El acuerdo PSOE-Junts resulta inc¨®modo, no por la ley de Amnist¨ªa, sino por el relato que respalda
No se comprende bien por qu¨¦ es necesario que el Partido Socialista acepte que las reivindicaciones, no de los independentistas, sino de ¡°la sociedad catalana¡± en su conjunto ¡°tienen un profundo recorrido hist¨®rico¡±
Lo m¨¢s sorprendente del texto de acuerdo alcanzado este jueves por el Partido Socialista y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro S¨¢nchez es que no incluye el articulado de la famosa proposici¨®n de ley de Amnist¨ªa, cuyos aspectos t¨¦cnicos han sido, al parecer, el motivo de tanto retraso en la negociaci¨®n. La referencia a la futura ley de Amnist¨ªa, que sigue sin conocerse, ocupa 124 palabras del total de 1.525 que tiene el documento completo y se limita a decir que incluir¨¢, no solo a los ciudadanos que, vinculados a la consulta de 2014 y al refer¨¦ndum de 2017, han sido objeto de decisiones judiciales, sino tambi¨¦n a posibles casos de lawfare, es decir, situaciones en las que se haya instrumentalizado la justicia para limitar o inhabilitar a un oponente pol¨ªtico. Ya se ver¨¢ c¨®mo se llega a esa conclusi¨®n y en qu¨¦ casos.
El resto del texto del documento se ocupa fundamentalmente de analizar los ¡°antecedentes¡± y la ¡°oportunidad hist¨®rica¡±, con un relato extremadamente pol¨¦mico y en modo alguno obligado. Es en ese terreno estrictamente pol¨ªtico donde se plantean los mayores roces, aunque a lo largo de toda la negociaci¨®n los portavoces del PSOE han dado la impresi¨®n de no sentirse nada inc¨®modos en ese plano.
Sin embargo, no se comprende bien por qu¨¦ era necesario que el PSOE aceptara que las reivindicaciones y demandas, no de los independentistas catalanes, sino de ¡°la sociedad catalana¡± en su conjunto, ¡°tienen un profundo recorrido hist¨®rico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta (1716) abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya¡±. Dif¨ªcil aceptar que la sociedad catalana de 1716 se viera a s¨ª misma como una naci¨®n.
No era necesario tampoco que el PSOE aceptara plasmar una incoherencia tan evidente, como decir en un p¨¢rrafo que ¡°las instituciones catalanas promovieron un refer¨¦ndum de independencia el 1 de octubre de 2017 ¡ªsuspendido y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional¡ª con una participaci¨®n masiva en favor de la independencia de Catalunya¡± y, poco m¨¢s abajo, que el PSOE niega toda legalidad y validez a ese refer¨¦ndum y mantiene su rechazo a cualquier acci¨®n unilateral. Porque precisamente de lo que se trata es de que lo ocurrido el 1-O no puede ser reconocido como un refer¨¦ndum en ning¨²n caso, porque no cumpli¨® ninguna de las condiciones precisas para ello. Y lo primero de todo, que no hubo masiva participaci¨®n: solo el 42% de los posibles votantes.
No era necesario, asimismo, asegurar que los acuerdos a que se llegue en la futura negociaci¨®n pol¨ªtica deben responder, en exclusiva, a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalu?a, sin mencionar la obligaci¨®n de que respondan tambi¨¦n a las exigencias constitucionales (algo que se echa de menos en todo el documento). O relativizar la negativa a la negociaci¨®n de un concierto catal¨¢n ¡°a la vasca¡±, como exige Junts, diciendo que el PSOE ¡°apostar¨¢¡± por medidas que permitan la autonom¨ªa financiera.
Es dif¨ªcil moverse con comodidad en el texto del documento, no por su interpretaci¨®n de una futura ley de Amnist¨ªa que, en cualquier caso, seguramente ser¨¢ analizada en su momento por el Tribunal Constitucional, sino por los continuos sobresaltos que provoca el relato de lo ocurrido, los ¡°antecedentes¡± y la consideraci¨®n de ¡°oportunidad hist¨®rica¡± que se atribuyen los firmantes del acuerdo, un texto que obviamente no puede ser objeto de ning¨²n recurso, porque se trata de un acuerdo entre dos partidos. Es ah¨ª donde seguramente un sector de los militantes del PSOE se va a sentir emocionalmente m¨¢s tocado, aunque ese malestar no se traduzca en nada concreto, dada la brutalidad del mensaje de rechazo del Partido Popular y de la violencia extremista de que est¨¢n siendo objeto las sedes socialistas no solo en Madrid, sino en otros puntos de Espa?a. El acuerdo tendr¨¢ consecuencias a medio plazo buenas o malas, pero el gobierno que obtenga mayor¨ªa parlamentaria ser¨¢, sin discusi¨®n, perfectamente leg¨ªtimo. Probablemente ese sector prefiere pensar que buena parte del texto firmado por el PSOE responde a un ejercicio de necesidad que se ir¨¢ acomodando con el paso de los meses a pensar que responde realmente a la convicci¨®n de los dirigentes del PSOE de que est¨¢n frente a una aut¨¦ntica ocasi¨®n hist¨®rica para resolver el llamado ¡°problema catal¨¢n¡±.
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