As¨ª no se puede seguir. Necesitamos normas contra la corrupci¨®n

El St Antony¡¯s College de Oxford est¨¢ organizando una serie de seminarios sobre el populismo en Europa. Los directores son, algo que parecer¨ªa incre¨ªble en Espa?a, un parlamentario del Partido Laborista y otro del Partido Conservador y parten del convencimiento de que el populismo es una amenaza para la democracia. La historia la cuenta en la revista Prospect Peter Kellner, expresidente de YouGov, una firma internacional de an¨¢lisis de datos. Kellner analiza las ¨²ltimas encuestas sobre el voto populista, por ejemplo, las realizadas por el Instituto Tony Blair, y llega a la conclusi¨®n de que los votantes populistas tienen poco inter¨¦s en el tama?o del Estado o en c¨®mo derrocar el orden econ¨®mico: ¡°Quieren un gobierno competente y honesto, que eleve los niveles de vida, mantenga las calles seguras y proporcione escuelas y hospitales decentes¡±, explica.

El mensaje favorito de los partidos populistas de extrema derecha es que nada de eso se puede conseguir porque los inmigrantes est¨¢n inundando nuestros pa¨ªses. Los encuestados est¨¢n de acuerdo en su mayor¨ªa con este mensaje. Pero, seg¨²n Kellner, el resultado es muy distinto cuando se pregunta si se les deber¨ªa expulsar o impedir que los inmigrantes trabajen en los hospitales, en labores agr¨ªcolas, en la construcci¨®n, en las escuelas, como dependientes o camareros o como investigadores en las universidades. Entonces responden claramente que no se les debe expulsar.

As¨ª que se puede explicar a los ciudadanos que las pol¨ªticas de los partidos populistas ¡°son est¨²pidas y no funcionar¨¢n¡±, prosigue Kellner. ¡°El problema es que un mensaje de ese tipo s¨®lo es cre¨ªble si proviene de personas a las que los votantes respetan. Lamentablemente, eso se aplica a muy pocos pol¨ªticos tradicionales. Los partidos tradicionales necesitan, sobre todo, revivir su reputaci¨®n de honestidad y competencia. S¨®lo entonces podr¨¢n derrotar al populismo¡±.

Recuperar la reputaci¨®n de honestidad requiere que los ciudadanos tengan la percepci¨®n y el convencimiento de que esos pol¨ªticos luchan contra la corrupci¨®n y fomentan la transparencia. Y ah¨ª es donde aparece un problema serio en Espa?a. Seg¨²n los ¨²ltimos datos de Transparencia Internacional, una organizaci¨®n no gubernamental que promueve medidas contra cr¨ªmenes corporativos y corrupci¨®n pol¨ªtica, Espa?a ha bajado cuatro puntos en el ?ndice de Percepci¨®n de la Corrupci¨®n y se coloca en el puesto 16? entre los 27 pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y en el 46? en un total de 180 pa¨ªses analizados. Datos palmariamente malos.

La primera constataci¨®n en Espa?a es que la lucha contra la corrupci¨®n no es un punto de encuentro entre los partidos tradicionales, es decir, entre los que, de una forma u otra y hasta ahora, han encabezado la formaci¨®n de gobiernos y previsiblemente lo har¨¢n en los a?os pr¨®ximos. En Espa?a ser¨ªa imposible organizar un seminario dirigido conjuntamente por diputados del Partido Popular y del PSOE. Imposible, porque no se trata de un objetivo com¨²n, sino de uno de los principales instrumentos que unos y otros se tiran a la cabeza como herramientas de la lucha por el poder. El resultado de esa brutal instrumentaci¨®n es que Espa?a no dispone del marco normativo necesario para luchar contra la corrupci¨®n pol¨ªtica ni contra los cr¨ªmenes corporativos. El problema no es que en Espa?a haya m¨¢s corruptos que en Dinamarca, sino que en Dinamarca poseen desde hace a?os la legislaci¨®n necesaria y las pr¨¢cticas imprescindibles para prevenir, primero, y detectar r¨¢pidamente despu¨¦s esos posibles casos de corrupci¨®n pol¨ªtica y empresarial.

En Espa?a es escandaloso el retraso en la trasposici¨®n de las directrices europeas, y lo es porque nadie, ni en el PP ni en el PSOE, est¨¢ dispuesto a dejar de lado todas sus diferencias y todos sus inmediatos intereses electorales, y trabajar juntos para aumentar el nivel de confianza de los ciudadanos. Se busca que el ciudadano no conf¨ªe en ¡°el otro¡±, en lugar de encontrar el punto de encuentro que permita sanear el conjunto, tanto en el ¨¢mbito estatal como en el las comunidades aut¨®nomas (en dos de ellas, Baleares y Valencia, incluso se acaban de eliminar las agencias anticorrupci¨®n). Es cierto que el actual Gobierno dise?¨® un plan de transparencia con mejoras sustanciales, pero en realidad ese plan est¨¢ paralizado, zarandeado en la lucha pol¨ªtica electoral. La realidad es que a¨²n no se ha podido nombrar la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante. ?No hay en Espa?a ning¨²n candidato o candidata con suficiente prestigio para ocupar ese puesto, fundamental a la hora de conseguir informaci¨®n? As¨ª no se puede seguir.