Santos anuncia que la mayor banda de narcotr¨¢fico de Colombia quiere someterse a la justicia

El Clan del Golfo, la banda de narcotr¨¢fico m¨¢s importante de Colombia, quiere someterse a la ley, seg¨²n ha informado el presidente Juan Manuel Santos: ¡°El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe una manifestaci¨®n expresa de la voluntad de acogerse a la justicia". No se trata de una nueva negociaci¨®n pol¨ªtica como la que termin¨® en noviembre del a?o pasado con la guerrilla de las FARC, tampoco se asemeja a la que est¨¢ en proceso con el ELN. "No hay ninguna posibilidad porque son delincuentes y narcotraficantes", ha apuntado el mandatario. Los miembros de la organizaci¨®n criminal solo podr¨¢n acceder a beneficios legales por colaborar con las autoridades.

"Se denomina el principio de oportunidad", explica Ariel ?vila, polit¨®logo de la Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n, "si entregan informaci¨®n sobre sus colaboradores, ya sean agentes del Estado u otros criminales, rutas del narco, su patrimonio,... cumplir¨¢n penas de unos cinco a?os de c¨¢rcel". Existir¨ªa incluso la opci¨®n, dependiendo del tipo de acuerdo, de que las autoridades legalizaran entre el 5 y el 10% de los bienes de esta organizaci¨®n para que pudieran tener un sustento al salir de prisi¨®n, seg¨²n el experto. "El sometimiento colectivo de organizaciones criminales no est¨¢ previsto en la legislaci¨®n colombiana", ha declarado minutos despu¨¦s el fiscal general N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez. "Debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio il¨ªcito y de los cultivos y rutas del narcotr¨¢fico¡±.

Hace aproximadamente un a?o, un grupo de abogados contratados por el Clan liderado por Dairo Antonio ?suga, alias Otoniel (la recompensa por su captura es de cinco millones de d¨®lares), comenz¨® a enviar mensajes al Gobierno de Santos en busca de un pacto pol¨ªtico, ha explicado el general Naranjo, vicepresidente de Colombia. En estos meses, el Estado colombiano se ha negado de manera reiterada a este tipo de negociaci¨®n. La banda, dedicada esencialmente a la producci¨®n, venta y distribuci¨®n de droga, la miner¨ªa ilegal y la extorsi¨®n, buscaba, sin ¨¦xito, la oportunidad de conseguir beneficios judiciales similares a los que se pactaron con las FARC durante cuatro a?os en La Habana.

"La presi¨®n militar, las denuncias de los colectivos sociales y la guerra interna con otras bandas ha debilitado al Clan del Golfo", opina ?vila. En los ¨²ltimos dos a?os ha perdido 12 jefes y m¨¢s de 1.500 miembros han sido capturados, seg¨²n datos del Gobierno. Alias Gavil¨¢n, el n¨²mero 2 de la organizaci¨®n, muri¨® el 31 de agosto en un operativo cerca de la frontera con Panam¨¢, regi¨®n en la que se concentra la mayor¨ªa de esta organizaci¨®n por tratarse de una ruta cl¨¢sica del contrabando hacia Centroam¨¦rica, M¨¦xico y Estados Unidos.

Desde 2006, cuando esta banda comenz¨® a delinquir, el Gobierno de Colombia lo hab¨ªa combatido con la Polic¨ªa Nacional (cuerpo encargado de enfrentar a este tipo de organizaciones) con las denominadas operaciones Agamen¨®n I y II. En mayo de 2016, esta estrategia cambi¨® cuando el actual ministro de Defensa, a trav¨¦s de una directiva, comenz¨® a considerarlos "grupos armados organizados" para poder usar al Ej¨¦rcito en su contra, adem¨¢s de estrategias militares como los bombardeos. T¨¢ctica que fue clave para combatir a las FARC. "Esas acciones se regir¨¢n por el Derecho Internacional Humanitario (el llamado Derecho de Guerra) y no por las normas internas", se especifica en la norma.

La pol¨ªtica de guerra del Estado contra el Clan del Golfo y organizaciones similares provoc¨® que el pasado mayo, el grupo iniciara una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que dej¨® nueve polic¨ªas fallecidos y 37 heridos en distintos atentados. Esta estrategia mafiosa se conoce como plan pistola: los grupos criminales prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 d¨®lares, por cada agente asesinado.

Se calcula que el Clan del Golfo cuenta con una n¨®mina de unos 3.000 integrantes, entre hombres fijos y colaboradores a cambio de un sueldo. "Por el momento no sabemos cu¨¢ntos se someter¨ªan a la justicia ordinaria ni en qu¨¦ condiciones", ha aclarado el vicepresidente de Colombia.