El espionaje contra periodistas y pol¨ªticos sacude al Ej¨¦rcito de Colombia y pone en jaque al uribismo

Una trama de espionaje contra periodistas, corresponsales extranjeros, pol¨ªticos y abogados de derechos humanos. Unidades del Ej¨¦rcito de Colombia realizaron, entre febrero y diciembre del a?o pasado, seguimiento a m¨¢s de 130 personas con el apoyo log¨ªstico y econ¨®mico de una agencia de inteligencia estadounidense, seg¨²n denuncia uno de los militares implicados. Los informes, publicados el viernes por la revista Semana, recogen los perfiles de profesionales que, por la naturaleza de su propio trabajo, suelen tener acceso a informaci¨®n confidencial. Esas carpetas contienen n¨²meros de tel¨¦fono, ¡°direcciones de residencia y trabajo, correos electr¨®nicos, amigos, familiares, hijos, colegas, contactos, infracciones de tr¨¢fico y hasta lugares de votaci¨®n¡±, detalla la publicaci¨®n.

Los hombres bomba

Las actividades de espionaje, llevadas a cabo a trav¨¦s de distintas herramientas inform¨¢ticas, coinciden con el per¨ªodo de jefatura del Ej¨¦rcito del general Nicacio Mart¨ªnez Espinel, quien dej¨® el cargo a finales de diciembre por "motivos familiares¡±, inform¨® entonces el presidente Iv¨¢n Duque. Este mando militar fue se?alado hace justo un a?o por una informaci¨®n de The New York TImes, que revel¨® el regreso de la fuerza terrestre a una pr¨¢ctica perversa que, la pasada d¨¦cada, dio pie a miles de ejecuciones extrajudiciales. Esto es, un sistema interno de beneficios e incentivos para mejorar resultados: el origen del esc¨¢ndalo de los mal llamados falsos positivos, asesinatos de civiles, en su mayor¨ªa campesinos, presentados despu¨¦s como guerrilleros ca¨ªdos en combate.

El que en ese momento era corresponsal de The New York Times, Nicholas Casey, fue una de las primeras v¨ªctimas de esos seguimientos. El informe elaborado por los militares recoge posibles fuentes, fotos de sus contactos personales y profesionales y lo vincula con ¡°zonas de influencias de FARC¡±. Tras ¨¦l, fueron incluidos otros periodistas de Estados Unidos o corresponsales de medios de ese pa¨ªs. Entre ellos, Juan Forero, veterano reportero hoy jefe de la oficina de The Wall Street Journal. Su caso demuestra adem¨¢s el nulo rigor de estos seguimientos. Junto a sus datos, explica Semana, aparece una fotograf¨ªa de su padre. Tambi¨¦n figuran en las carpetas John Otis, corresponsal para Am¨¦rica Latina de la National Public Radio (NPR); Stephen Ferry, reconocido fot¨®grafo independiente, o la fotoperiodista Lindsay Addario, que realiz¨® un reportaje sobre el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN). Bajo la lupa de los militares tambi¨¦n estuvieron los colombianos Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisi¨®n, Yolanda Ruiz, de RCN Radio, Mar¨ªa Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol, Ginna Morelo, de El Tiempo, o Ignacio G¨®mez, de Noticias Uno.

Esa red de espionaje y el empleo de recursos p¨²blicos en estas actividades es especialmente grave en Colombia, un pa¨ªs que acaba de salir de una guerra con las FARC, pero donde siguen operando varios grupos criminales y disidencias de la antigua guerrilla y que es el mayor productor mundial de coca. Estos ¡°trabajos especiales", realizados principalmente por unidades de ciberinteligencia, respond¨ªan a la cadena de mando. Las publicaciones sobre el Ej¨¦rcito enfurecieron a Mart¨ªnez Espinel, que fue nombrado al frente del Ej¨¦rcito por Duque a finales de 2018. En la transici¨®n entre el mandato de Juan Manuel Santos -que impuls¨® el proceso de paz y logr¨® la desmovilizaci¨®n de las FARC- y el actual mandatario, el ala m¨¢s radical del Centro Democr¨¢tico, el partido del expresidente ?lvaro Uribe, se asegur¨® el control del ¨¢rea de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El ministro Guillermo Botero tuvo que dimitir a finales del a?o pasado tras ocultar la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Y entonces empezaron a caer algunas de las piezas m¨¢s cuestionadas de las Fuerzas Armadas.

Las operaciones de vigilancia tambi¨¦n apuntaron a pol¨ªticos y abogados de los derechos humanos. Entre ellos, nada menos que Jorge Mario Eastman, que fue exviceministro de Defensa y hasta hace un a?o secretario general de la presidencia. O el director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch (HRW), Jos¨¦ Miguel Vivanco, que siempre ha estado muy implicado con el esclarecimiento de la verdad en las investigaciones relacionadas con los falsos positivos. ¡°Las graves denuncias de que el Ej¨¦rcito colombiano realiza interceptaciones ilegales y produce inteligencia sobre periodistas, pol¨ªticos y abogados de derechos humanos atentan contra la democracia y el estado de derecho¡±, declar¨® Vivanco a EL PA?S. "Debe haber investigaciones serias y contundentes que muestren resultados cre¨ªbles para la ciudadan¨ªa. De lo contrario, el pa¨ªs corre un serio riesgo de que estas pr¨¢cticas se normalicen¡±. La Fundaci¨®n para la Libertad de Prensa (FLIP) conden¨® duramente esa trama. ¡°Inaceptable que en Colombia permanezcan las pr¨¢cticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. Son acciones propias de reg¨ªmenes autoritarios en contra del derecho a la informaci¨®n¡±.

El actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sali¨® al paso de estas acusaciones con algunos anuncios. En primer lugar, apart¨® del servicio activo a 11 oficiales y anunci¨® que un brigadier general solicit¨® su retiro voluntario del servicio. ¡°En referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la pol¨ªtica institucional de cero tolerancia con la ejecuci¨®n de conductas al margen de la ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley¡±, inform¨® su departamento. El Comando General de las Fuerzas Militares tambi¨¦n abri¨® una ¡°investigaci¨®n disciplinaria y a su vez deleg¨® a la Inspecci¨®n General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificaci¨®n de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia¡±.

En cualquier caso, la gravedad del esc¨¢ndalo en un pa¨ªs ya acostumbrado a las llamadas chuzadas o interceptaciones tiene visos de generar un terremoto pol¨ªtico que sacude los cimientos, principalmente, del partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico y esa corriente pol¨ªtica que se referencia en el expresidente Uribe, el llamado uribismo.