T¨¢chira, la vida en estado de excepci¨®n

Laidy G¨®mez es la candidata nominal a diputada de la opositora Mesa de Unidad Democr¨¢tica (MUD) en el circuito n¨²mero 1 del Estado de T¨¢chira, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hace algunos d¨ªas, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la retuvieron durante dos horas en un punto de control cerca de la poblaci¨®n de San Antonio. Requisaron su veh¨ªculo. Como llevaba unas muestras invalidadas del tarjet¨®n electoral para instruir a sus partidarios sobre c¨®mo votar en las elecciones, los efectivos militares le exigieron la factura de los impresos. "Les respond¨ª que c¨®mo me iban a pedir factura de un material educativo que reparte un organismo del Estado, el Consejo Nacional Electoral", cuenta Laidy G¨®mez durante un receso de una gira por la poblaci¨®n de Rubio, ciudad venezolana del Estado de T¨¢chira. Solo la presi¨®n de los ciudadanos que presenciaban la operaci¨®n, asegura, consigui¨® que la dejaran seguir.

T¨¢chira se encuentra en estado de excepci¨®n. Esta provincia del suroeste del pa¨ªs, colindante con el departamento colombiano de Norte de Santander, se ha ganado el castigo del Gobierno central de Caracas. En febrero de 2014 fue el epicentro de las protestas sociales, llamadas guarimbas, contra el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro que durante tres meses se extendieron a otras ciudades venezolanas y pusieron en jaque la gobernabilidad del pa¨ªs. Un movimiento que acab¨® con el l¨ªder opositor Leopoldo L¨®pez en la c¨¢rcel.

M¨¢s de un a?o despu¨¦s, el 21 de agosto de 2015, el presidente Maduro orden¨® suspender seis garant¨ªas constitucionales en cinco municipios de T¨¢chira. La orden, cuyos efectos se prolongar¨¢n hasta el 21 de diciembre, se dict¨® despu¨¦s de un ataque armado cerca de San Antonio que el Gobierno atribuy¨® a paramilitares, y en el que resultaron heridos de gravedad dos oficiales de la GNB. Tambi¨¦n se decret¨® el gobierno militar sobre la zona, todo con el prop¨®sito expl¨ªcito de combatir el llamado contrabando de extracci¨®n y el crimen organizado. Ahora los municipios de T¨¢chira fronterizos con Colombia constituyen la Zona Militar n¨²mero 1. Su jurisdicci¨®n coincide con la del circuito electoral n¨²mero 1. G¨®mez, la candidata de la oposici¨®n, enumera las plagas que trajo consigo la militarizaci¨®n de la zona: denuncias de pillaje durante allanamientos sin orden judicial, merma del 75% de la actividad comercial y un virtual toque de queda que nadie reconoce, pero que la tropa se encarga de hacer cumplir.

Cualquier reuni¨®n de m¨¢s de cinco personas debe obtener permiso de las autoridades militares. "En estos d¨ªas los soldados interrumpieron una fiesta de bodas en Rubio con la excusa de que no se hab¨ªa pedido permiso", cuenta la joven abogada, militante del partido Acci¨®n Democr¨¢tica (AD). Dice que no sabe qu¨¦ clase de escollos supondr¨¢ la medida para la campa?a electoral que arranc¨® de manera oficial el 13 de noviembre. "Hay mucha incertidumbre", admite.

Rubio, capital del municipio Jun¨ªn, es un pueblo adormilado en las faldas de la cordillera andina, de 80.000 habitantes, que alguna vez aloj¨® lo m¨¢s granado de la industria exportadora de caf¨¦. Hoy, los centenarios ingenios cafetaleros producen unos pocos quintales para el consumo dom¨¦stico, cuando no est¨¢n simplemente abandonados. El sector sucumbi¨® ante las masivas importaciones de caf¨¦ nicarag¨¹ense o brasile?o que hace el Gobierno, receloso de los productores privados.

Rubio no es necesariamente el punto m¨¢s caliente de la frontera, pero todav¨ªa as¨ª se encuentra bajo estado de excepci¨®n. Su alcalde es Yosbel Sandoval, un hombre fornido, parco y, aseguran sus colaboradores, cat¨®lico militante. De hecho, milita en el partido socialcristiano, Copei. Aunque dice haber recibido quejas de maltratos cometidos por las autoridades durante las redadas de la llamada Operaci¨®n para Liberar al Pueblo (OLP), prefiere ver el vaso medio lleno: al fin y al cabo a esas autoridades las ampara el estado de excepci¨®n. Con el coronel que comanda en la localidad ha logrado coordinar algunas actividades, entre ellas el desalojo de los comerciantes ambulantes del mercado municipal, una vieja aspiraci¨®n de los lugare?os. Pero eso s¨ª, a la hora de las cuentas electorales lamenta que con el cierre de fronteras se hayan quedado del lado colombiano 10.000 personas, calcula, con c¨¦dula venezolana y derecho a votar el 6 de diciembre. "Cuidado y al Gobierno no le sale el tiro por la culata", ironiza, "y ahora 10.000 chavistas disgustados votan en contra".

El malestar campea en la zona. Un taxista se queja de que antes hac¨ªa varios viajes al d¨ªa para llevar a pasajeros a San Antonio o Boca de Grita, puntos de cruce de la frontera. Ahora no lleva a nadie ni a comprar ni a trabajar en Colombia. A pesar del torniquete aplicado entre T¨¢chira y Norte de Santander, los productos de consumo b¨¢sico siguen sin aparecer. En cambio, la polic¨ªa sigue incautando mercanc¨ªa venezolana en la vecina ciudad colombiana de C¨²cuta.

"Mientras el tr¨¢fico de mercanc¨ªas contin¨²a, ahora se le agrega el tr¨¢fico de personas", dice el exdiputado Walter M¨¢rquez, que fue embajador del Gobierno de Ch¨¢vez en India. Pero desde que rompi¨® con la revoluci¨®n, se convirti¨® en uno de sus m¨¢s encarnizados cr¨ªticos. M¨¢rquez asegura que militares y funcionarios del Gobierno controlan el paso binacional por las veredas clandestinas, que franquean a cambio de sobornos. Ya denunci¨® ante la Fiscal¨ªa al presidente Maduro y otras autoridades por el decreto ¡ªilegal e innecesario, a su juicio¡ª de suspensi¨®n de garant¨ªas, y se apresta a hacer lo mismo, agotadas las instancias nacionales, ante la Corte Penal Internacional (CPI). "Estas medidas se tomaron para achacar a Colombia los problemas del pa¨ªs y limitar la actividad electoral de la oposici¨®n de cara a los comicios electorales", asegura, pero tambi¨¦n vaticina un bumer¨¢n pol¨ªtico: "Lo que le viene al Gobierno es un tsunami electoral en la zona fronteriza".