La impunidad mat¨® a Gregorio Jim¨¦nez
Los delincuentes no ten¨ªan motivos para pensar que asesinar a este reportero local podr¨ªa tener consecuencias en el Estado mexicano de Veracruz
El gobierno mexicano tiene una fiscal¨ªa para perseguir delitos contra la libertad de expresi¨®n y un mecanismo de protecci¨®n de periodistas. A su vez, el gobierno del Estado de Veracruz tiene una Comisi¨®n Estatal para la Atenci¨®n y Protecci¨®n de Periodistas. Las tres oficinas son parte de un andamiaje legal para, supuestamente, garantizar el ejercicio de un periodismo libre de intimidaci¨®n.
Ninguna de las tres instancias pudo prevenir que Gregorio Jim¨¦nez de la Cruz, reportero de la nota policiaca de Notisur y Liberal del Sur, fuera secuestrado el 5 de febrero en Coatzacoalcos. Tampoco pudieron encontrar a sus captores o someterlos a una presi¨®n tal que los obligara a liberar con vida al periodista. De hecho sucedi¨® al rev¨¦s: los secuestradores asesinaron a Jim¨¦nez y arrojaron el cuerpo a una fosa, donde apareci¨® el 11 de febrero.
Luego del tr¨¢gico desenlace de un caso que cimbr¨® a periodistas mexicanos y captur¨® la atenci¨®n como pocos, queda claro que nada pudo haber salvado a Gregorio de la muerte. Su secuestro y asesinato fueron estimulados por la impunidad que prevaleci¨® en los 9 casos de periodistas asesinados y tres casos de desaparecidos en Veracruz desde 2010, durante la administraci¨®n del gobernador Javier Duarte, adem¨¢s de los cinco asesinatos durante el gobierno de Fidel Herrera.
La muerte de Gregorio Jim¨¦nez obliga a poner bajo la lupa las leyes e instancias gubernamentales creadas en los ¨²ltimos a?os para la protecci¨®n de periodistas y hacer un an¨¢lisis sobre su efectividad.
Queda claro que nada pudo haber salvado a Gregorio de la muerte
?Pudo el mecanismo de protecci¨®n de periodistas ayudar a Jim¨¦nez? ?Qu¨¦ tal la Fiscal¨ªa especializada de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, fiscal¨ªa)? ?Se benefici¨® el periodista asesinado de la reciente federalizaci¨®n de los delitos contra la libertad de expresi¨®n, tan presumida por legisladores y funcionarios? ?Sirvi¨® para algo la Comisi¨®n Estatal para la Atenci¨®n y Protecci¨®n de Periodistas de Veracruz creada por Duarte?
Si hacemos un recuento de los hechos, bajo la premisa de que en cualquier secuestro las primeras horas son las m¨¢s valiosas para entender la situaci¨®n y recabar pistas, veremos que Jim¨¦nez no ten¨ªa mucha probabilidad de salir con vida.
El 5 de febrero se report¨® su desaparici¨®n. Seg¨²n el gobierno de Veracruz, desde un principio se lanz¨® un operativo de b¨²squeda que incluy¨® a soldados, marinos y polic¨ªas federales y estatales, m¨¢s de mil personas en total. Pero el problema no es cu¨¢ntos lo estaban buscando, sino c¨®mo lo estaban buscando. No queda claro si se tomaron en cuenta pistas aportadas por los colegas de Jim¨¦nez sobre las notas que hab¨ªa publicado en las semanas previas, o si se hizo caso de la sospecha que apuntaba a la due?a de un bar, quien a final de cuentas fue detenida como presunta autora intelectual del crimen. Tampoco est¨¢ claro si Jim¨¦nez o los medios en que trabajaba hab¨ªan alertado a las autoridades de amenazas recibidas.
Parte del problema es que las herramientas legales que tienen los periodistas para buscar protecci¨®n est¨¢n condicionadas en amenazas previas, pero muchas de las agresiones (si no es que la mayor¨ªa) ocurren sin ning¨²n aviso.
Por eso acudir al Mecanismo de Protecci¨®n de Periodistas, lanzado por el gobierno mexicano en 2012, resultaba in¨²til luego del secuestro. Al mismo tiempo, la Comisi¨®n Estatal de Atenci¨®n y Protecci¨®n a Periodistas gast¨® saliva y tinta exigiendo encontrar al periodista pero fue incapaz de hacer nada m¨¢s, pues su misi¨®n es dar protecci¨®n a periodistas que la soliciten y a esas alturas Jim¨¦nez no estaba en posibilidad de solicitar nada.
Y mientras transcurr¨ªan las primeras, valios¨ªsimas, horas del secuestro la PGR, donde se present¨® una denuncia, a¨²n ¡°valoraba¡± si el crimen se trataba de un ataque a la libertad de expresi¨®n que hubiera justificado federalizar el delito. De hecho, parece que a¨²n est¨¢n ¡°valorando¡±.
El problema no es 'cu¨¢ntos' lo estaban buscando, sino 'c¨®mo' lo estaban buscando
Lo novedoso en el secuestro de Jim¨¦nez fue el operativo de b¨²squeda que se activ¨® y que contrastaba con la apat¨ªa mostrada por las autoridades en todos los casos anteriores. Pero la movilizaci¨®n de cientos de militares y polic¨ªas, provocada en buena medida por el grito de alarma que dieron periodistas y organizaciones no gubernamentales, no sirvi¨® para hacer presi¨®n sobre los secuestradores, para advertirles que el plagio del periodista era inaceptable, para amenazarlos con un castigo inminente por el crimen, y finalmente para disuadirlos de asesinar a Jim¨¦nez.
Los secuestradores y asesinos de Jim¨¦nez confiaron en que saldr¨ªan impunes pues ese hab¨ªa sido el resultado de anteriores cr¨ªmenes contra periodistas. La norma en Veracruz, y gran parte del pa¨ªs, es que las agresiones contra la prensa no se castigan. Los delincuentes no ten¨ªan motivos para pensar de otra manera, mucho menos para preocuparse.
En los ¨²ltimos a?os, he visto de cerca dos casos de secuestro para intimidar a medios de comunicaci¨®n en la Comarca Lagunera. Ambos se resolvieron de manera satisfactoria pero s¨®lo gracias a la presi¨®n ejercida por autoridades que respondieron inmediatamente a los llamados de ayuda.
El primero, en julio de 2010, involucr¨® a reporteros de Televisa y Milenio que cubr¨ªan un mot¨ªn de reos asociados al C¨¢rtel del Pac¨ªfico en el penal de G¨®mez Palacio, Durango. Un reportero y dos camar¨®grafos fueron secuestrados para obligar a sus medios a difundir videos de propaganda del c¨¢rtel. Televisa y Milenio se negaron a transmitir ese material en sus cadenas nacionales, pues aun sabiendo que el desaf¨ªo a la amenaza pon¨ªa en peligro la vida de los reporteros, seguir las instrucciones de criminales abrir¨ªa la puerta a un escenario aterrador para la prensa mexicana. Para mitigar el riesgo, empujaron al Gobierno Federal a rescatar a los tres secuestrados, lo que finalmente ocurri¨®
En ese entonces dirig¨ªa la redacci¨®n de El Siglo de Torre¨®n, y aunque el peri¨®dico se salv¨® de ser incluido en el plagio, vivimos la presi¨®n de sentir que en cualquier momento uno de nosotros pod¨ªa engrosar la cuenta de secuestrados.
Esperemos que la detenci¨®n de seis personas acusadas de este crimen sirva para disuadir a los que en un futuro piensen que todo se arregla matando al mensajero
Recordar esa experiencia fue muy ¨²til el a?o pasado cuando El Siglo de Torre¨®n enfrent¨® el secuestro de cinco trabajadores. A¨²n recuerdo esa noche de febrero, con el tel¨¦fono pegado a la oreja en llamadas con jefes militares y policiacos y funcionarios federales y de Coahuila que sumaban presi¨®n para que las v¨ªctimas fueran liberadas, lo cual ocurri¨® en unas horas. En los d¨ªas siguientes, m¨¢s de 40 personas fueron detenidas por su participaci¨®n en el secuestro o por v¨ªnculos con el grupo criminal que lo perpetr¨®. La respuesta sirvi¨®, sin duda, para que los medios de comunicaci¨®n en La Laguna lleven un a?o sin amenazas o agresiones del crimen organizado.
Los nueve homicidios, tres desapariciones y decenas de agresiones contra periodistas en Veracruz en los ¨²ltimos tres a?os nunca tuvieron una respuesta similar. Eso permiti¨® el secuestro y asesinato de Gregorio Jim¨¦nez. No hay Mecanismo de Protecci¨®n o Fiscal¨ªa Especializada a nivel federal que hubiera podido salvarlo. Tampoco una Comisi¨®n a nivel estatal hubiera podido hacer algo, pues el organismo que la prensa af¨ªn al gobernador Duarte pondera como ¡°innovadora¡± y ¡°contundente¡±, en la realidad se traduce como todo lo contrario: se echa mano del viejo recurso de crear una comisi¨®n para que parezca que algo se hace.
El caso de Gregorio Jim¨¦nez debe ser analizado bajo los criterios de todas las herramientas gubernamentales para la protecci¨®n de periodistas y hacer un an¨¢lisis honesto de si en realidad habr¨ªan funcionado. Mi sospecha, informada por haber vivido de cerca agresiones contra periodistas, es que no. S¨®lo la ausencia de impunidad habr¨ªa prevenido el crimen.
Esperemos que la detenci¨®n de seis personas acusadas de este crimen sirva para disuadir a los que en un futuro piensen que todo se arregla matando al mensajero.
Javier Garza Ramos, periodista, es exdirector de El Siglo de Torre¨®n
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