Una concejal de Alcorc¨®n, procesada por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n

La concejal del PP del Ayuntamiento de Alcorc¨®n, Susana Mozo Alegre, se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la localidad, Juan Ram¨®n Rodr¨ªguez Llamos¨ª, ha dictado un auto en el que ve indicios de delito de malversaci¨®n y de prevaricaci¨®n, al liquidar las obras del Centro de Creaci¨®n Cultural de Alcorc¨®n (CREAA), pese a no tener atribuciones para ello. El magistrado ha pedido a las partes personadas -la Fiscal¨ªa; la actual alcaldesa de Alcorc¨®n, la socialista Natalia de Andr¨¦s, y el propio Consistorio- que en el plazo m¨¢ximo de 10 d¨ªas redacten su escrito de acusaci¨®n o, por el contrario, pidan el archivo de la causa. Fuentes pr¨®ximas a la regidora han adelantado a EL PA?S que tanto ella como el Ayuntamiento pedir¨¢n que la edil popular sea juzgada.

El CREAA fue el macroproyecto cultural del alcalde socialista Enrique Cascallana. Situado junto a los castillos de Valderas, pretend¨ªa levantar un enorme complejo cultural en el que se invertir¨ªan las plusval¨ªas generadas por el desarrollo del barrio del Ensanche Sur y la venta de aparcamientos y locales de la Empresa Municipal de Gesti¨®n Inmobiliaria de Alcorc¨®n (Emgiasa, la empresa de la vivienda, y cuyo ¨²nico accionista era el Ayuntamiento alcorconero). Con la llegada de David P¨¦rez, el actual consejero de Transportes, a la alcald¨ªa de Alcorc¨®n, el proyecto se frustr¨®. La obra civil estaba a falta de unos remates y de la entrega definitiva al Ayuntamiento. El equipo de gobierno promovi¨® el 29 de febrero de 2012 un concurso voluntario de acreedores, al cuantificar en 330 millones de euros el pasivo de Emgiasa. La segunda teniente de alcalde y consejera delegada de la compa?¨ªa era entonces Susana Mozo.

El auto del juez Rodr¨ªguez Llamos¨ª recoge que Susana Mozo firm¨® ¡°presunta e indiciariamente¡± en su calidad de consejera delegada de la la resoluci¨®n de las obras del CREAA en la que se reconoc¨ªa una deuda de 33.993.505 euros en favor de la uni¨®n temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcci¨®n y Ferrovial Agrom¨¢n. El escrito judicial reconoce que la edil ¡°estaba ¨²nicamente facultada para firmar contratos hasta el l¨ªmite de 90.000 euros¡±. No ten¨ªa ¡°ni poderes para ello y carec¨ªa de facultades especiales¡±, a lo que se une que no constaba ¡°probada su capacidad para tal acto entre las facultades generales¡± de su cargo, mantiene el magistrado.

El contrato recog¨ªa que Emgiasa abonar¨ªa m¨¢s de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en met¨¢lico. Los 4,97 millones restantes los cobrar¨ªan mediante la daci¨®n en pago de bienes inmobiliarios como plazas de aparcamiento y locales propiedad de la empresa p¨²blica. Una empresa de tasaci¨®n lo realizar¨ªa a precio de mercado para ajustar el precio.

El escrito judicial tambi¨¦n reprocha que se devolviera a la UTE un montante de 2.414.722,96 euros ¡°en concepto de acopios¡±. ¡°Estos tampoco han sido certificados por los t¨¦cnicos responsables a trav¨¦s de las certificaciones de obra, quiene declararon [en la fase de instrucci¨®n] no haber visto el documento o no recordarlo¡±, afirma el auto.

Hasta ocho a?os de c¨¢rcel

El fundamento jur¨ªdico dos del auto mantiene que los hechos relatados ¡°podr¨ªan ser constitutivos¡± de un delito de malversaci¨®n, tipificado en el art¨ªculo 432 del C¨®digo Penal y con una posible condena de prisi¨®n de dos a ocho a?os de prisi¨®n, y otro de prevaricaci¨®n administrativa, recogido en el art¨ªculo 404 y con la posible pena de inhabilitaci¨®n para ser cargo p¨²blico de nueve a 15 a?os. ¡°De esos delitos ser¨ªa responsable la investigada Susana Mozo Alegre al haber adoptado una resoluci¨®n que podr¨ªa haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la empresa p¨²blica en particular y de fondos p¨²blicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificaci¨®n t¨¦cnica preceptiva¡±, sostiene el auto. ¡°Asimismo, al ostentar el cargo de consejera delegada en funci¨®n de su cargo, siendo una sociedad cuya participaci¨®n, fondos y patrimonio son p¨²blicos, pudieran ser los hechos cometidos un delito de prevaricaci¨®n administrativa¡±, a?ade.

Las diligencias previas 176/2019 se continuar¨¢n ahora a trav¨¦s de un procedimiento abreviado y las partes tienen ahora 10 d¨ªas para presentar el escrito de acusaci¨®n y de defensa. Las partes tambi¨¦n pueden solicitar pruebas complementarias que consideren imprescindibles para formular sus escritos.

Fuentes pr¨®ximas a Natalia de Andr¨¦s han confirmado que este tr¨¢mite lo realizar¨¢n sus abogados esta semana, al igual que los letrados del Ayuntamiento. La denuncia fue presentada por la actual alcaldesa el 20 de marzo de 2019. El juez instructor la archiv¨® en una primera instancia, pero los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid aceptaron el recurso de la regidora y obligaron a Rodr¨ªguez Llamos¨ª a reabrir el caso. El Ayuntamiento se person¨® como acusaci¨®n particular cuando De Andr¨¦s accedi¨® a la alcald¨ªa, al entender que la actuaci¨®n de la edil popular pudo da?ar los intereses municipales.

La concejal Susana Mozo declin¨®, en conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico, realizar ninguna declaraci¨®n sobre el auto, al estar abierto el proceso judicial y no existir una sentencia firme. La que s¨ª habl¨® fue la portavoz del grupo municipal del PP y secretaria general del partido en Alcorc¨®n, Ana G¨®mez, que ha mostrado ¡°el apoyo total y absoluto¡± de la formaci¨®n hacia la edil popular. ¡°Lo que es indignante es la actual alcaldesa presentara esta denuncia para tapar que le piden hasta cinco a?os de inhabilitaci¨®n por la mala gesti¨®n cuando estuvo al frente de Emgiasa. Estamos convencidos de que Susana Mozo actu¨® de buena fe y con la intenci¨®n de beneficiar a los vecinos de Alcorc¨®n¡±, mantuvo G¨®mez.

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