Una farsa llamada ¡°comisi¨®n de la verdad¡±
Ortega promete la "verdad" detr¨¢s de los muertos y heridos que han dejado las protestas en Nicaragua, pero parece estar decidido a hacer lo contrario
El Gobierno de Daniel Ortega ha prometido a los nicarag¨¹enses la "verdad" sobre qui¨¦nes fueron los responsables por los muertos y decenas de heridos que han dejado las manifestaciones en las calles del pa¨ªs. Pero parece estar decidido a hacer exactamente lo contrario.
Desde mediados de abril, miles de nicarag¨¹enses se han volcado a las calles en protesta contra los 11 a?os de Gobierno de Ortega. Denuncias cre¨ªbles sugieren que la polic¨ªa emple¨® uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas y que furibundos militantes del gobierno agredieron a manifestantes pac¨ªficos y a periodistas. En algunos casos, agentes policiales habr¨ªan cometido graves abusos contra manifestantes y transe¨²ntes detenidos. En total, han muerto 47 personas, incluidos dos polic¨ªas. Al menos 435 personas han resultado heridas.
El Gobierno ha culpado reiteradamente a los propios manifestantes y ha guardado silencio sobre los abusos policiales. El 19 de abril, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo, quien adem¨¢s es la esposa de Ortega,?acus¨® a manifestantes "t¨®xicos" de "atenta[r] contra la paz y el desarrollo". Murillo se quej¨® con vehemencia porque, seg¨²n ella, el Gobierno habr¨ªa hecho "un esfuerzo enorme" para asegurar la "armon¨ªa" y la "no violencia".
Muchos hemos exigido que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal ¨®rgano de derechos humanos de la regi¨®n, lleve a cabo una visita en el terreno para investigar lo que ha acontecido. El Gobierno, sin embargo, se ha negado a autorizar dicha visita. En cambio, el 27 de abril, en lo que parece ser un burdo intento por apaciguar a los manifestantes, la mano derecha de Ortega en el Congreso, Gustavo Porras,?anunci¨® la creaci¨®n de una comisi¨®n de la verdad.
La decisi¨®n recuerda una movida similar de Nicol¨¢s Maduro, firme aliado de Ortega, quien en 2017 anunci¨® que una "comisi¨®n de la verdad" investigar¨ªa la "violencia pol¨ªtica" en Venezuela. A pesar de la abrumadora evidencia que muestra que agentes de las fuerzas de seguridad hab¨ªan cometido abusos violentos y sistem¨¢ticos contra manifestantes, incluidos asesinatos y torturas, la comisi¨®n bolivariana concluy¨® en septiembre pasado que las fuerzas de seguridad del r¨¦gimen hab¨ªan actuado "en estricto apego" a la ley.
Nadie deber¨ªa sorprenderse si la comisi¨®n de la "verdad" de Nicaragua concluye que el Gobierno est¨¢ exento de toda culpa, y que los verdaderos culpables son los manifestantes.
El 6 de mayo, una junta de siete legisladores ¡ªde los cuales cinco pertenecen al partido de Ortega¡ª?eligieron a los cinco miembros que integrar¨ªan la comisi¨®n. Ese mismo d¨ªa, el bloque mayoritario de Ortega en el Congreso ratific¨® su designaci¨®n. Todos los miembros de la Comisi¨®n tienen v¨ªnculos con el partido gobernante, lo cual menoscaba cualquier apariencia de imparcialidad.
Adolfo Jarqu¨ªn Ortel, por ejemplo, es el actual subprocurador de derechos humanos de Nicaragua. Aunque en 2010 concluy¨® su mandato, Ortega dict¨® un?decreto extendiendo su periodo en el cargo, en una decisi¨®n que muchos calificaron de inconstitucional. En julio de 2017, Jarqu¨ªn manifest¨® en televisi¨®n que el Gobierno de Ortega "respeta y defiende los derechos humanos", y acus¨® a sus cr¨ªticos de ser "enemigos" del partido gobernante.
Del mismo modo, el cura de la teolog¨ªa de la liberaci¨®n Uriel Molina, otro miembro de la comisi¨®n, ha apoyado militantemente hace a?os a Ortega. El 21 de febrero,?declar¨® que el pueblo de Nicaragua "deb¨ªa" las "ventajas... en este pa¨ªs" a los ideales revolucionarios que "se mantiene[n] en la persona del Comandante Ortega y de su se?ora esposa Rosario Murillo". Jaime L¨®pez Lowery, por su parte, es vicerrector de una universidad p¨²blica en Managua, donde dirige una organizaci¨®n estudiantil oficialista llamada "Consejo de Liderazgo Sandinista".
Para colmo, las normas que regulan el funcionamiento de la cuestionada comisi¨®n nos hacen sospechar que se trata simplemente de una operaci¨®n de maquillaje. Estas normas no incluyen, disposiciones b¨¢sicas que son indispensables para el trabajo de cualquier organismo de este tipo. Por ejemplo, no aclaran c¨®mo la comisi¨®n llevar¨¢ a cabo su investigaci¨®n, ni si ser¨¢ obligatoria la cooperaci¨®n por parte de funcionarios p¨²blicos.
En lo que parece ser un intento por ocultar estas obvias deficiencias, el 10 de mayo Jarqu¨ªn Ortel anunci¨® que hab¨ªa pedido la "cooperaci¨®n" de la Comisi¨®n Interamericana. La CIDH no cay¨® en la trampa y solicit¨® visitar el pa¨ªs para investigar por s¨ª misma lo ocurrido antes de decidir si cooperar¨ªa con esa entidad. En efecto, a menos que se le autorice a visitar el pa¨ªs con toda la colaboraci¨®n del gobierno, la CIDH no deber¨ªa prestar ning¨²n tipo de "cooperaci¨®n" que le permita a Ortega y Murillo revestir a su "comisi¨®n de la verdad" con un barniz de credibilidad.
Cuando se conocieron las primeras muertes, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Per¨² ¡ªtodos miembros de la Organizaci¨®n de los Estados Americanos (OEA)¡ª expresaron su "solidaridad" con los manifestantes que perdieron la vida. Pero pueden y deben hacer m¨¢s. Deber¨ªan convocar a una sesi¨®n extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, que re¨²ne a los embajadores de los estados miembros, para denunciar la falta de credibilidad de la "comisi¨®n de la verdad" de Ortega y exigirle al Gobierno que permita de inmediato el ingreso de la CIDH al pa¨ªs.
Este art¨ªculo fue publicado antes de que el Gobierno de Nicaragua anunciase que aceptar¨ªa la visita de la CIDH.
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