Ayuso, tras la ampliaci¨®n de la investigaci¨®n a su pareja: ¡°Espa?a es un estado policial¡±

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, ha dicho este mi¨¦rcoles que ¡°Espa?a es un estado policial¡± en el que hay un ¡°abuso de las instituciones¡±, ¡°el sistema judicial no act¨²a independientemente¡±, y ¡°los derechos y libertades civiles est¨¢n restringidos¡±. Apenas unas horas despu¨¦s de que se conociera que la jueza que instruye el caso de su pareja, Alberto Gonz¨¢lez Amador, por la presunta comisi¨®n de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, abre una nueva pieza para investigar m¨¢s posibles delitos, la baronesa conservadora ha protagonizado una dura intervenci¨®n durante un acto organizado por El Confidencial. All¨ª, rodeada de micr¨®fonos y focos, D¨ªaz Ayuso ha hecho afirmaciones sin precedentes para poner en duda la democracia espa?ola, la independencia de los jueces, la neutralidad de las instituciones, y el papel del presidente Pedro S¨¢nchez, al que ha acusado de traer a Espa?a ¡°las pr¨¢cticas que han arrasado con la democracia en muchos pa¨ªses hispanoamericanos¡±, ¡°aconsejado¡±, ha subrayado sin nombrarle, por el expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

¡°Espa?a ya es un estado policial¡±, ha dicho D¨ªaz Ayuso. ¡°Hoy sabemos que el ministro del Interior nombrar¨¢ a dedo a los polic¨ªas que investiguen casos judicializados. Esto es, que no investigar¨¢n la corrupci¨®n que afecta a su gobierno, a S¨¢nchez, a Bego?a¡±, ha opinado. ¡°Televisi¨®n Espa?ola, desde hoy totalmente amordazada desde el control pol¨ªtico¡±, ha seguido en referencia al pacto mu?ido para cambiar la mayor¨ªa parlamentaria necesaria para renovar RTVE. ¡°La judicatura, la polic¨ªa, las grandes instituciones p¨²blicas est¨¢n tomadas por activistas pol¨ªticos¡±, ha seguido. Y sobre su pareja, Gonz¨¢lez Amador, ha dicho: ¡°Tambi¨¦n un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaraci¨®n de Hacienda, con escarnio, algo que es completamente ilegal por ser el novio de una adversaria pol¨ªtica. Esto es un estado policial. Eso lo es¡±.

Ese mensaje no ha sido fruto de la improvisaci¨®n, ni ha tenido nada de casual. Todo lo contrario. Ha sido preparado de antemano por la presidenta y su equipo. As¨ª lo demuestran que D¨ªaz Ayuso haya le¨ªdo su intervenci¨®n, y que su poderoso jefe de gabinete, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, se haya expresado casi al mismo tiempo en t¨¦rminos similares a trav¨¦s de un mensaje en la red social X (antiguo Twitter).

¡°Espa?a, estado policial¡±, ha escrito MAR, el acr¨®nimo con el que se conoce al exsecretario de Estado de comunicaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. ¡°Se violan los derechos civiles de un espa?ol [por Gonz¨¢lez Amador]: la de Hacienda [por la ministra Mar¨ªa Jos¨¦ Montero] dice que sacar¨¢ informaci¨®n reservada¡±, ha seguido. ¡°Amenazas a la Prensa¡±, detalla Rodr¨ªguez, que precisamente amenaz¨® con ¡°triturar¡± al digital eldiario.es por investigar el caso que afecta a la pareja de la presidenta, y luego distribuy¨® un bulo sobre dos informadores de EL PA?S. Y ha terminado: ¡°Dijo el fiscal General: ¡°tengo informaci¨®n de muchos pol¨ªticos que no voy a usar¡±. Brutal amenaza. Estado policial. Van p¨¢'lante!¡±.

Seg¨²n los investigadores de Hacienda, Gonz¨¢lez Amador declar¨® gastos que nunca tuvo su empresa por casi 1,8 millones de euros, lo que presuntamente le permiti¨® eludir el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.000 euros en 2021. Los abogados del empresario remitieron por correo electr¨®nico el pasado 2 de febrero a la Fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos una propuesta de conformidad donde, a cambio de aceptar los dos delitos fiscales y pagar una multa, le rebajar¨ªan la condena y evitar¨ªa la prisi¨®n. ¡°Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda P¨²blica¡±, escrib¨ªan los representantes de Gonz¨¢lez Amador en esa comunicaci¨®n. No obstante, las partes a¨²n no han ratificado ning¨²n tipo de acuerdo, y el juicio correspondiente no se ha celebrado a¨²n.

Tras abrirse una nueva pieza para investigar si Gonz¨¢lez Amador pudo cometer o no los delitos de administraci¨®n desleal y de corrupci¨®n en los negocios al presuntamente usar una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quir¨®n, D¨ªaz Ayuso ha hecho este mi¨¦rcoles una intervenci¨®n dur¨ªsima en la que tambi¨¦n ha mencionado a la judicatura.

¡°Recordemos que el Constitucional y muchos ¨®rganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno; recordemos el poder del ministro del Interior sobre la Polic¨ªa; recordemos el abuso de las instituciones¡±, ha dicho, para luego destacar enre las caracter¨ªsticas que a su juicio tiene un estado policial ¡°vigilancia extrema; usar tecnolog¨ªas para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos; represi¨®n pol¨ªtica: persecuci¨®n y castigo de disidentes y cr¨ªticos del gobierno y activistas; ausencia de derechos civiles restricciones significativas a la libertad de expresi¨®n, reuni¨®n y prensa; intervenci¨®n judicial limitada¡±.

Pero no se ha quedado ah¨ª. La presidenta de Madrid tambi¨¦n ha dicho que en esos casos, ¡°el sistema judicial no act¨²a de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno¡±.

Y ha rematado, provocando una largu¨ªsima ovaci¨®n entre el p¨²blico: ¡°Esto est¨¢ ocurriendo en Espa?a a 23 de octubre de 2024. yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado¡±.

Los hechos que ha considerado la jueza para ampliar la investigaci¨®n sobre Gonz¨¢lez Amador, seg¨²n el auto fechado este mi¨¦rcoles, se remiten al ejercicio fiscal de 2021, cuando el empresario comenz¨® a facturar con una nueva empresa propia sus negocios con su principal cliente, Quir¨®n Prevenci¨®n. Esa compa?¨ªa era Masterman & Whitaker, que Amador adquiri¨® en diciembre de 2020. Hasta entonces, el empresario se hab¨ªa valido de su sociedad Maxwell Cremona para esos servicios al gigante de la sanidad, que consist¨ªan en auditor¨ªas de los procesos de gesti¨®n. Masterman habr¨ªa operado como una sociedad pantalla, seg¨²n la inspecci¨®n de Hacienda, que calific¨® esa operaci¨®n de artificiosa, ya que esa empresa no ten¨ªa medios personales ni materiales para realizar esas auditor¨ªas. La jueza ha estimado que debe investigar si esta actividad podr¨ªa ser o no constitutiva de delitos de corrupci¨®n en los negocios y administraci¨®n desleal, tras un recurso de PSOE y M¨¢s Madrid.

La corrupci¨®n en los negocios se castiga en el art¨ªculo 286 bis del C¨®digo Penal con penas de entre seis meses a cuatro a?os, y la administraci¨®n desleal, del art¨ªculo 252 C¨®digo Penal, conlleva penas de prisi¨®n de seis meses a tres a?os