La justicia europea declara ilegal el adelanto de la jubilaci¨®n de los jueces polacos
Varsovia dio marcha atr¨¢s a la medida en noviembre ante la presi¨®n comunitaria
La justicia europea cierra por completo las puertas a que el Gobierno polaco consume su intervenci¨®n en el poder judicial. El Tribunal de Justicia de la UE ha convertido este lunes en definitivo el bloqueo provisional que ya pesaba sobre la controvertida decisi¨®n de Varsovia, que adelant¨® de 70 a 65 a?os la edad de jubilaci¨®n de los magistrados del Tribunal Supremo para forzar la salida de un tercio de ellos y tener as¨ª v¨ªa libre para realizar nuevos nombramientos. "No est¨¢ justificada por un objetivo leg¨ªtimo y viola el principio de inamovilidad del juez, inherente a su independencia", se?ala el fallo.
La sentencia llega ocho meses despu¨¦s de que la Corte de Luxemburgo, en una decisi¨®n sin precedentes, frenara la reforma promovida por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS) a petici¨®n de la Comisi¨®n Europea. La medida no supondr¨¢, en la pr¨¢ctica, ning¨²n cambio palpable, dado que el Ejecutivo polaco acept¨® el mandato del tribunal europeo y recul¨® un mes despu¨¦s al presentar una enmienda a la ley que implic¨® la reincorporaci¨®n a sus puestos de los 27 jueces obligados a jubilarse ¡ªun tercio de los 72¡ª. Pero aunque no altere el sistema, el dictamen refuerza a Bruselas en su disputa con Polonia por el respeto al Estado de derecho. "Es una decisi¨®n importante en apoyo de la independencia del poder judicial en Polonia y m¨¢s all¨¢", celebr¨® la Comisi¨®n Europea en un comunicado.
El forcejeo entre Bruselas y Varsovia a cuenta de la reforma del Supremo se agrav¨® en julio de 2017, cuando el Parlamento polaco aprob¨® la ley que favorec¨ªa el control gubernamental de la justicia y el Ejecutivo comunitario le abri¨® un expediente por su deriva autoritaria. La ley estipulaba que quienes hubieran superado los 65 a?os tendr¨ªan que pedirle al presidente polaco, Andrzej Duda, que les dejara continuar y este podr¨ªa ¡ªo no¡ª renovar su mandato por tres a?os m¨¢s. La justicia europea ha tirado abajo ese andamiaje legislativo al considerar que el cese anticipado "solamente puede admitirse si est¨¢ justificado por un objetivo leg¨ªtimo y es proporcionado".
Entre los jueces del Supremo afectados por la medida estaba su primera presidenta, Malgorzata Gersdorf. La magistrada se convirti¨® en un s¨ªmbolo de la lucha por la independencia judicial al negarse a acatar su despido y seguir acudiendo a su despacho d¨ªas despu¨¦s de la iniciativa del Gobierno, liderado en la sombra por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski.
Una vez que Varsovia dio marcha atr¨¢s en la ley que politizaba la justicia, la Comisi¨®n pudo retirar la denuncia, pero en su lugar prefiri¨® seguir adelante y que los tribunales de la UE dejaran claros los l¨ªmites para evitar as¨ª futuras tentaciones de inmiscuirse en la justicia. "Segu¨ªa existiendo inter¨¦s en que se resolviese el presente asunto, habida cuenta de la importancia que reviste la independencia del Poder Judicial en el ordenamiento jur¨ªdico de la Uni¨®n", dice el texto.
Los Estados miembros tienen libertad para organizar su sistema judicial, pero los m¨¢rgenes de los que no pueden salirse los delimitan los tratados comunitarios. Polonia aleg¨® que la reforma pretend¨ªa equiparar la jubilaci¨®n de los jueces con la del conjunto de trabajadores del pa¨ªs. Pero el argumento no convenci¨® ni a Bruselas primero, ni ahora a los tribunales, que ven detr¨¢s del movimiento un intento de los ultraconservadores polacos de construir una justicia a su medida y un riesgo para la separaci¨®n de poderes. "El establecimiento de un nuevo mecanismo que confiere al presidente de la rep¨²blica la facultad discrecional para prorrogar el mandato de los jueces, y el hecho de que la medida afectara a alrededor de un tercio de los miembros de este tribunal, entre ellos a su presidenta primera ¨Dcuyo mandato de seis a?os garantizado por la Constituci¨®n se redujo de resultas de esa medida¨D, pueden suscitar serias dudas en cuanto a las verdaderas finalidades de esta reforma", afirma el fallo elevando las sospechas de una injerencia del ejecutivo.
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