El Supremo frente a Johnson: la batalla judicial del Brexit

El Tribunal Supremo del Reino Unido, que a partir de este lunes debe decidir si la suspensi¨®n del Parlamento promovida por Boris Johnson se ajust¨® a la legalidad, esconde un peque?o secreto. Su presidenta, Brenda Hale, de 74 a?os, una cabeza jur¨ªdica privilegiada que bajo un tono suave y amable alberga una inteligencia rigurosa e inquisitiva, escogi¨® para el escudo de armas con el que ingres¨® a la C¨¢mara de los Lores el lema Omnia feminae aequissimae?("las mujeres son iguales en todo"). Y en los ¨²ltimos a?os se situ¨® en primera l¨ªnea de batalla contra el anacronismo de que el divorcio en el Reino Unido todav¨ªa sea causal?¡ªa¨²n es necesario demostrar el adulterio, el comportamiento irracional o la inmadurez¡ª. El proyecto de ley que reformaba ese retraso decay¨®, junto con otros, el d¨ªa en que Johnson decidi¨® aconsejar a la reina que ordenara el cierre de Westminster.

Es una an¨¦cdota, que no deber¨ªa influir en el fondo del asunto que debaten los 11 magistrados ¡ª¡°El Tribunal Supremo no entrar¨¢ en el debate pol¨ªtico, y tomar¨¢ su decisi¨®n sin presiones ni favoritismos, sin inclinaciones personales ni mala voluntad¡±, advirti¨® Hale al inicio de las sesiones¡ª, pero que a?ade un punto de morbo al caso judicial m¨¢s relevante en la historia constitucional del Reino Unido de los ¨²ltimos a?os. ¡°La ley es racional. La ley es coherente. La ley es consistente en su an¨¢lisis y rigurosa. Pero en los asuntos p¨²blicos, todas estas caracter¨ªsticas no son necesariamente virtudes. La opacidad, la inconsistencia y los ama?os pueden no ser intelectualmente puros, y por eso los juristas los rechazan. Pero normalmente forman parte del tipo de compromisos que la sociedad est¨¢ obligada a adquirir para vivir en paz¡±, dec¨ªa el exmagistrado del Supremo Jonathan Sumption en una conferencia magistral. Es de los que defiende que la capacidad del Gobierno de decidir cu¨¢ndo se abre y cierra el Parlamento es una convenci¨®n pol¨ªtica en la que los jueces no deber¨ªan interferir. Fue el mismo criterio aplicado por el Alto Tribunal de Londres, que rechaz¨® la demanda contra la decisi¨®n de Johnson. Sin embargo, el Alto Tribunal de Escocia declar¨® ilegal y nula la suspensi¨®n. Consider¨® que el motivo oculto detr¨¢s de esa medida era atar las manos a los diputados en su intento de frenar un Brexit sin acuerdo.

Durante tres sesiones intensas, los magistrados del Supremo ¡ª¨¢rbitros ¨²ltimos de este choque de jurisdicciones¡ª han escuchado los argumentos de una y otra parte. El Gobierno confi¨® precipitadamente en que los tribunales optar¨ªan finalmente por respetar la separaci¨®n de poderes y no meterse en pol¨ªtica. Pero la insistencia de los 11 jueces en preguntar, durante la vista, por las consecuencias pr¨¢cticas que implicar¨ªa revertir la orden de Downing Street; el modo en que la presidenta del tribunal acos¨® a preguntas al abogado del Estado; y la tardanza en emitir una sentencia que habr¨ªa sido inmediata de no existir dudas relevantes han desatado los nervios en el equipo de Johnson.

Si el Supremo decide finalmente esta semana anular la suspensi¨®n del Parlamento, no solo surgir¨¢n una serie de interrogantes pr¨¢cticos que agitar¨¢n a¨²n m¨¢s las aguas pol¨ªticas del Reino Unido: ?Cumplir¨¢ la orden Johnson? ?C¨®mo lo har¨¢? ?Debe pedir a la reina que d¨¦ marcha atr¨¢s en su decisi¨®n? ?Se atrever¨¢ Downing Street a imponer una nueva suspensi¨®n? ?En qu¨¦ papel queda un primer ministro que ofreci¨® a la monarca un consejo desleal?

Se abrir¨¢ adem¨¢s una nueva senda constitucional a la que el sistema brit¨¢nico no estaba acostumbrado. A diferencia de la mayor¨ªa de las naciones democr¨¢ticas, el Reino Unido no tiene una Constituci¨®n escrita. La soberan¨ªa no reside en el pueblo sino en el Parlamento. Era, hasta ahora, el ¨²nico l¨ªmite a un Gobierno con una inmensa capacidad de maniobra reforzada por usos y convencionalismos seculares. Hasta que, en 2009, Tony Blair arrebat¨® la ¨²ltima instancia judicial a la C¨¢mara de los Lores e instaur¨® el Tribunal Supremo. Al igual que su hom¨®nimo estadounidense o que los tribunales constitucionales de otras naciones europeas, la instituci¨®n ha decidido erigirse en el garante ¨²ltimo de la legalidad y dejar claro que ni el inmenso poder del Ejecutivo ni la legitimidad del Parlamento tienen la ¨²ltima palabra en un Estado de derecho.