La austeridad de L¨®pez Obrador alcanza a los medios mexicanos
El presidente mexicano promete recortar en un 50% el gasto en publicidad oficial
Menos recursos para publicidad oficial y m¨¢s transparencia sobre c¨®mo se gasta ese dinero. Esa es la promesa de la pol¨ªtica de comunicaci¨®n que ha presentado este mi¨¦rcoles el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. El mandatario mexicano ha asegurado que reducir¨¢ en un 50% el gasto en publicidad oficial respecto al a?o pasado, el ¨²ltimo de la Administraci¨®n de su antecesor, Enrique Pe?a Nieto.
L¨®pez Obrador recibi¨® cr¨ªticas durante la aprobaci¨®n del presupuesto, a mediados de diciembre pasado, porque Morena, su partido, autoriz¨® el gasto de 4.711 millones de pesos (unos 235 millones de d¨®lares) en publicidad oficial, 759 millones (casi 38 millones de d¨®lares) m¨¢s que en 2018, contradiciendo sus promesas electorales. El mandatario asegur¨® que la cifra era congruente con la pol¨ªtica de austeridad de su Gobierno porque se compromet¨ªa a no exceder ese monto, a diferencia de su predecesor, que acab¨® gastando 7.849 millones de pesos (m¨¢s de 390 millones de d¨®lares). Ese es el fundamento de la reducci¨®n del gasto en comunicaci¨®n social. "Vamos a actuar con austeridad", ha dicho el presidente durante su conferencia matutina.
El problema es que la nueva pol¨ªtica de comunicaci¨®n no establece mecanismos de control ni sanciones por exceder este monto, seg¨²n cuestiona Leonardo N¨²?ez, de Mexicanos Contra la Corrupci¨®n y la Impunidad. "Es una declaraci¨®n de buenos deseos", afirma a EL PA?S. La ley mexicana sobre presupuesto p¨²blico mantiene la facultad del Ejecutivo de redirigir el gasto que le es autorizado en el Congreso, lo que abre la puerta a que se exceda por mucho los montos autorizados. Durante el sexenio de Pe?a Nieto entre 2012 y 2018, por ejemplo, se aprobaron casi 25.700 millones de pesos para publicidad (1.285 millones de d¨®lares), pero se gastaron en realidad 52.585 millones de pesos (2.600 millones de d¨®lares), seg¨²n los datos oficiales.
Los excesos en el gasto para propaganda derivan en un bombardeo medi¨¢tico que publicita los logros del Gobierno y que crea una relaci¨®n endog¨¢mica y de dependencia entre la prensa y las autoridades, en la que los medios afines pueden recibir m¨¢s dinero sin criterios espec¨ªficos ni claramente definidos. "Hist¨®ricamente, la regla ha sido la discrecionalidad y el uso faccioso de recursos", sostiene N¨²?ez.
Uno de los instrumentos de la nueva pol¨ªtica de comunicaci¨®n es fijar un tope para impedir que un solo consorcio medi¨¢tico reciba m¨¢s del 25% del presupuesto en publicidad oficial, as¨ª como la desaparici¨®n de contratos anuales. La intenci¨®n es acabar con la l¨®gica de premios y castigos a la prensa, ha asegurado el portavoz del Gobierno, Jes¨²s Ram¨ªrez. "No hay ninguna censura para nadie (¡) no lo hacemos ni lo vamos a hacer", agrega L¨®pez Obrador. Pero la ausencia de especificidad en los criterios sobre el otro 75% levanta dudas, en opini¨®n de N¨²?ez, de Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad.
En los lineamientos que regir¨¢n la relaci¨®n entre el Gobierno y la prensa se establece que el gasto en publicidad no superar¨¢ el 0,1% del presupuesto, unos 5.800 millones de pesos, una cifra que, sin embargo, ya es de por s¨ª superior a lo aprobado. Si alguna dependencia gubernamental necesita gastar m¨¢s en mensajes de propaganda deber¨¢ fundamentar los motivos y transparentar en qu¨¦ se utiliz¨® el dinero. El Ejecutivo afirma que son candados necesarios para evitar abusos, pero las organizaciones no gubernamentales que han seguido el tema creen que permite que se vuelva a gastar m¨¢s de lo asignado.
En el fondo de la discusi¨®n est¨¢ la Ley de Comunicaci¨®n Social, aprobada en mayo pasado y en vigor desde este a?o y llamada despectivamente ley chayote por sus detractores, en alusi¨®n al "chayote", como se denomina en M¨¦xico a los pagos que reciben los periodistas para publicar informaci¨®n tendenciosa o favorable al Gobierno de turno. Morena ha dicho en campa?a que buscar¨¢ derogarla para acabar con la opacidad, pero el proyecto no ha avanzado en el Legislativo. Queda por ver si se respetar¨¢n las disposiciones que se han presentado, el impacto econ¨®mico en los medios que se hab¨ªan beneficiado de las viejas pr¨¢cticas y, en definitiva, si se materializar¨¢ en una relaci¨®n m¨¢s transparente entre medios de comunicaci¨®n y Ejecutivo federal.
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