de cargo en esta operaci¨®n de contrabando de tabaco determina la libre absoluci¨®n de todos los acusados a quienes las acusaciones atribu¨ªan la misma¡±, indica el tribunal en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

Nen¨¦ Barral muri¨® en noviembre de 2023, en plena celebraci¨®n del juicio y despu¨¦s de conocerse la nulidad de las escuchas telef¨®nicas, algunas de ellas interceptadas desde su despacho de la alcald¨ªa. La Fiscal¨ªa de Pontevedra retir¨® los cargos dado que las pruebas contra el principal imputado se hab¨ªan desmoronado. Durante los 22 a?os que tard¨® la causa en llegar a juicio, Barral siempre neg¨® las acusaciones. Tuvo que dimitir como regidor en mayo de 2001.

El varapalo a las pruebas de cargo dio pie a las defensas para solicitar que se hiciera cargo del pago de las costas del juicio la Abogac¨ªa del Estado, que actu¨® en representaci¨®n de la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria. Una petici¨®n que ha sido desestimada en la sentencia alegando el tribunal que ¡°no se aprecia en su intervenci¨®n temeridad ni mala fe¡±, invocado la doctrina del Tribunal Supremo.