La comunidad internacional presiona contra una amnist¨ªa de cr¨ªmenes de la guerra civil en Guatemala

Han pasado ya m¨¢s de 22 a?os desde el acuerdo de paz que puso fin a 36 a?os de la sangrienta guerra civil en Guatemala, saldada con 250.000 muertos y 40.000 desaparecidos seg¨²n acuerdo a cifras de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico patrocinada por la ONU. Antes de estampar la firma final, el Ej¨¦rcito guatemalteco y la guerrilla acordaron una amnist¨ªa para los responsables de delitos pol¨ªticos y comunes conexos, pero que, como correspond¨ªa, no ampara a los responsables de cr¨ªmenes de guerra.

En las ¨²ltimas semanas, un sector ultraconservador del Congreso del pa¨ªs centroamericano impulsa una ley que otorgar¨ªa una amnist¨ªa total a los exguerrilleros, militares y miembros de fuerzas de seguridad del Estado responsables de delitos de lesa humanidad. La medida beneficiar¨ªa a los 42 oficiales de grados superiores y a un ex guerrillero sentenciados a c¨¢rcel en procesos con todas las garant¨ªas judiciales. Tambi¨¦n a las 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y a 87 antiguos rebeldes que esperan a ser juzgados cuando la Fiscal¨ªa haya cerrado los ¨²ltimos detalles de sus expedientes. Si esta ley se aprueba y entra en vigor, los involucrados ser¨¢n excarcelados en solo 24 horas, mientras detiene las investigaciones en marcha sobre los responsables de otros cr¨ªmenes de lesa humanidad.

M¨¢s informaci¨®n

Jimmy Morales apura sus ¨²ltimas opciones para mantener a uno de sus fieles al frente de Guatemala

La pol¨ªtica tradicional trata de frenar a Thelma Aldana, la ¡®fiscal de hierro¡¯ de la justicia guatemalteca

Guatemala promueve una amnist¨ªa para cr¨ªmenes de lesa humanidad

Los especialistas consultados por EL PA?S subrayan la aberraci¨®n jur¨ªdica que supondr¨ªa la entrada en vigor de la nueva legislaci¨®n, en la medida en que, am¨¦n de contradecir a la Constituci¨®n y otras leyes ordinarias, tambi¨¦n ser¨ªa violatoria de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por Guatemala. La promoci¨®n de la normativa solo se explica por la incondicionalidad del presidente, Jimmy Morales, a quienes contribuyeron en gran medida a que llegaran al poder: los veteranos del Ej¨¦rcito guatemalteco, reunidos en torno a la asociaci¨®n Avemilgua, muchos de ellos se?alados de cr¨ªmenes de guerra y a quienes se les considera el aut¨¦ntico poder detr¨¢s del cetro de Morales.

La comunidad internacional ha enviado mensajes cada vez m¨¢s contundentes para que Guatemala corrija el rumbo. Todas las alarmas saltaron en enero, cuando Morales dio por terminado de manera unilateral el acuerdo de la creaci¨®n de la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, auspiciada por la ONU). Ese d¨ªa, Morales orden¨® que veh¨ªculos artillados donados por EE UU para combatir el narcotr¨¢fico patrullaran la capital guatemalteca y rodearan tanto la sede de la comisi¨®n anticorrupci¨®n, como la Embajada estadounidense. Las advertencias fueron subiendo de tono hasta que, esta semana, el Gobierno de EE UU anunci¨® la suspensi¨®n de toda ayuda militar hacia el pa¨ªs centroamericano.

En las semanas previas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) orden¨® a Guatemala archivar la amnist¨ªa: ¡°Su aprobaci¨®n constituir¨ªa un desacato a lo ordenado por esta Corte¡±. Desde Nueva York, el asesor especial del secretario general para la prevenci¨®n del genocidio, Adama Dieng, ha subrayado que esta ley representa un ¡°retraso muy grave en los logros que Guatemala ha alcanzado en su b¨²squeda de la justicia por los cr¨ªmenes cometidos durante un periodo muy oscuro de su historia¡±, cuya rendici¨®n de cuentas ¡°es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad¡±.

Dentro de Guatemala, el procurador de los Derechos Humanos ¨Ccomisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero con autonom¨ªa total¨C, Jord¨¢n Rodas, subraya que aprobar esta amnist¨ªa ¡°ser¨ªa una bofetada a todas las v¨ªctimas del conflicto armado, personas que no buscan venganza sino justicia¡±. De aprobarse, a?ade, se crear¨ªa un gran manto de impunidad y contravendr¨ªa todos los est¨¢ndares internacionales. El Congreso, agrega el analista independiente Luis Linares, ¡°ha dado muestra de una absoluta arrogancia: su mensaje es de desprecio hacia todas las acciones ejecutadas para el castigo de cr¨ªmenes como las desapariciones forzadas y masacres de la guerra. No puede prosperar: es ilegal¡±. En esta apreciaci¨®n coincide Gustavo Garc¨ªa Fong, experto de la Asociaci¨®n de investigaci¨®n y Estudios Sociales: aprobar esta ley dejar¨ªa a Guatemala como un Estado que no sabe honrar ni cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. Las consecuencias, agrega, se dejar¨ªan sentir a corto plazo: ¡°ning¨²n Estado estar¨ªa dispuesto a cooperar con un pa¨ªs que promueve iniciativas contrarias a los derechos humanos¡±.

Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), el principal promotor de la norma junto a su correligionario Fernando Linares Beltranena niega que se busque una amnist¨ªa, sino que la Ley de Reconciliaci¨®n Nacional, aprobada en 1996 y que permiti¨® firmar la paz, alcance tambi¨¦n a los militares. Cuestionado sobre el hecho de que los militares condenados no lo fueron por hechos de guerra, sino por cr¨ªmenes de lesa humanidad, como torturas o desaparici¨®n de personas, Conde recuerda que en 1996 Guatemala todav¨ªa no era parte de la Convenci¨®n que establece la no prescripci¨®n de delitos de lesa humanidad. ¡°Es un debate jur¨ªdico que se tendr¨¢ que dar en alg¨²n momento¡±, cierra. Conde y Linares son considerados aliados en la sombra del presidente Morales.

Blanca Quiroa Hern¨¢ndez, madre de un secuestrado-desaparecido por el Ej¨¦rcito en los ochenta, recuerda que lo capturaron cuando acababa de cumplir 22 a?os: ¡°Era mec¨¢nico automotriz y dej¨® hu¨¦rfano a un beb¨¦ de a?o y medio¡±. Con otras madres, fundaron la asociaci¨®n de Familiares de Desaparecidos de Guatemala, Famdegua, cuyo trabajo ha permitido excavar fosas clandestinas e identificar, merced al ADN, a decenas de v¨ªctimas de masacres. Uno de los casos mejor documentados y cerrados con condena es el conocido como Sepur Zarco, en alusi¨®n a la regi¨®n del departamento de Alta Verapaz (norte), donde se encontraron 562 osamentas en el interior de un cuartel militar. Hasta all¨ª eran llevados, torturados y asesinados los sospechosos de colaborar con la guerrilla, simples campesinos, en realidad, que quer¨ªan legalizar sus tierras para evitar el despojo de los terratenientes del lugar. ¡°Los cuerpos estaban atados de pies y manos. Se les vendaban los ojos y se les amordazaba¡±. relata Quiroa. ¡°A esa gente [a sus verdugos] les quieren dejar en libertad, impunemente¡±.