¡°Pedimos al Gobierno de Colombia que deje de negar la existencia de los paramilitares¡±, Amnist¨ªa Internacional

Ha pasado un a?o desde que el Gobierno de Juan Manuel Santos y la ya exguerrilla de las FARC firmaran el acuerdo de paz que termin¨® con m¨¢s de medio siglo de guerra en Colombia. La que fuera la insurgencia m¨¢s grande y antigua de Am¨¦rica ha entregado las armas y se prepara para volver a la vida civil. El n¨²mero de muertos causados por esta confrontaci¨®n b¨¦lica se ha reducido en un 80%. Pero en el Choc¨®, en la costa del Pac¨ªfico, la calma que deb¨ªa traer el silencio de los fusiles no ha llegado.

"Sigue el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores por los grupos armados, la violencia sexual contra las mujeres, las v¨ªctimas de minas y los asesinatos selectivos", dice Salil Shetty, secretario general de Amnist¨ªa Internacional. Esta organizaci¨®n ha elaborado el informe Colombia, contin¨²an los a?os de soledad, en el que denuncian la situaci¨®n de vulnerabilidad que siguen padeciendo los habitantes de Choc¨®, una regi¨®n donde el 60% de la poblaci¨®n es v¨ªctima del conflicto armado, seg¨²n cifras de la Unidad para la Atenci¨®n y Reparaci¨®n Integral a las V¨ªctimas (UARIV).

Los chocoanos tienen la desgracia de vivir en una salida natural al mar de todo tipo de contrabando. Llevan d¨¦cadas atrapados en mitad de una guerra por el control de este suculento territorio. Primero aprendieron a acatar las leyes de las FARC, la ¨²nica autoridad que hab¨ªan conocido. Cuando la guerrilla y el Gobierno llegaron a un acuerdo, el 80% apoy¨® la paz en busca de una alternativa a la vida entre las balas. Con la desmovilizaci¨®n de los guerrilleros, el ELN, los grupos paramilitares y las bandas del narcotr¨¢fico comenzaron una nueva batalla. El resultado: entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron v¨ªctimas de desplazamientos colectivos en el Choc¨®, seg¨²n la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La mayor¨ªa de estas personas pertenecen a comunidades ind¨ªgenas y afrodescendientes, las etnias que m¨¢s sufren la violencia y la pobreza en Colombia. "Las condiciones de vida de estas familias son precarias, seg¨²n informa la Defensor¨ªa del Pueblo no cuentan con una respuesta integral por parte de las entidades en lo referente a ayudas humanitarias, acceso a servicios m¨¦dicos de emergencia, alimentaci¨®n y alojamiento tras el desplazamiento", afirma la investigaci¨®n de Amnist¨ªa Internacional. "El problema es que el Estado no existe en el Choc¨® ni en el ¨¢mbito local, regional ni nacional. Solo aparece cuando hay un megaproyecto, por ejemplo una mina", apunta Shetty.

El desplazamiento no es el ¨²nico mal que pervive en esta regi¨®n. Los ni?os, ni?as y adolescentes ind¨ªgenas y afrodescendientes est¨¢n siendo forzados a enrolarse en el ELN y las estructuras paramilitares. Las mujeres son revictimizadas por las violaciones sexuales. "Las cifras oficiales a¨²n no ilustran la situaci¨®n que se vive en terreno", asegura Amnist¨ªa Internacional. "En contextos de transici¨®n hacia la paz, se han documentado aumentos de violencia de g¨¦nero tras la desmovilizaci¨®n, como sucedi¨® en 2005 durante el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual se registr¨® un aumento del 28%".

Este a?o, m¨¢s de 90 l¨ªderes sociales han sido asesinados en Colombia, un 30% m¨¢s que en 2016. "Seis de ellos en el Choc¨®, y estos son solo los reportados", dice el responsable de la organizaci¨®n. Colombia es el segundo pa¨ªs donde m¨¢s cr¨ªmenes de este tipo se producen, solo por detr¨¢s de Brasil, seg¨²n datos de Amnist¨ªa Internacional. "Los paramilitares son responsables de la mayor¨ªa de estas muertes violentas. Por eso, en una reuni¨®n con el vicepresidente le hemos recomendado que dejen de negar la existencia de estos grupos y que se investigue su relaci¨®n con las Fuerzas del Estado. Los paramilitares no se desmovilizaron en su totalidad en 2005, siguen activos en 2017 en Choc¨®".

Amnist¨ªa Internacional le ha entregado al Gobierno colombiano evidencias de que estas bandas operan en el Pac¨ªfico colombiano en connivencia con la Fuerza P¨²blica. "Es tan sencillo como viajar a la zona, a plena luz del d¨ªa hemos comprobado como primero entran los paramilitares a 'limpiar', despu¨¦s llegan las fuerzas militares y luego el Estado para, por ejemplo, otorgar licencias de miner¨ªa. Hay un patr¨®n".

Este panorama se termina de agravar con un ¨ªndice de pobreza extrema que afecta al 80% de los chocoanos y un nivel del analfabetismo que supera el 20%. La Defensor¨ªa del Pueblo de Colombia tiene un nombre claro para esta realidad: crisis humanitaria. "Estamos muy decepcionados porque el presidente Santos no se haya reunido con nosotros para hablar de esta situaci¨®n. Supongo que es un c¨¢lculo pol¨ªtico para medir c¨®mo de amarga es nuestra medicina para ellos", concluye Shetty.

El futuro de la Justicia Especial para la Paz

Aminist¨ªa Internacional ha mostrado su disconformidad con el sistema ideado para juzgar a los actores involucrados en medio siglo de guerra. "Desde el inicio le dijimos a las partes que con este mecanismo los autores de cr¨ªmenes de lesa humanidad no iban a ser juzgados acorde al Derecho Internacional. Aun as¨ª, respiramos profundamente, y comprendimos algunos art¨ªculos", dice Salil Shetty.

Un a?o despu¨¦s de la firma del acuerdo, la Justicia Especial para la Paz (JEP) transita por el Congreso colombiano a la espera de su aprobaci¨®n definitiva. Entremedias, ha sufrido las modificaciones de la Corte Constitucional. "La versi¨®n diluida de la legalidad internacional que representa la JEP se ha vuelto a comprometer con la decisi¨®n de la Corte y la batalla pol¨ªtica que se vive en Colombia a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2018. Estamos muy preocupados", opina el secretario general de Amnist¨ªa Internacional.