El paradero desconocido de l¨ªderes de las FARC despierta la preocupaci¨®n en Colombia

El misterio que rodea el paradero de varios l¨ªderes de la exguerrilla de las FARC deber¨¢ resolverse en los pr¨®ximos 10 d¨ªas. Este es el plazo que la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los cr¨ªmenes de la guerra en Colombia, otorg¨® este jueves a Iv¨¢n M¨¢rquez y otros miembros de la antigua c¨²pula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.

El requerimiento est¨¢ relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido pol¨ªtico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegraci¨®n de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a M¨¢rquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.

La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido pol¨ªtico, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus l¨ªderes, que abandonaron los espacios de reincorporaci¨®n en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.

Si bien los antiguos jefes guerrilleros no est¨¢n obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporaci¨®n, ni su ausencia contempla ning¨²n tipo de sanci¨®n penal, s¨ª tienen un compromiso explicito de colaborar en el tr¨¢nsito a la vida civil de los excombatientes. La Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU en Colombia ya hab¨ªa advertido que en las ¨²ltimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia ¡°tomaron la decisi¨®n de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen all¨ª".

En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los l¨ªderes emblem¨¢ticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporaci¨®n hasta las garant¨ªas de seguridad.

El presidente Iv¨¢n Duque, que en campa?a prometi¨® hacer correcciones a lo pactado sin llegar a ¡°hacer trizas¡± los acuerdos, pidi¨® recientemente prolongar el acompa?amiento de la ONU en el proceso de reincorporaci¨®n de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio Jos¨¦ Archila, ha defendido el compromiso con la implementaci¨®n del nuevo Gobierno, que tom¨® posesi¨®n el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administraci¨®n de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el ¡°precario estado de las instalaciones¡± en los espacios y la inadecuada estructuraci¨®n de los proyectos productivos que deben facilitar el tr¨¢nsito de los exguerrilleros a la vida civil.

En busca de Iv¨¢n M¨¢rquez

Una comisi¨®n de senadores ¨Centre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo¨C viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporaci¨®n, el de Miravalle en San Vicente del Cagu¨¢n, para revisar el estado de la implementaci¨®n e indagar en particular por el paradero de Iv¨¢n M¨¢rquez y Hern¨¢n Vel¨¢zquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidi¨® p¨²blicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situaci¨®n de incertidumbre".

Los testimonios recogidos, explic¨® por su parte el senador Roy Barreras ¨Cun f¨¦rreo defensor del acuerdo que incluso viaj¨® a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno¨C, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad f¨ªsica, jur¨ªdica y econ¨®mica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posici¨®n de Fiscal¨ªa y la DEA. Tanto M¨¢rquez como El Paisa, seg¨²n versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.

Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupaci¨®n, el caso de Iv¨¢n M¨¢rquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro a?os de di¨¢logos en La Habana y su liderazgo en la FARC compet¨ªa con el de Rodrigo Londo?o, Timochenko, el presidente del partido. M¨¢rquez ¨Ccuyo verdadero nombre es Luciano Mar¨ªn¨C, renunci¨® al esca?o como senador que la garantizaba el acuerdo y se intern¨® en Miravalle tras la captura de Jes¨²s S¨¢ntrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotr¨¢fico en una corte de Nueva York. El sobrino de M¨¢rquez, Marlon Mar¨ªn, es informante de la DEA en el caso de S¨¢ntrich, aunque la Fiscal¨ªa colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.

Otros dos de los l¨ªderes de las FARC de los que se tem¨ªa se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Roma?a- y Fabi¨¢n Ram¨ªrez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque tambi¨¦n hicieron reclamos sobre la implementaci¨®n. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de M¨¢rquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.