Destituido el gobernador de R¨ªo de Janeiro en una gran operaci¨®n policial por corrupci¨®n durante la crisis del coronavirus

El estado brasile?o de R¨ªo de Janeiro pierde un gobernador m¨¢s por corrupci¨®n, en este caso todav¨ªa son sospechas. Wilson Witzel, de 52 a?os, ha sido apartado del cargo durante seis meses en una decisi¨®n judicial por el supuesto desv¨ªo de fondos p¨²blicos en las compras estatales para gestionar la crisis sanitaria del coronavirus. Entre la veintena de personas investigadas y cuyos domicilios han sido registrados, est¨¢n el vicegobernador, el presidente de la Asamblea Legislativa de R¨ªo y el presidente del partido de Witzel, un pastor evang¨¦lico que bautiz¨® al presidente Jair Bolsonaro hace unos a?os en el r¨ªo Jord¨¢n. Los dos ¨²ltimos predecesores del ahora destituido gobernador Witzel cumplen condena en la c¨¢rcel por casos de corrupci¨®n vinculados al mega caso Lava Jato.

El presidente Bolsonaro se ha limitado a ironizar sobre la operaci¨®n policial contra su antiguo aliado y actual adversario sin ser expl¨ªcito.

Witzel era un desconocido juez y marine cuando se embarc¨® en la carrera electoral con la que lleg¨® al poder en R¨ªo de Janeiro en enero de 2019. Entonces aliado de Jair Bolsonaro, venci¨® con un discurso de mano de dura para acabar con la violencia que carcome el tercer estado m¨¢s poblado de Brasil. Bajo la fachada de la capital tur¨ªstica por excelencia del pa¨ªs y sede de los Juegos Ol¨ªmpicos de 2016, se esconde una realidad de profunda desigualdad socioecon¨®mica, violencia de las bandas criminales, narcotr¨¢fico y abusos policiales, adem¨¢s de una enraizada corrupci¨®n. Pr¨¢cticamente todos los gobernadores de los ¨²ltimos a?os han sido condenados o investigados por irregularidades.

La Fiscal¨ªa sostiene que desde que Witzel gan¨® las elecciones a finales de 2018 se ha organizado un sistema criminal en el seno del Gobierno estatal, que ha quedado dividido en tres grupos que compiten por el poder pagando sobornos a funcionarios p¨²blicos. ¡°Liderados por empresarios, estos grupos entregaron algunos de los principales ministerios estatales ¨Ccomo el departamento de Salud¨C para poner en marcha sistemas que beneficiaran a sus empresas¡±, afirman los investigadores en una nota. Los fiscales sospechan que parlamentarios y jueces estatales tambi¨¦n est¨¢n implicados en la trama en la que Witzel es acusado de haber cobrado comisiones millonarias de empresas a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos. Su esposa, Helena, es tambi¨¦n investigada por intermediar en los contratos bajo sospecha.

Aunque es uno de los objetivos de la operaci¨®n policial, el n¨²mero dos de Witzel, el vicegobernador Claudio Castro, asume las riendas de R¨ªo de Janeiro, que atraviesa tambi¨¦n grav¨ªsimos problemas econ¨®micos.

R¨ªo de Janeiro fue una de las puertas de entrada de la pandemia a Brasil, donde el coronavirus ha matado ya a casi 120.000 personas y contagiado a 3,7 millones. En los primeros meses, la red hospitalaria lleg¨® a estar al borde del colapso. Fue entonces cuando el gobernador Witzel se distanci¨® del presidente Bolsonaro para forjar con otros hom¨®logos un frente pol¨ªtico que defiende medidas de aislamiento social y semiconfinamientos a la ciudadan¨ªa para frenar los contagios. Una postura que contrasta con la adoptada desde el principio de la crisis por Bolsonaro, negacionista de la gravedad de la epidemia.

En mayo se supo que Witzel era investigado por un contrato de emergencia por 835 millones de reales (150 millones de d¨®lares, 125 millones de euros) firmado entre el Gobierno y la organizaci¨®n social IABAS, una entidad privada que brinda servicios de salud. El contrato era para construir y administrar siete hospitales de campa?a para pacientes infectados por el coronavirus. Los investigadores sostienen que el grupo se manejaba sobre todo mediante la manipulaci¨®n de las licitaciones y la creaci¨®n de lo que denominan una ¡°caja de sobornos¡± y el cobro de un porcentaje de las obras.

La destituci¨®n de Witzel durante 180 d¨ªas y las ¨®rdenes de arresto y de registros tanto en los palacios de Laranjeira y de Guanabara, sedes de las principales autoridades estatales, en la Asamblea y en varios domicilios fueron autorizadas por un juez del Tribunal Superior de Justicia. El juez rechaz¨® la petici¨®n de los fiscales investigadores de ordenar el env¨ªo a prisi¨®n preventiva de Witzel.