Ni?os, mayores discapacitados y mujeres maltratadas: los rostros desalojados del edificio La Dignidad
Cerca de 50 personas han sido desahuciadas a la fuerza el lunes del bloque donde viv¨ªan en M¨®stoles, un edificio comprado a precio de ganga por un fondo de inversi¨®n con sede en Miami


El domingo pasaron la noche en vela. Sus hijos en casa de alguna amiga, sus pocos muebles bloqueando una puerta endeble. Amanecieron mirando al extremo final del pasillo con miedo. Hasta que escucharon el ruido de la batalla final: la polic¨ªa acerc¨¢ndose al rellano. Cerca de 50 personas, 18 de ellas ni?os y ni?as, fueron desalojadas a la fuerza de los pisos donde viv¨ªan en M¨®stoles. Mayores con discapacidad, mujeres maltratadas, otras con trastornos psiqui¨¢tricos, enfermos cr¨®nicos. Del otro lado, la fuerza de la ley, ejecutando una orden judicial que amparaba a un fondo de inversi¨®n con sede en Miami. El derecho a una vivienda frente al derecho a la propiedad. La puerta cruji¨®. Documentaci¨®n. Saliendo. Maletas a rastras, mochilas al hombro, bastones, colchones ortop¨¦dicos. Todos fuera.
El edificio desalojado se llama La Dignidad y ellos son sus ¨²ltimos habitantes. El rostro de la nueva era de los desahucios, la imagen que a Espa?a le ha costado tanto sacudirse despu¨¦s del desastre de la burbuja inmobiliaria ¡ªel a?o pasado se practicaron en Espa?a 38.266 desalojos, 104 al d¨ªa, seg¨²n cifras del CGPJ¡ª. En este caso, no son familias que no pueden pagar una hipoteca, son familias que ni siquiera podr¨¢n acceder a una. La cantidad de edificios vac¨ªos cuyas promotoras se declararon en quiebra hace 15 a?os, rescatadas por la Sareb (el banco malo p¨²blico) y despu¨¦s, vendidos a precio de ganga a fondos de inversi¨®n como este, Midtown Capital Partners S.L., fueron estos a?os ocupados por personas como Patxi, Mar¨ªa Antonia, Charo o Betty. Familias tragadas por el c¨ªrculo vicioso de la miseria: no pueden acceder a una vivienda p¨²blica ni al alquiler social porque residen en una de forma ilegal; residen en una de forma ilegal porque son pobres.

El edificio de la calle Carcavilla, 2 bis, lo adquiri¨® esta firma con sede en Miami en agosto de 2022 en una subasta de la Sareb en la que no hubo m¨¢s pujas ¡ªsolo la Sareb, que debe pujar de forma obligatoria en este tipo de subastas concursales, y la firma que mejor¨® la oferta¡ª, confirman desde el organismo. El precio de la operaci¨®n rond¨® los 2,5 millones de euros, seg¨²n fuentes cercanas al proceso. Aunque el d¨ªa que se firm¨® la compra, ese edificio ya costaba mucho m¨¢s en el mercado. Este peri¨®dico ha contactado con los abogados de la compa?¨ªa, que han recibido instrucciones de no dar ning¨²n tipo de declaraci¨®n: ¡°Est¨¢ judicializado. No haremos ning¨²n comentario¡±. En su web describen su aterrizaje en Espa?a en 2017 como ¡°una operaci¨®n centrada en la gesti¨®n de carteras de inversi¨®n de valor agregado y oportunistas, aprovechando las condiciones del mercado local y brindando rendimientos de inversi¨®n en moneda extranjera a nuestros inversores¡±. La Sareb asegura que es la ¨²nica operaci¨®n que han manejado con Midtown.
El Juzgado n¨²mero 1 de M¨®stoles puso fecha para el desalojo: el 17 de julio. Los activistas de la plataforma Stop Desahucios M¨®stoles, que han acompa?ado a los residentes, denuncian que el juez no tuvo en cuenta los informes de vulnerabilidad. ¡°Tampoco ha tenido en cuenta la sentencia 1797/2017 del Tribunal Supremo que dicta que antes de proceder a un desahucio hay que tener en cuenta la protecci¨®n superior de los menores. Tampoco ha cumplido con el decreto 5/2023 vigente hasta 31 diciembre, que indica que no se puede desahuciar a personas vulnerables sin alternativa. Y, por ¨²ltimo, tampoco admiti¨® las resoluciones de Naciones Unidas que ped¨ªan al Estado espa?ol que se suspendiera este desahucio hasta que hubiera alternativa habitacional¡±, enumera su portavoz, Jos¨¦ Mar¨ªa Torralbo. ¡°Las familias agotaron todos los recursos jur¨ªdicos a su alcance para impedirlo¡±, insiste. Todas hab¨ªan tramitado alg¨²n tipo de ayuda para acceder a una vivienda, sin obtener respuesta.
Este mismo mi¨¦rcoles, el Tribunal Supremo anulaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que autoriz¨® el desahucio de una familia vulnerable con dos menores de edad en el barrio de San Blas al considerar que no se comprob¨® ¡°de forma previa y fehaciente las medidas de cautela necesarias para asegurar la debida protecci¨®n de dichos menores¡±, seg¨²n la sentencia obtenida por Europa Press.
La plataforma carga tambi¨¦n contra el Ayuntamiento, del PP, y su ¨¢rea de Servicios Sociales y la Comunidad de Madrid. ¡°El Ayuntamiento de M¨®stoles ha incumplido las propias mociones que fueron aprobadas en Pleno municipal: una en 2016 donde se aprobaba que a estas familias se les buscar¨ªa una alternativa y otra de 2019 que aprobaba que cuando hubiera resoluciones de Naciones Unidas [las consiguieron para este caso], el Ayuntamiento buscar¨ªa alternativas habitacionales temporales para las familias y la Comunidad otras definitivas. Evidentemente, no se ha cumplido¡±, insiste Torralbo. La opci¨®n que les brindaron a los residentes era un albergue para personas sin hogar, de 24 horas, que implicaba separar hombres, mujeres y ni?os. Adem¨¢s de obligarlos a trasladarse a Laguna o a Pac¨ªfico, en Madrid, lejos de M¨®stoles, de su m¨¦dico de cabecera, del colegio de sus hijos y lejos entre ellos. La primera noche muchos la pasaron ah¨ª. Ahora llevan ya 48 horas en la calle.
Por su parte, el Ayuntamiento, gobernado por el PP tras las elecciones de mayo, explica a EL PA?S otras ayudas que han ofrecido a los afectados seg¨²n cada caso particular. Las propuestas iban desde una ayuda econ¨®mica para el alquiler (no especifican la cuant¨ªa ni las condiciones), alojamiento urgente (en albergues separados hombres y mujeres o en una pensi¨®n, seg¨²n el caso), hasta la ayuda para la tramitaci¨®n del Ingreso M¨ªnimo Vital (que la mayor¨ªa ya cobran), comedor municipal y la aplicaci¨®n a un proyecto llamado No Second Night para las mujeres sin hogar. La mayor¨ªa no se han acogido a estas opciones, solo dos familias han aceptado. Torralbo explica por qu¨¦: ¡°Las familias ni siquiera han escuchado nada sobre ese proyecto, y sobre el alquiler, solo lo plantearon dos meses, ?luego qu¨¦? Adem¨¢s este es un falso recurso porque nadie alquila una habitaci¨®n a una familia vulnerable que no puede garantizar el pago sostenido¡±.
Cuando no sab¨ªan a d¨®nde acudir, iban a La Dignidad. Ah¨ª enviaba de manera informal la Cruz Roja a los m¨¢s desamparados, lo mencionaban algunos trabajadores sociales, en las parroquias. El edificio se convirti¨® en la ¨²nica alternativa posible para los que no ten¨ªan otra opci¨®n, mientras esperaban una respuesta de la administraci¨®n. ¡°Muchos ven¨ªan de forma temporal, cuando encontraban una soluci¨®n de vivienda, se iban y dejaban hueco para otra familia¡±, explica Torralbo. ¡°En total han pasado por este edificio 54 familias. Podr¨ªamos decir que este edificio ha estado haciendo labores que le hubieran correspondido a la administraci¨®n p¨²blica¡±, resume.
La maldici¨®n de Patxi y Mar¨ªa Antonia
Francisco Saz, m¨¢s conocido como Patxi (60 a?os) y Mar¨ªa Antonia Garc¨ªa (63), parecen tener una maldici¨®n. Con la misma voracidad con la que el flujo sangu¨ªneo se seca en la pierna izquierda de ¨¦l, se insuflan los tobillos de Mar¨ªa Antonia. Patxi tiene una discapacidad del 65%, sufri¨® un ictus en 2018, padece de diabetes y lleva la pierna izquierda vendada de rodilla para abajo por dos ¨²lceras que ¡°tienen mala pinta¡±. Los m¨¦dicos no le dan buenas noticias y sospecha que alg¨²n d¨ªa tendr¨¢n que amput¨¢rsela. Se apoya en su bast¨®n para caminar y sentarse cuando los calambres sacuden hasta la cadera. Este mi¨¦rcoles cuentan su historia con la mirada perdida en el patio de un solar a 40 grados a la sombra. ¡°Tenemos que empezar de cero¡±.
Se conocieron por internet hace 20 a?os. ¡°Pero por los chats de antes, el de MSN¡±, explica Mar¨ªa Antonia, que habla de la prehistoria del Tinder. ?l es de Teruel, aunque vivi¨® en Zaragoza la mayor parte de su vida; ella, de Madrid. Estuvieron un tiempo vi¨¦ndose los fines de semana, hasta que ¨¦l decidi¨® mudarse por ella a la capital y buscar trabajo de lo suyo, ¡°electricista, aunque tengo el FP superior de Electr¨®nica Industrial¡±. Ella era auxiliar administrativo. Los dos se quedaron en paro, ¨¦l en 2010. Despu¨¦s, ella se enferm¨® y le colocaron una v¨¢lvula en el coraz¨®n, que le dej¨® una cicatriz que asoma por su pecho entre la blusa de flores. No consigui¨® sacarse la oposici¨®n y trabaj¨® hasta que pudo de lo que iba saliendo. Tiene una discapacidad del 36%: osteoporosis, hipotiroidismo y depresi¨®n, adem¨¢s de su cardiopat¨ªa, cuenta.
Patxi cobra la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n, 480 euros al mes, y con eso viven los dos desde hace un tiempo. ¡°Pero con eso no se vive¡±, insisten. En 2015 tuvieron que abandonar el piso que alquilaban en Prosperidad porque no pod¨ªan pagarlo. Entonces conocieron a gente de la PAH de Ciudad Lineal que les habl¨® de La Dignidad en M¨®stoles. Entraron en el 4?D, un piso de dos habitaciones pelado: sin grifos, ni cocina, ni pila. Y ah¨ª han construido su hogar desde hace ocho a?os, mientras esperan una respuesta de las instituciones a sus peticiones de vivienda p¨²blica o ayuda para el alquiler. Este lunes, tuvieron que abandonar todo, incluso los muebles que hab¨ªan heredado de la madre de Mar¨ªa Antonia. Y solo pudieron rescatar lo m¨¢s importante: sus papeles, que acreditan su situaci¨®n m¨¦dica, sus tr¨¢mites para conseguir alguna ayuda social y un colch¨®n el¨¦ctrico que le salva de los problemas de circulaci¨®n a Mar¨ªa Antonia. Este mi¨¦rcoles siente que las rodillas y los tobillos le van a estallar. ¡°No pienso separarme de ¨¦l¡±, dice ella. ¡°Hasta la polic¨ªa que nos ech¨® sabe que no tenemos otra alternativa que volver a okupar. Y te aseguro que no es lo que queremos, es a lo que nos obligan¡±, resume ¨¦l.
Betty: Una orden de alejamiento y en la calle
A Betty Osazeme (de 42 a?os) Espa?a no se lo puso nunca f¨¢cil. Primero, cuando ten¨ªa 16 fue enga?ada por unas mafias de su pa¨ªs, Nigeria, que le dijeron que si alg¨²n d¨ªa quer¨ªa tener la vida que ellos ten¨ªan, deb¨ªa viajar a Europa. Y lo hizo. Recorri¨® un continente, cruz¨® el Mediterr¨¢neo y, en resumen ¡ªporque cuando se refiere a esta parte de su vida todav¨ªa le tiembla la voz y se asfixia¡ª, acab¨® en una carretera en la Casa de Campo en 2003. ¡°Una trabajadora social me pregunt¨® que por qu¨¦ no aceptaba que hab¨ªa sido prostituta, que hab¨ªa ayudas para m¨ª en ese caso de una fundaci¨®n. Pero es que yo no fui prostituta¡±, cuenta aferr¨¢ndose a lo ¨²nico que este mi¨¦rcoles a¨²n no le han arrebatado, que lleva el nombre del edificio desalojado. ¡°Me secuestraron y me obligaron a prostituirme en clubes de toda Espa?a, M¨¢laga, Vigo, Ourense, Tarrasa, Almer¨ªa...¡±, recita, sabe que se le est¨¢ escapando alguno. ¡°Si no ganaba dinero, me apaleaban¡±, muestra las cicatrices en las piernas y en los brazos. ¡°S¨ª, esto tambi¨¦n pasa en Espa?a¡±, remata.
Betty tiene cuatro hijos (de 16, 13, 10 y 7 a?os) con un hombre que lleva seis a?os en la c¨¢rcel. Entr¨® por tr¨¢fico de drogas, no por la cantidad de veces que le dijo que la iba a matar como se fuera con otro. En 2021, un d¨ªa que estaba de permiso, los visit¨® en su casa, y mientras todos dorm¨ªan, viol¨® a su hija, que entonces ten¨ªa 10 a?os. Betty la llev¨® a un hospital y luego a la comisar¨ªa. Pusieron una denuncia y su pareja fue condenado y tiene una orden de alejamiento. Fue la primera vez en mucho tiempo que Betty sinti¨® lo que era la tranquilidad, el peque?o de sus hijos naci¨® con leucemia. Ten¨ªa su casa en La Dignidad, desde 2017, y a sus cuatro ni?os con ella a salvo.
Todo estall¨® el lunes. Ella estaba sola, asustada, sus hijos se quedaron con una amiga, y ah¨ª siguen estos d¨ªas porque despu¨¦s de todo se niega a que los env¨ªen a una casa de acogida. Y ninguna de las opciones que le da la administraci¨®n incluyen un hogar los cinco. Le han ofrecido una ayuda de alquiler por un mes. Ella cobra desde hace un mes la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n, 480 euros. ¡°Y luego, ?qu¨¦? ?Y qui¨¦n va a querer alquilar una vivienda a una mujer y cuatro ni?os sin contrato fijo?¡±. Esa ma?ana no esper¨® a que los agentes tiraran la puerta abajo. Les abri¨® ella misma.
Charo: ¡°No quiero ser una carga para mi hijo¡±
Charo Mart¨ªnez tiene 55 a?os y es de Bilbao. Tiene la espalda partida de doblarla limpiando casas desde muy joven. Siempre trabaj¨® como interna o cuidando ancianos dependientes. Cuando se murieron los ¨²ltimos, que padec¨ªan alzh¨¦imer, acab¨® doblando la espalda en otro sitio: los cubos de basura. Lo cuenta sin verg¨¹enza. Tiene dos hijos, una de 29 a?os y otro de 25 que no se separa de ella. El padre de ellos, ¡°en paradero desconocido¡±, bromea. El peque?o, ?scar, que la acompa?a este mi¨¦rcoles, ha conseguido un contrato de formaci¨®n como jardinero en el Ayuntamiento de M¨®stoles ¡ªpor nueve meses, hasta septiembre¡ª y con ese sueldo de algo m¨¢s de 1.000 euros han conseguido vivir por primera vez bien desde hace mucho tiempo. ¡°Pero yo no puedo seguir dependiendo de ¨¦l. No quiero ser una carga para mi hijo, solo tengo 55 a?os¡±, cuenta Charo.
Le diagnosticaron fibromialgia, adem¨¢s de un trastorno de personalidad, fatiga cr¨®nica y sufre depresi¨®n, como la mayor¨ªa de los que este lunes se han quedado en la calle. Ha pedido ayudas para la vivienda desde hace m¨¢s de 10 a?os, pero los tr¨¢mites se retrasaban y otros se anulaban. Despu¨¦s de peregrinar en distintas oficinas p¨²blicas, parroquias, lleg¨® a la Cruz Roja en 2016 y de ah¨ª le recomendaron La Dignidad. ¡°Como pude me hice con un fregadero, con un trozo de encimera¡±, cuenta. ¡°Yo nunca quise vivir as¨ª, nunca est¨¢s segura del todo. Pero es que no nos quedaba otra opci¨®n¡±, insiste.
La noche que los echaron del piso durmieron frente a los juzgados. ¡°He dormido en el mismo parque que limpio¡±, recuerda Charo que lamentaba su hijo. ¡°Me da igual que nos llamen okupas. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Si me hubiera ayudado alguien, no estar¨ªamos as¨ª. Durante una reuni¨®n con el ¨¢rea de Servicios Sociales, Charo, desesperada ante la falta de alternativas viables a su situaci¨®n les planteaba: ¡°?Qu¨¦ hago, me mato?¡±. ¡°Es una opci¨®n¡±, le respondieron, pensando que estaba de broma. Se pone muy seria y clava la mirada: ¡°Es que no es broma. Lo pienso realmente todos los d¨ªas¡±.
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