La protesta de las v¨ªctimas de violencia sexual contra el Congreso colombiano

El 2017 termin¨® con una mala noticia para las v¨ªctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Uno de los logros que hab¨ªan celebrado con el acuerdo de paz con las FARC se desdibuj¨® en el Congreso. Por iniciativa de la senadora Maritza Mart¨ªnez (Partido de la U) los delitos de violencia sexual cometidos contra menores de 18 a?os ser¨¢n llevados a la justicia ordinaria y no entrar¨¢n a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el escenario que ve¨ªan como la oportunidad para que adem¨¢s de castigar con penas a los victimarios, hubiera verdad.

?ngela Escobar, presidenta de la Asociaci¨®n red de mujeres v¨ªctimas y profesionales, dice que la decisi¨®n del Congreso dej¨® "desconcertados" a quienes cre¨ªan que a trav¨¦s de la JEP pod¨ªan tener una reparaci¨®n integral. "Muchas de esas personas que fueron abusadas en su ni?ez, hoy son adultos que esperan justicia, pero tambi¨¦n verdad. A la justicia ordinaria hemos llevado 1.200 denuncias y no ha pasado nada. Hay impunidad", lamenta desde Medell¨ªn, una de las ciudades en donde la organizaci¨®n que lidera agrupa a v¨ªctimas de violencia sexual.

Uno de los argumentos de la senadora Mart¨ªnez, que cont¨® con el respaldo de la mayor¨ªa en el Congreso, es que los delitos contra menores deben ser castigados con severidad. Mientras en la justicia ordinaria las penas pueden ser hasta de 58 a?os, en la JEP la m¨¢xima podr¨ªa ser de 20 a?os, para quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, creado dentro del acuerdo con las FARC. Sin embargo, Mart¨ªnez y quienes la apoyan se han concentrado en la condena m¨ªnima que impone cinco a?os para los exguerrilleros que acepten y colaboren con la justicia.

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"Establecer una pena de cinco a?os para un delito tan grave como este, que le acaba la vida a los menores abusados, no era viable dentro del ordenamiento jur¨ªdico, ya que nuestra Constituci¨®n habla de la prevalencia de los derechos de los ni?os y la severidad que debe acompa?ar este tipo de conductas", ha argumentado la senadora. Pero para las v¨ªctimas, insiste Escobar, la reparaci¨®n que han esperado por tantos a?os no se trata solamente castigar con c¨¢rcel, ellas quieren verdad.

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"Vamos a seguir haciendo incidencia desde las regiones y esperamos que las curules que en teor¨ªa tendr¨ªamos este a?o en el Congreso nos permitan ser escuchadas", asegura y anuncia un informe que presentar¨¢n en febrero ante la comisi¨®n de la verdad (creada tras el acuerdo) con los datos que, seg¨²n ella, demostrar¨ªan la poca efectividad que ha tenido la justicia ordinaria en sus casos.

El Gobierno, a trav¨¦s del ministro del interior Guillermo Rivera, se opuso a la idea de excluir de la JEP los delitos contra menores, pero no fue suficiente. Tampoco lo fue la voz de las v¨ªctimas, que como lo recuerda la columnista e investigadora de Dejusticia Ana Jimena Bautista, durante su participaci¨®n en La Habana dijeron que es m¨¢s importante que se garantice el reconocimiento de responsabilidad por parte de sus victimarios, as¨ª como una sanci¨®n social y judicial en la justicia transicional que la promesa de sanciones severas, que dif¨ªcilmente van a poder ser impuestas en la justicia ordinaria.