La corrupci¨®n se convierte en una preocupaci¨®n central en Colombia

La conversaci¨®n ha cambiado en Colombia. La ira y el rechazo que produc¨ªan las noticias de masacres, desplazamientos y desapariciones en las regiones del pa¨ªs por la guerra han dado el relevo a la indignaci¨®n por la corrupci¨®n. El campo colombiano sigue viviendo la desigualdad, la exclusi¨®n y los coletazos del conflicto armado ahora en forma de disputas por el bot¨ªn del narcotr¨¢fico. Pero los esc¨¢ndalos por los sobornos de Odebrecht, el tr¨¢fico de influencias en la Corte Suprema y el robo sistem¨¢tico de recursos en ciudades emblema como Cartagena de Indias se apoderan de las emociones de los ciudadanos.

El 61% de los colombianos considera que la corrupci¨®n creci¨® en su pa¨ªs de 2013 a 2016, seg¨²n el informe Am¨¦rica Latina y el Caribe del Bar¨®metro Global de Corrupci¨®n 2016 de Transparencia Internacional, la organizaci¨®n social l¨ªder en la lucha contra la corrupci¨®n a nivel global. En 2010 el porcentaje era del 28% y en 2013 del 56%, de acuerdo con este mismo estudio.

Marcela Restrepo, directora de Gesti¨®n de Conocimiento de la organizaci¨®n Transparencia por Colombia, apunta a un cambio institucional, por el momento solo en lo formal, para entender el aumento en la percepci¨®n de este delito. ¡°El presidente Juan Manuel Santos fue el primer mandatario colombiano que reconoci¨® ante un micr¨®fono que este era un problema esencial. Un factor que se hab¨ªa negado permanentemente¡±, considera. A esta declaraci¨®n le sigui¨® un paquete de medidas que respond¨ªan a las directrices de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE en esta materia.

El Estatuto Anticorrupci¨®n, aprobado por el Gobierno Santos, se reforz¨® en 2011 con una Secretar¨ªa de Transparencia que lleva seis a?os cambiando la cultura de las administraciones p¨²blicas colombianas a partir de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci¨®n. ¡°Todas las entidades deben transparentar sus procesos y darle a la comunidad toda la informaci¨®n posible¡±, dice Gabriel Cifuentes, secretario de esta entidad. Lo que se traduce en que por primera vez en la historia de Colombia las webs incluyen la estructura de la instituci¨®n, qui¨¦n la compone, informaci¨®n de contacto, la normativa vigente, adem¨¢s de un canal de comunicaci¨®n con la ciudadan¨ªa.

Estas mismas organizaciones deben tener planes anticorrupci¨®n para determinar posibles riesgos y as¨ª establecer controles efectivos para mitigarlos. ¡°Por el momento estamos en el proceso de implementaci¨®n, los primeros resultados los tendremos a partir de enero¡±, asegura el secretario, que justifica que en seis a?os no hayan tenido conclusiones por la estructura administrativa de Colombia con m¨¢s de mil municipios.

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En este camino de cambio institucional y cultural de la burocracia, hace dos a?os se adopt¨® la decisi¨®n, ¡°sin que sea una obligaci¨®n legal¡±, apunta Cifuentes, de que todo el Gobierno, incluido el presidente, publicaran sus declaraciones de la renta. Una medida de fuerte impacto ante la opini¨®n p¨²blica que, en ocasiones, ha ocultado otras reformas de mayor calado en la eficiencia de una de las burocracias m¨¢s grandes de Am¨¦rica Latina, seg¨²n datos de Transparencia por Colombia.

Toda la contrataci¨®n que realiza el Estado es de acceso p¨²blico para cualquier ciudadano. ¡°Colombia Compra Eficiente empez¨® a operar en abril de 2012¡±, explica Paca Zulueta, una de las responsables de este proyecto durante el primer Gobierno de Santos. ¡°Lo construimos un grupo joven y comprometido, consciente de la necesidad de mostrar que la compra p¨²blica es fundamental en la implementaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas y en la entrega de bienes, obras y servicios a la poblaci¨®n¡±.

Antes de que esta plataforma se creara, la informaci¨®n sobre este tipo de transacciones era ¡°escasa, de poca calidad y estaba a disposici¨®n del p¨²blico en general meses despu¨¦s de la fecha real de las operaciones¡±, apunta Zulueta, ahora dedicada a la ense?anza en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogot¨¢. ¡°Recibimos tutelas, demandas, cartas, acusaciones. Siempre nos dec¨ªan que est¨¢bamos locos, que no se pod¨ªa. Que estas cosas no eran para Colombia¡±, recuerda. ¡°Hoy el proceso de contrataci¨®n que antes tomaba entre tres y seis meses, se hace entre una hora y 20 d¨ªas¡±. Entre 2011 y 2016 creci¨® la informaci¨®n sobre el n¨²mero de contratos en un 460%. En la actualidad, en la Tienda Virtual del Estado proveedores de todo el pa¨ªs ofrecen desde tecnolog¨ªa, tratamientos m¨¦dicos, bienes y servicios para la educaci¨®n hasta papeler¨ªa y combustible.

Los esc¨¢ndalos que no dejan ver las reformas

La lenta transformaci¨®n de la cultura democr¨¢tica en Colombia no ha sido suficiente para convencer al ciudadano. Se han recuperado los niveles de preocupaci¨®n de ¨¦pocas de las alianzas entre el narcotr¨¢fico y la pol¨ªtica con la elecci¨®n del presidente Ernesto Samper a principios de los noventa; y la parapol¨ªtica a comienzos de los 2000 durante los mandatos de ?lvaro Uribe.

El esc¨¢ndalo de la constructora brasile?a Odebrecht ha entrado directamente en la Casa de Nari?o, residencia de Santos. Ya no se trata solo de una red de sobornos que afecta a pol¨ªticos de segundo nivel y empresas privadas que constru¨ªan carreteras y alcantarillado. La sospecha de que el dinero sucio lleg¨® a las campa?as electorales de 2010 y 2014 de Santos sobrevuela el final de un Ejecutivo que abandera la lucha anticorrupci¨®n. La Justicia tendr¨¢ que determinar si una de las frases m¨¢s repetidas por el presidente se reafirmar¨¢ o condenar¨¢: ¡°En este Gobierno no ha habido un solo se?alamiento, a ninguno de mis ministros, a ninguno de mis funcionarios¡±.

Los mismos que juzgan los casos de corrupci¨®n est¨¢n en entredicho. La Justicia colombiana vive una grave etapa de desprestigio despu¨¦s de que se desvelara una trama de tr¨¢fico de influencias en la Corte Suprema. Su anterior presidente, el magistrado Francisco Ricaurte, lleva varias semanas en la c¨¢rcel La Picota, en Bogot¨¢, se?alado de formar parte de una red en la que pol¨ªticos pagaban millonarias sumas para que los procesos del Alto Tribunal los favorecieran. En la misma prisi¨®n se encuentra el exfiscal anticorrupci¨®n Gustavo Moreno con petici¨®n de extradici¨®n de Estados Unidos.

M¨¢s de 150 pol¨ªticos colombianos pertenecientes a todos los partidos est¨¢n vinculados a casos de corrupci¨®n en la actualidad, seg¨²n un reciente informe publicado por la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n. ¡°A partir de la lucha que hemos emprendido contra la corrupci¨®n se ha evidenciado que es sist¨¦mica en Colombia. Se ha extendido por todos los territorios; no hay sector ajeno a ella y no hay ni un solo partido o movimiento pol¨ªtico que pueda se?alar a los dem¨¢s sin ver la paja en el ojo propio¡±, dice el fiscal N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, en una entrevista en el diario El Tiempo.

¡°La crisis de la justicia es desastrosa¡±, reconoce Gabriel Cifuentes. Para tratar de paliar el impacto que est¨¢ teniendo sobre la confianza ciudadana, el secretario de Transparencia plantea una serie de cuestiones a los colombianos. Es el mismo mensaje que se lanza desde la presidencia: apelar a la confianza en las instituciones. ¡°?Cu¨¢ndo en la historia de este pa¨ªs se ha llevado a la c¨¢rcel a un expresidente de la Corte Suprema? ?Cu¨¢ndo la ciudadan¨ªa se hab¨ªa apropiado de tal manera del control social que estamos en un proceso de depuraci¨®n y concertaci¨®n nacional?¡±.

Enfrente tienen al 59% de los colombianos que considera que las acciones del Gobierno en la lucha contra la corrupci¨®n no son las m¨¢s acertadas, seg¨²n el informe de Transparencia Internacional. Este mismo estudio asegura que el 74% de los encuestados en Colombia considera que la ciudadan¨ªa puede hacer una diferencia en esta batalla. ¡°Existe una conciencia colectiva que quiere recuperar la dignidad en un contexto complicado: es dif¨ªcil denunciar por problemas administrativos, no hay una ley de protecci¨®n al denunciante y pervive el miedo por las amenazas¡±, explica Marcela Restrepo.

La campa?a electoral

Colombia tendr¨¢ un nuevo presidente a mediados de 2018. En plena precampa?a electoral, la implementaci¨®n de los acuerdos de paz pactados con las FARC polariza a la sociedad. Al mismo tiempo, existe un cierto consenso en que la corrupci¨®n es un problema de todos, con independencia del color pol¨ªtico. Que este acuerdo se mantenga depender¨¢ del tono que la confrontaci¨®n vaya adquiriendo a medida que se acerque la contienda y del hartazgo que muestre una poblaci¨®n cansada de 52 a?os de guerra.

¡°Una campa?a basada en la lucha contra la corrupci¨®n es loable, pero no es suficiente. Colombia sigue teniendo un grupo muy grande de ciudadanos en situaci¨®n de vulnerabilidad y la paz no se est¨¢ cumpliendo¡±, plantea Restrepo. ¡°Va a seguir siendo un problema para el pr¨®ximo presidente porque es un tema estructural que hay que despolitizar. Las reformas deben trascender el mandato de un solo gobierno¡±, a?ade Cifuentes.

El reto ante el que se sit¨²a el pa¨ªs no solo est¨¢ en las sentencias que condenen o exculpan a los responsables de los casos de corrupci¨®n. La dificultad la plantea el propio ejercicio del poder que, en palabras de la responsable de Transparencia por Colombia, es ¡°premoderno¡±. Para llegar al Congreso o ganar unas elecciones los candidatos usan lo que en este pa¨ªs se conoce como ¡°la maquinaria¡±. Un sistema de compra de votos ante el que no hay sanciones porque todos los partidos lo han utilizado alguna vez.

La otra reforma pendiente es la del Estado. ¡°La Administraci¨®n sigue creciendo por nuestro v¨ªnculo tradicional con el clientelismo¡±, asegura Marcela Restrepo. ¡°En Colombia no hay meritocracia, no existe la carrera de empleo p¨²blico y los concursos de trabajo son puntuales y reducidos¡±. Ante esta situaci¨®n, se realizan contratos de prestaci¨®n de servicio muy precarios. ¡°El 80% de los funcionarios del pa¨ªs est¨¢n en estas condiciones, seg¨²n la OCDE¡±, dice. Estos empleados cumplen horarios y hacen tareas fundamentales, aunque estas funciones no est¨¦n recogidas en su acuerdo laboral.

¡°Investigaciones de la Fiscal¨ªa y la Procuradur¨ªa han descubierto que estos contratos son casi sobornados por pol¨ªticos: ¡®Yo te consigo este empleo y t¨² me das la mitad del salario¡±, apunta Restrepo. Una din¨¢mica que impide que se lleven a cabo reformas por el inter¨¦s de todas las clases pol¨ªticas a todos los niveles administrativos. ¡°Es un relacionamiento de caverna: ¡®si yo gano t¨² tienes trabajo, as¨ª que ay¨²dame a ganar¡±.