El Gobierno de May defiende el secreto legal del Brexit
La C¨¢mara de los Comunes reclama "todos los informes" manejados por el Ejecutivo conservador
El Parlamento de Reino Unido vivi¨® este lunes un espejismo. El fiscal general, Geoffrey Cox, y los diputados de todos los grupos salieron del barro en el que lleva meses hundido el debate del Brexit para implicarse en una pol¨¦mica constitucional de alto vuelo. La C¨¢mara de los Comunes exigi¨® por unanimidad para el 13 de noviembre ¡°todos los informes legales¡± manejados por el Gobierno en su negociaci¨®n con la UE y este lunes volvi¨® a reclamarlo. Cox defendi¨® con u?as y dientes la confidencialidad y rechaz¨® ceder ¡°en bien del inter¨¦s p¨²blico¡±.
Se trataba m¨¢s de una cuesti¨®n de principios que de contenido, y desde esa perspectiva el Gobierno ten¨ªa la batalla perdida de antemano. Eso a pesar de que la defensa de su planteamiento la hiciera un personaje hom¨¦rico como Cox, con una voz de bar¨ªtono y un conocimiento legal a la altura de la enorme estima que se tiene a s¨ª mismo, como sus compa?eros conservadores se encargan de recordarle.
¡°No se trata de discernir la legalidad de las acciones del Gobierno¡±, tronaba Cox. ¡°es m¨¢s bien una decisi¨®n sobre la prudencia y el buen juicio pol¨ªtico utilizados para acceder a un acuerdo internacional [como el alcanzado con la UE] en los t¨¦rminos propuestos¡±, defend¨ªa el fiscal general, cuyo papel en todo este asunto es m¨¢s bien el de abogado general del Estado al que el Gobierno recurre para pedir asesoramiento legal.
Por eso Cox imploraba una y otra vez a los diputados: ¡°pregunten lo que quieran, yo les responder¨¦, no me reservar¨¦ nada, pero no me pidan que me salte el principio constitucional del privilegio de confidencialidad entre cliente y abogado¡±, dec¨ªa. Lo parad¨®jico de todo este debate, de creer la palabra de Cox, es que no existe ninguna pistola humeante o as guardado bajo la manga. Como se esforzaba en explicar, durante un largo proceso de negociaci¨®n son multitud los informes orales o escritos de asesoramiento legal que el Gobierno en su conjunto o los respectivos ministros pueden solicitar a la Abogac¨ªa General del Estado. Pero entregar cualquiera de esos documentos, aunque no revelaran nada nuevo, supondr¨ªa para Cox un peligroso precedente ¡°contrario al inter¨¦s p¨²blico¡±.
Frente a ese principio constitucional, la C¨¢mara en bloque defend¨ªa otros igual de contundentes. Por ejemplo, su jerarqu¨ªa soberana sobre el Ejecutivo para imponer una instrucci¨®n aprobada adem¨¢s de modo un¨¢nime por los diputados. O la transparencia necesaria y la informaci¨®n exigida antes de adoptar una decisi¨®n tan extraordinaria como el abandono de la UE tras d¨¦cadas de asociaci¨®n.
Documentos filtrados
¡°Nuestra posici¨®n es totalmente inaceptable¡±, protestaba el portavoz de Justicia laborista, Nick Thomas-Symonds. ¡°Hay aspectos que forman parte del asesoramiento dado por el fiscal general que han sido convenientemente filtrados a la prensa durante el fin de semana. Esto no es solo una cuesti¨®n de buen juicio pol¨ªtico¡±, suger¨ªa.
El Partido Laborista, los nacionalistas escoceses del SNP, los unionistas norirlandeses del DUP y los Liberales Dem¨®cratas decidieron finalmente presentar una carta conjunta al speaker (presidente de la C¨¢mara de los Comunes), John Bercow, reclamando la apertura de un procedimiento parlamentario de desacato contra el Gobierno. Bercow admiti¨® este lunes a ¨²ltima hora que ¡°hay razones para sostener que se ha producido un caso de desacato al Parlamento¡± y anunci¨® que el asunto ser¨ªa sometido al pleno el mismo martes. De resultar condenados, los ministros hacen frente a una posible suspensi¨®n y hasta expulsi¨®n como diputados. El procedimiento no detendr¨¢ el debate del Brexit, que comienza hoy y culminar¨¢ con la votaci¨®n el pr¨®ximo 11 de diciembre.
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