La Audiencia Provincial falla que la venta del Gobierno de Ana Botella de 1.860 pisos p¨²blicos a un fondo buitre fue legal

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que la venta de 1.860 viviendas p¨²blicas al fondo de inversi¨®n Fidere llevado a cabo por el Gobierno de Ana Botella en 2013 fue legal. El tribunal ha archivado la causa y ha declarado inocentes a los dos acusados, el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Ferm¨ªn Osl¨¦, y el entonces apoderado de Fidere (filial de Blackstone en Espa?a), Alfonso Benavides. Los vecinos afectados por esta venta consideraban que se hab¨ªan producido irregularidades en la transacci¨®n y que el cambio de casero afect¨® a sus condiciones contractuales. En muchos casos, el precio del alquiler aument¨® considerablemente y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus casas.

El fallo especifica que ¡°no existe un perjuicio directo para los inquilinos, ya que continuaron con su situaci¨®n legal en sus contratos de alquiler con Fidere¡±. La acusaci¨®n ejercida por el letrado Mariano Ben¨ªtez de Lugo en representaci¨®n de la asociaci¨®n de vecinos afectados alegaba que el precio de las promociones se fij¨® por debajo de lo que marcaba el mercado y adem¨¢s no hubo concurrencia. Es decir, que todo se hab¨ªa orquestado para que Fidere pudiera adquirir estas casas construidas con dinero p¨²blico a precio de saldo. El tribunal, sin embargo, no ha observado nada ilegal en la operaci¨®n.

El a?o en el que se produjo la transacci¨®n, la crisis oblig¨® a muchos Ayuntamientos a buscar modos de aumentar su liquidez. El de Madrid, entonces gobernado por Botella, opt¨® por vender vivienda p¨²blica para equilibrar sus arcas. En ese contexto se produjo la venta masiva de casas a fondos buitre como Fidere, que se fue convirtiendo de este modo en uno de los mayores propietarios de vivienda de Espa?a. De la noche a la ma?ana, los vecinos de estos bloques ubicados principalmente en Carabanchel cambiaron de casero. Sucedi¨® lo mismo en otras promociones p¨²blicas en Vallecas o Torrej¨®n de Ardoz, por ejemplo. Los vecinos de otras promociones han llevado a los fondos a los tribunales por las cl¨¢usulas abusivas de los nuevos contratos, y en la mayor¨ªa de los casos han triunfado.

En el caso de Carabanchel, cuando comenzaron a llegar los incrementos en el alquiler e incluso notificaciones de desahucio, los inquilinos empezaron a autoorganizarse y emprendieron la batalla por todas las v¨ªas posibles, incluida la penal, que es la que no les ha dado la raz¨®n. En estos a?os han visto c¨®mo el Tribunal de Cuentas les daba la raz¨®n para luego quit¨¢rsela. Tambi¨¦n sacaron adelante el proceso que hoy ha concluido con la absoluci¨®n de los responsables de la operaci¨®n. Pero tambi¨¦n les dio una alegr¨ªa a algunos de ellos.

Un total de 41 afectados emprendieron acciones legales tambi¨¦n por la v¨ªa civil, para que se reconociera su derecho a comprar las casas en las que viv¨ªan. A finales del a?o pasado, la Audiencia Provincial reconoci¨® que se hab¨ªan vulnerado sus derechos y que pod¨ªan ejercer este derecho al mismo precio que lo hab¨ªa hecho el fono, muy por debajo del valor de mercado. Algunos de ellos van a poder comprar sus casas por 60.000 euros.

En el juicio penal lleg¨® a declarar como testigo la exalcaldesa, quien defendi¨® en todo momento ¡°el fin social¡± de vender estos pisos para garantizar la sostenibilidad de la empresa municipal de vivienda. ¡°Gracias al plan de viabilidad aprobado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, sigue existiendo y no hubo que despedir a ninguno de sus 400 trabajadores¡±, asegur¨® Botella.

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