Una escuela de Misuri lleva la separaci¨®n entre Iglesia y Estado al Supremo de EE UU

Una mayor¨ªa de jueces del Tribunal Supremo se mostraron abiertos a dar la raz¨®n a una escuela religiosa que alega que el Estado de Misuri discrimin¨® en su contra al negarle acceso a fondos p¨²blicos para una reforma. El caso, uno de los m¨¢s importantes del curso judicial, revisar¨¢ la separaci¨®n entre Iglesia y Estado as¨ª como la financiaci¨®n de organizaciones religiosas con dinero de todos los contribuyentes. La audiencia de este mi¨¦rcoles cobr¨® a¨²n m¨¢s relevancia por la presencia del juez Gorsuch, designado por Donald Trump, y cuyo voto puede resultar decisivo.

El Supremo ha esperado m¨¢s de 15 meses para estudiar esta demanda, hasta que fue confirmado el juez Gorsuch. La corte quer¨ªa evitar que una demanda de tal relevancia pudiera resultar en un empate, como ocurri¨® en casos importantes del curso pasado, cuando el bloqueo pol¨ªtico dej¨® al Tribunal con ocho jueces. Ahora Gorsuch puede emitir uno de los votos m¨¢s cruciales de su carrera nada m¨¢s incorporarse al cargo y en un caso que tendr¨¢ consecuencias m¨¢s all¨¢ de las fronteras de Misuri.

El juez, elegido por Trump por unas credenciales conservadoras de la talla de las de Antonin Scalia ¡ªa quien sustituy¨® en la corte¡ª, apenas hizo dos preguntas en los ¨²ltimos cinco minutos de la audiencia. Gorsuch no dej¨® adivinar cu¨¢l ser¨¢ su voto en este caso, pero su experiencia anterior hace prever que se posicionar¨¢ del lado de la escuela luterana que present¨® la demanda. En el pasado, el juez conservador ha dictado varias sentencias favorables a grupos religiosos que buscan reducir las barreras entre Iglesia y Estado.

La demanda enfrenta al Estado de Misuri con una Iglesia Luterana que alega haber sufrido discriminaci¨®n religiosa al serle denegado el acceso a un programa de financiaci¨®n p¨²blica. La querella fue presentada en 2012 y cuestiona si el Estado, que no tiene la obligaci¨®n de subsidiar actividades religiosas, puede negar fondos p¨²blicos sin discriminar exclusivamente contra una religi¨®n en concreto. Misuri est¨¢ atrapado entre esta protecci¨®n y su obligaci¨®n constitucional de no discriminar contra grupos religiosos.

Los abogados de la Iglesia Luterana aseguran que eso fue lo que ocurri¨® cuando Misuri les deneg¨® los fondos para financiar la renovaci¨®n de su ¨¢rea de recreo. El Estado defiende sin embargo que no ha discriminado contra la escuela por estar afiliada a una Iglesia, sino que cumpli¨® con su obligaci¨®n de separar a organizaciones religiosas de las seculares a la hora de entregar recursos p¨²blicos.

¡°La escuela utiliza su guarder¨ªa para acercar a los menores a la fe luterana¡±, argument¨® el defensor de Misuri, James Layton. ¡°Cualquier cambio f¨ªsico en la zona de recreo puede utilizarse como reclamo para incentivar al centro a buscar la participaci¨®n de nuevas familias¡±.

La juez Sonia Sotomayor, una de las m¨¢s progresistas de la Corte y tambi¨¦n la m¨¢s agresiva este mi¨¦rcoles contra los argumentos de la escuela, pregunt¨® al abogado c¨®mo puede asegurarse el Estado de que, si concede los fondos para renovar un ¨¢rea de recreo, la escuela no decide un d¨ªa celebrar en ese mismo patio una oraci¨®n. En ese caso, Misuri estar¨ªa incumpliendo la prohibici¨®n de financiar actividades religiosas con dinero p¨²blico. El letrado, David Cortman, reconoci¨® que no hab¨ªa manera de garantizar esa separaci¨®n.

Los jueces m¨¢s conservadores como Gorsuch, por el contrario, pidieron al defensor de Misuri que explicara d¨®nde pondr¨ªa la l¨ªnea que separa lo que s¨ª puede financiar el Estado en el caso de escuelas afiliadas a un centro religioso, y lo que no. La legislaci¨®n estadounidense proh¨ªbe entregar fondos directamente para subsidiar actividades religiosas, pero los demandantes en ese caso quieren acceso a ese dinero para reformas en sus terrenos o aumentar la seguridad de sus estudiantes.

La sentencia, que llegar¨¢ el pr¨®ximo mes de junio, puede tener consecuencias m¨¢s all¨¢ de Misuri. Los defensores de la escuela argumentan que si el Supremo da la raz¨®n al Estado, quedar¨¢n en peligro todos los programas de financiaci¨®n p¨²blica que cubren subvenciones de comidas hasta servicios sociales proporcionados por las organizaciones religiosas. En el caso contrario, los abogados de Misuri consideran que darle la raz¨®n a la escuela religiosa supondr¨ªa abrir las puertas a la financiaci¨®n p¨²blica de grupos religiosos que discriminan por cuestiones de g¨¦nero, orientaci¨®n sexual o religi¨®n.