Los cinco secundarios del PP que no se libran del ¡®caso P¨²nica¡¯

La decisi¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de solicitar el archivo de la causa abierta contra los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio Gonz¨¢lez por la presunta caja b del PP regional investigada en el caso P¨²nica desv¨ªa el foco hacia las cinco personas del c¨ªrculo m¨¢s cercano de ambos exdirigentes regionales para los que s¨ª ha pedido el procesamiento. As¨ª, junto a Francisco Granados y Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, dos hombres de la m¨¢xima confianza de Aguirre que ocuparon respectivamente los cargos de secretario general y gerente de los populares madrile?os, Anticorrupci¨®n ha pedido juzgar a los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola, y a Isabel Gallego, ex jefa de prensa de los expresidentes madrile?os. La decisi¨®n de que finalmente estos cinco actores secundarios se conviertan en los principales encausados por la presunta financiaci¨®n irregular de los populares est¨¢ en manos del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de esta macrocausa de corrupci¨®n.

En su informe, la Fiscal¨ªa concluye que la investigaci¨®n no ha acreditado la implicaci¨®n de Aguirre en las ¡°irregularidades¡± del PP de Madrid cuando ella dirig¨ªa el partido y era la presidenta regional. En el caso de su sucesor en el cargo, el documento cree que s¨ª pudo cometerlas para financiar la campa?a electoral a las auton¨®micas y municipales de 2007, pero que, por el tiempo transcurrido, los posibles delitos cometidos estar¨ªan prescritos. A Gonz¨¢lez, sin embargo, le queda un largo periplo judicial en otra causa de corrupci¨®n, el caso Lezo. Tras renunciar a sentar a ambos expresidentes en el banquillo, Anticorrupci¨®n pone el foco en Granados, presunto cabecilla de la trama y cuyas cuentas en Suiza permitieron iniciar las pesquisas que desembocaron en el caso P¨²nica. Condenado en firme a dos a?os de c¨¢rcel en una de las piezas del sumario, a¨²n debe enfrentarse a graves acusaciones en otras en las que est¨¢ dividida la macrocausa. En una, la relacionada con el supuesto ama?o de contratos p¨²blicos para celebrar festejos en municipios gobernados por el PP, se enfrenta a una petici¨®n de seis a?os por dos delitos de fraude en la contrataci¨®n. En el caso de la caja b, la Fiscal¨ªa plantea juzgarle por un delito electoral, otro de cohecho y un tercero de tr¨¢fico de influencias.

Anticorrupci¨®n se?ala a Granados en su extenso informe como la persona clave de la supuesta trama de financiaci¨®n a trav¨¦s de la que se canalizaba ¡°la principal fuente irregular de captaci¨®n de recursos¡± del PP: las supuestas donaciones en met¨¢lico que hac¨ªan empresarios. ¡°Una vez entregadas, ¨¦l mismo [Granados] registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuant¨ªa que reten¨ªa para s¨ª o para terceras personas ajenas al partido, y el resto lo hac¨ªa llegar al gerente del Partido Popular [Beltr¨¢n Guti¨¦rrez]¡±, describe el documento en el que se apunta que, solo en 2007, los populares recibieron por este sistema m¨¢s de un mill¨®n de euros. Fue, precisamente, el hallazgo de esa libreta negra ¨Dy la colaboraci¨®n del constructor David Marjaliza para desentra?ar el significado de iniciales y cifras que aparec¨ªan¨D lo que permiti¨® iniciar las pesquisas sobre la caja b.

Para la Fiscal¨ªa esta es, sin embargo, solo una de las patas de la presunta implicaci¨®n de Granados en la trama de financiaci¨®n de su partido. Tambi¨¦n considera que el exconsejero fue la persona ¡°clave¡± que introdujo al experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro en el PP de Madrid para que hiciera los trabajos de reputaci¨®n en internet para cargos de partido que fueron pagados ilegalmente con fondos p¨²blicos. Esos trabajos consist¨ªan en inundar la red de noticias positivas de la personalidad mediante perfiles falsos en redes sociales y diarios digitales zombies para desplazar las informaciones negativas de los primeros lugares de los buscadores y, as¨ª, evitar que se accediera a ellas f¨¢cilmente. ¡°En tal contexto constan indicios de que, como ¡®pago¡¯ por tal ayuda [para introducirle en el PP de Madrid] Alejandro de Pedro posteriormente realiz¨® trabajos para el mismo [Granados] sin cobrar¡±, a?ade.

Sobre Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, Anticorrupci¨®n destaca que en el registro de su domicilio se intervino un pendrive que conten¨ªa datos relevantes sobre las supuestas irregularidades cometidas por el partido en el pago de ¡°los gastos derivados de lo que se denomina precampa?a electoral del PP de Madrid del a?o 2011 y de la campa?a electoral de ese mismo a?o [que permitieron ganar a Aguirre de nuevo por mayor¨ªa absoluta]¡±, las ¨²nicas que la Fiscal¨ªa considera que pueden ser juzgadas, ya que concluye que los delitos que se hubieran perpetrado en las de las elecciones de 2007 y 2008 estar¨ªan prescritos. Anticorrupci¨®n cree que Beltr¨¢n, del que destaca su relaci¨®n de ¡°plena confianza¡± con Aguirre, conoc¨ªa que el PP hab¨ªa sobrepasado el gasto m¨¢ximo legal y que, pese a ello, present¨® una contabilidad supuestamente falseada ante la C¨¢mara de Cuentas. En su caso, plantea procesarlo por un ¨²nico delito, el de falsedad electoral.

Anticorrupci¨®n tambi¨¦n acusa de supuestas irregularidades en aquella campa?a electoral a Borja Sarasola, quien desde 2008 ocup¨® puestos de responsabilidad en el PP madrile?o y, m¨¢s tarde, en el Gobierno regional, donde fue jefe de gabinete de Aguirre y, despu¨¦s, consejero con Gonz¨¢lez. La Fiscal¨ªa destaca que durante la campa?a de 2011 el exconsejero ocupaba el puesto de ¡°responsable de movilizaci¨®n territorial¡± del PP y que, como tal, mantuvo diversas reuniones con responsables de El Laboratorio de Almagro, una de las empresas presuntamente implicadas. La investigaci¨®n apunta a que el Gobierno de Aguirre adjudic¨® a esta mercantil ¨Den alg¨²n caso con la supuesta intervenci¨®n directa del consejero¨D contratos p¨²blicos que escond¨ªan el pago de parte de los trabajos para el partido. A Sarasola el informe tambi¨¦n lo se?ala por las supuestas irregularidades en el pago de los trabajos para mejorar la imagen en internet de dirigentes del PP. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, existen indicios de que tuvo conocimiento ¡°de los trabajos [de reputaci¨®n online] encargados tanto para Esperanza Aguirre como para Ignacio Gonz¨¢lez de los cuales fue conocedor y dio su visto bueno, como para ¨¦l mismo¡±. Por todo ello, plantea juzgarlo por prevaricaci¨®n continuada, tr¨¢fico de influencias y malversaci¨®n.

Esos trabajos de reputaci¨®n son los que salpican al tambi¨¦n exconsejero Salvador Victoria, quien fue persona de confianza de Ignacio Gonz¨¢lez. Anticorrupci¨®n destaca el cruce de llamadas telef¨®nicas que Victoria mantuvo con De Pedro cuando este ten¨ªa ya el tel¨¦fono intervenido por orden judicial. Del contenido de esas conversaciones, el informe concluye que el entonces consejero presuntamente gestion¨® los pagos irregulares a trav¨¦s de dos organismos p¨²blicos en los que ¨¦l ocupaba cargos directivos ¨Dla agencia de inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid, ICM, y el Canal de Isabel II¨D y de la empresa Indra, contratista del ejecutivo regional. Por todo ello, la Fiscal¨ªa considera que ¡°existen indicios razonables para afirmar que [Victoria] fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador¡± de esta actividad de la trama, por lo que plantea juzgarlo por cohecho y prevaricaci¨®n.

El quinto personaje se?alado es Isabel Gallego, la que fuera directora general de Medios Comunicaci¨®n del Gobierno regional. La Fiscal¨ªa considera que hay ¡°pruebas directas e indicios¡± de que era ¡°perfecta conocedora de que los trabajos para mejorar la reputaci¨®n en internet para altos cargos de la Comunidad de Madrid se hicieron sin la existencia de un contrato formal¡± y que ¡°el m¨¦todo de pago se encubr¨ªa a trav¨¦s, tanto de contrataci¨®n ficticia, como reclamando a empresas adjudicatarias de contratos p¨²blicos de la Comunidad de Madrid para que ¡®colaborasen¡¯ abonando gastos¡±. El informe lo sustenta en el cruce de correos electr¨®nicos y llamadas telef¨®nicas que Gallego mantuvo con De Pedro, con el que tambi¨¦n se reuni¨® fuera del despacho oficial. La Fiscal¨ªa pide que se le procese por prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y malversaci¨®n.