Infierno laboral para las mujeres en el juzgado de violencia machista de A Coru?a

Gritos, ¡°humillaciones¡±, ¡°actos hostiles¡±, ¡°actitud autoritaria y prepotente¡±, ¡°vigilancia constante¡±¡­ As¨ª describen las trabajadoras del Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coru?a el clima laboral que llevan varios a?os sufriendo y que, seg¨²n denuncian, es provocado por el comportamiento del letrado judicial de este ¨®rgano. Las funcionarias, todas mujeres, han elevado quejas al Ministerio de Justicia y a la Xunta, pero ninguna instituci¨®n ha tomado medidas. Los sindicatos CSIF y CIG explican que el hostigamiento que relatan estas empleadas ha ca¨ªdo en tierra de nadie dentro del engranaje de la Administraci¨®n y las autoridades se escudan en eso para mirar hacia otro lado: el acusado es un funcionario que depende del Gobierno central y las denunciantes son personal auton¨®mico. ¡°El letrado depende del ministerio y por encima tiene al secretario de gobierno y a los letrados coordinadores provinciales, pero estos cargos no suelen ir en contra de ellos por corporativismo [ambos son letrados de Justicia tambi¨¦n]. Ni m¨¢s ni menos¡±, explica ?urea Fern¨¢ndez, responsable de Justicia del CSIF en Galicia.

Las quejas de las seis trabajadoras afectadas por la ¡°actitud de prepotencia, menosprecio, ninguneo y acoso¡±, que se repiten desde 2022, han sido remitidas tambi¨¦n a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y a la Fiscal¨ªa. Ellas acusan al funcionario, que no es titular de la plaza sino sustituto, de perturbar y obstaculizar el trabajo del juzgado y de generar a sus compa?eras ¡°cuadros de ansiedad y estr¨¦s¡±. ¡°Las vigila constantemente y controla para que no puedan moverse de su puesto de trabajo¡± y ¡°entorpece el trabajo rechazando la firma de diligencias, oficios y otras resoluciones judiciales por motivos absurdos¡±, relat¨® el CSIF en las denuncias elevadas a las autoridades. De los pocos hombres que han pasado por este ¨®rgano ninguno se ha quejado del trato que recibe, subrayan las representantes de la plantilla. ¡°Es una mezcla de machismo, prepotencia y situaci¨®n de poder¡±, diagnostica Chelo Rodr¨ªguez, del sindicato CIG.

En el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige F¨¦lix Bola?os (PSOE) fue la Subdirecci¨®n General para la Innovaci¨®n y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal la encargada de abordar las quejas. Este departamento pidi¨® un informe al secretario de gobierno del TSXG. Este cargo solicit¨® a su vez sendos informes a la coordinadora provincial de letrados judiciales y al funcionario se?alado, quienes rechazaron ¡°frontalmente¡± las acusaciones, las atribuyeron a un ¡°contexto laboral de m¨¢xima exigencia por la carga y tipolog¨ªa del trabajo¡± o las matizaron ¡°de forma coherente y convincente¡±. Bas¨¢ndose en esas alegaciones, el ministerio respondi¨® el 8 de marzo del a?o pasado que no hab¨ªa raz¨®n para imponerle medidas disciplinarias al letrado judicial y que, al igual que reitera a consultas de este peri¨®dico, la competencia para activar el protocolo de acoso laboral es de la Conseller¨ªa de Xustiza de la Xunta.

Pero en la Conseller¨ªa de Presidencia, Xustiza e Deportes que encabeza Diego Calvo (PP) tambi¨¦n se lavan las manos. El asunto fue abordado en reuniones del Comit¨¦ de Seguridad y Salud, un ¨®rgano dependiente de la Direcci¨®n Xeral de Xustiza ante el que se denunci¨® la situaci¨®n por escrito. Los responsables auton¨®micos, cuenta el CSIF, respondieron verbalmente lo mismo que el Gobierno central, pero d¨¢ndole la vuelta: alegaron que no pueden actuar contra el denunciado porque al ser letrado judicial no es personal de la Xunta, sino del ministerio. Fuentes oficiales de esta consejer¨ªa repiten a este peri¨®dico ese argumento. ¡°Esto impide que se pueda adoptar medida alguna en esta materia y mucho menos si se tiene en cuenta que no consta en el registro de la Direcci¨®n Xeral de Xustiza denuncia alguna contra el letrado¡±, a?ade el Gobierno gallego.

El portazo final del ministerio a las trabajadoras del Juzgado de Violencia contra la Mujer de A Coru?a lleg¨® hace un mes. Justicia, tras recibir una nueva denuncia, reduce el relato de las funcionarias a ¡°afirmaciones abstractas de hostilidad¡± que el letrado acusado rechaza, ¡°negando determinados incidentes que se le imputan y justificando determinadas diferencias sobre la forma o manera de entender el funcionamiento de la oficina judicial¡±. El juzgado, prosigue el Gobierno central, est¨¢ ¡°notablemente sobrecargado¡± y pueden ¡°producirse situaciones de tensi¨®n¡± y ¡°fricciones¡± sin que pueda deducirse que ¡°las decisiones del letrado sean adoptadas por la posible animadversi¨®n que pudiera sentir¡± hacia sus compa?eras. El funcionario se?alado ha declinado ofrecer su versi¨®n a este peri¨®dico.

La sindicalista de la CIG asegura que conoce m¨¢s casos en los que letrados judiciales aprovechan esta ¡°impunidad¡± y el ¡°miedo a denunciar¡± para abusar de su posici¨®n. Rodr¨ªguez coincide con Fern¨¢ndez, la representante del CSIF, en que la soluci¨®n es que se apruebe un protocolo de actuaci¨®n coordinada contra el acoso laboral que implique a las administraciones central y auton¨®mica y proteja al personal sea quien sea el denunciante o denunciado. El problema, esgrimen, se repite en todas las comunidades con las competencias de justicia transferidas.

En el caso del juzgado de violencia machista de A Coru?a, dos de las afectadas presentaron sendas denuncias penales por acoso laboral que fueron archivadas el pasado julio porque no se apreciaron indicios de delito. Los jueces concluyeron que los hechos relatados no merecen reproche penal, pero que s¨ª podr¨ªan dar lugar a responsabilidades en el ¨¢mbito laboral, por lo que fueron remitidas a la coordinadora provincial de los letrados judiciales, la misma que ante la consulta del Ministerio de Justicia descart¨® tomar medidas.

Al funcionario se?alado en las denuncias s¨ª le ha abierto Justicia un expediente disciplinario, seg¨²n confirman varias fuentes conocedoras del proceso, pero no por su comportamiento con las citadas trabajadoras, sino con otra mujer: una jueza. El incidente provoc¨® la intervenci¨®n de la polic¨ªa, que ya ha acudido a ese juzgado tambi¨¦n por altercados del denunciado con sus compa?eras, informa el CSIF. En este caso, Justicia s¨ª actu¨®. Y eso pese a que la jueza, al igual que las funcionarias del juzgado que se sienten acosadas, tampoco es personal dependiente del ministerio.

Trabas para compensar horas extra o coger vacaciones

El letrado judicial es el encargado de distribuir la tarea en los juzgados. De ¨¦l depende, por ejemplo, el reparto de las vacaciones o que se validen las horas extra del personal para que le sean compensadas. Las ¨²ltimas quejas presentadas el pasado enero por las trabajadoras del ¨®rgano especializado en violencia de g¨¦nero en A Coru?a se?alan que este funcionario ¡°se niega categ¨®ricamente¡± a expedirles las certificaciones de las jornadas que prolongan por asuntos urgentes. Tampoco firma a tiempo la concesi¨®n de vacaciones o d¨ªas libres, critican.

El infierno laboral de este juzgado espanta a los funcionarios. Solo hay dos trabajadoras titulares (una de ellas denunci¨® sin ¨¦xito por lo penal), ya que el resto optan por huir en comisi¨®n de servicio en cuanto pueden, explica el CSIF. ¡°Nadie quiere ir ah¨ª por la carga de trabajo, el estr¨¦s y la distribuci¨®n de tareas que hace este se?or¡±, esgrime Fern¨¢ndez. ¡°Hemos llegado a tener interinos de interinos: el primero coge una baja y se nombra otro interino sustituto¡±. El personal ha llegado a prolongar su jornada hasta las diez de la noche pese a que a partir de la una del mediod¨ªa los casos pasan al juzgado de guardia, denuncia este sindicato. ¡°Que esto ocurra en un juzgado de violencia contra la mujer es muy sangrante¡±, concluye Fern¨¢ndez. El ministerio asegura que el letrado denunciado abandonar¨¢ el puesto en ese ¨®rgano el 13 de marzo por la reincorporaci¨®n de la titular de la plaza.