Los gobiernos de S¨¢nchez y Ayuso logran un acuerdo que evita que el Constitucional dirima su choque por la ley de presupuestos de Madrid

El Gobierno de Espa?a, que preside Pedro S¨¢nchez, y el de la Comunidad de Madrid, que lidera Isabel D¨ªaz Ayuso, han llegado a un acuerdo que evitar¨¢ que se vean las caras en el Tribunal Constitucional (TC) a cuenta de un art¨ªculo de la ley de presupuestos auton¨®mica, seg¨²n confirman a EL PA?S portavoces de las dos administraciones. De esta manera, las dos instituciones regatean la creaci¨®n de un nuevo foco en el conflicto continuo que mantienen, y que vivi¨® el martes su ¨²ltimo cap¨ªtulo, cuando se conoci¨® que el ejecutivo central ha llevado al TC aspectos concretos de dos normas auton¨®micas aprobadas en diciembre de 2023: la de la ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n, conocida como ley trans, y la de la ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminaci¨®n por raz¨®n de orientaci¨®n e identidad sexual. De esta manera, culmina con ¨¦xito la negociaci¨®n abierta en abril en la comisi¨®n bilateral alrededor de un art¨ªculo de los presupuestos considerado ¡°irregular¡± por la administraci¨®n central, ya que mencionaba el ya extinto ¡°contrato por obra y servicio¡±.

Aunque ninguna de las dos partes ha precisado cu¨¢l es la soluci¨®n que ha evitado que el Estado acuda al Constitucional, lo previsible es que el gobierno madrile?o haya retirado o matizado la referencia que provoc¨® el conflicto.

El nuevo encontronazo entre las dos Administraciones, que viven de choque en choque desde que D¨ªaz Ayuso lleg¨® al poder por primera vez, en agosto de 2019, tiene su origen en el Ministerio de Trabajo y Econom¨ªa Social. Durante la habitual revisi¨®n de la normativa aprobada, el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda D¨ªaz detect¨® un punto de los presupuestos auton¨®micos que consider¨® irregular, y as¨ª se lo transmiti¨® al Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica, encargado de las relaciones con las Comunidades Aut¨®nomas.

As¨ª, el art¨ªculo 37 de los presupuestos regionales menciona las ¡°contrataciones de personal de car¨¢cter temporal para la realizaci¨®n de obras o servicios¡±, pese a que la reforma laboral de 2021 propici¨® la desaparici¨®n de este tipo de contratos.

¡°Este art¨ªculo no se ajusta a la legislaci¨®n laboral, ya que el Estatuto de los Trabajadores (ET) no permite la celebraci¨®n de contratos por obra o servicio, y circunscribe los contratos temporales a dos supuestos muy espec¨ªficos (circunstancias de la producci¨®n o sustituci¨®n de persona trabajadora)¡±, argumenta el informe del Ministerio, que adelant¨® eldiario.es antes de que el Gobierno decidiera tomar cartas en el asunto. ¡°Por tanto, el legislador auton¨®mico estar¨ªa intentando introducir una nueva modalidad de contrato de trabajo en la legislaci¨®n laboral, cuando el Estado es el ¨²nico que puede regular estas cuestiones. De ser as¨ª, la Comunidad de Madrid estar¨ªa incurriendo en una clara vulneraci¨®n del orden constitucional de distribuci¨®n de competencias¡±.

As¨ª resumi¨® el conflicto a este diario un portavoz del gobierno nacional cuando se abrieron las negociaciones: ¡°Hay dudas de compatibilidad del art¨ªculo 37 de los presupuestos de Madrid con el estatuto de los trabajadores que, tras la reforma causada por el RD 32/2021, reduce la posibilidad de celebrar contratos temporales a dos supuestos: circunstancias de la producci¨®n o por sustituci¨®n de persona trabajadora¡±.

El acuerdo supone un raro ejemplo de entendimiento entre dos administraciones que se han medido una quincena de veces en los tribunales desde que Ayuso accedi¨® al poder, en agosto de 2019.

Aunque la justicia ha dado la raz¨®n a Madrid en cuestiones como el IVA de diciembre de 2017, lo que procur¨® 300 millones extra a las arcas regionales; o cuando recurri¨® contra un decreto del Ejecutivo central que distribu¨ªa nueve millones de euros de los fondos europeos entre el Pa¨ªs Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana, tambi¨¦n ha rechazado sus pretensiones con respecto a asuntos clave como el curr¨ªculo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, que aval¨® el Constitucional.

Este mismo tribunal deber¨¢ resolver ahora el recurso de Madrid contra la ley de amnist¨ªa estatal, y el del Estado contra la ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n, conocida como ley trans, y la de la ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la discriminaci¨®n por raz¨®n de orientaci¨®n e identidad sexual.

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