Las dictaduras extienden la represi¨®n m¨¢s all¨¢ de sus fronteras

Un tribunal belga sentenci¨® el pasado jueves a un diplom¨¢tico iran¨ª a 20 a?os de c¨¢rcel por planear un atentado fallido contra un grupo opositor de su pa¨ªs en 2018. Es la primera condena de este tipo tras una serie de casos que implican al r¨¦gimen de Teher¨¢n en la persecuci¨®n de sus disidentes en Europa. No es el ¨²nico. Cada vez m¨¢s las dictaduras extienden su represi¨®n en el extranjero, seg¨²n ha denunciado esta semana la organizaci¨®n estadounidense de defensa de derechos Freedom House. Despu¨¦s de China, tres de los mayores agresores transnacionales est¨¢n en Oriente Pr¨®ximo: Turqu¨ªa, Ir¨¢n y Arabia Saud¨ª.

Asesinatos, secuestros, amenazas, deportaciones ilegales... todo vale para acallar a la cr¨ªtica. La muerte del periodista saud¨ª Jamal Khashoggi a manos de agentes de Arabia Saud¨ª en el Consulado de este pa¨ªs en Estambul lleg¨® a los titulares de todo el mundo. No todas las v¨ªctimas son tan conocidas. El informe de Freedom House, Out of Sight, Not Out of Reach (Fuera de vista, no fuera de alcance), detalla 608 casos de represi¨®n transnacional llevados a cabo por 31 pa¨ªses desde 2014. Pero esa organizaci¨®n, que financia el Gobierno de EE UU, estima que los ataques no s¨®lo afectan a sus v¨ªctimas directas, sino que intimidan y coaccionan a cerca de 3,5 millones de personas en todo el mundo.

¡°Lo que parecen ser incidentes aislados cuando se ven por separado (un asesinato aqu¨ª, un secuestro all¨¢) constituyen de hecho una amenaza constante en todo el mundo, que afecta a la vida de millones de personas y cambia la forma en que activistas, periodistas y gente corriente viven sus vidas. La represi¨®n transnacional ya no es una herramienta excepcional, sino una pr¨¢ctica normal e institucionalizada por decenas de pa¨ªses que intentan controlar a sus ciudadanos en el exterior¡±, explican los autores.

Para ello, los reg¨ªmenes represores utilizan todos los recursos a su alcance. Desde la vigilancia de las redes sociales a la intimidaci¨®n f¨ªsica de los disidentes o exiliados y el chantaje a sus familias, pasando por las presiones a los pa¨ªses en los que se refugian. Seg¨²n el informe, la mayor¨ªa de sus actividades incluye un cierto grado de cooperaci¨®n entre el pa¨ªs de origen de la v¨ªctima y el pa¨ªs anfitri¨®n, en especial cuando se trata de deportaciones ilegales, como la que devolvi¨® a Ir¨¢n desde el vecino Irak al periodista Ruhollah Zam, luego ejecutado.

Esa complicidad no siempre es posible. Entre los 79 pa¨ªses donde se han producido los casos recopilados por Freedom House tambi¨¦n est¨¢n varios europeos, Estados Unidos y otras democracias. Se recurre entonces a otras f¨®rmulas como cancelar el pasaporte para limitar los movimientos del opositor en el extranjero o explotar los recursos de la ley internacional. El informe denuncia que una decena de pa¨ªses, entre los que destacan China, Rusia, Turqu¨ªa e Ir¨¢n, han instrumentalizado Interpol, la organizaci¨®n internacional de polic¨ªa criminal. Se plasma en el abuso de sus alertas, las conocidas como fichas rojas, para intentar la detenci¨®n de disidentes o la expulsi¨®n de exiliados.

Si el objetivo de silenciar a los opositores y muchas de las t¨¢cticas son comunes, tambi¨¦n cada pa¨ªs ofrece sus peculiaridades. China, responsable de un tercio de los casos analizados, se centra en las minor¨ªas uigur y tibetana y en los seguidores del movimiento Falun Gong. Turqu¨ªa, que ocupa el segundo lugar, persigue a los seguidores de Fetul¨¢ G¨¹len, a quien el presidente Recep Tayyip Erdogan acusa de un intento de golpe de Estado en 2016. A diferencia de Rusia, donde preocupan sobre todo los rivales de Vladimir Putin, Ir¨¢n y Arabia Saud¨ª apuntan a todos los exiliados que expresan su descontento en general y tratan de hacerlos regresar, aunque sea mediante enga?os.

La intimidaci¨®n sobre la di¨¢spora es particularmente intensa en el caso de Ir¨¢n. Desde la revoluci¨®n de 1979, el r¨¦gimen recurri¨® al asesinato de disidentes exiliados. Tras un par¨¦ntesis a principio de siglo, ha vuelto a recurrir a esa t¨¢ctica y al secuestro y repatriaci¨®n ilegal. Desde 2014, el informe vincula a Teher¨¢n con cinco asesinatos o intentos de asesinato en tres pa¨ªses y planes frustrados en al menos otros dos, uno de ellos el que se ha juzgado en B¨¦lgica. M¨¢s extendido y menos visible es el reclutamiento voluntario o bajo coerci¨®n de iran¨ªes que viven en el extranjero, ¡°un componente clave de su campa?a de represi¨®n transnacional¡±.

Otra obsesi¨®n son los periodistas. La iran¨ª Masih Alinejad es un claro ejemplo. Tal como cont¨® a EL PA?S el pasado diciembre, el acoso en la redes se transform¨® en amenazas de muerte tras la ejecuci¨®n de Zam. La presi¨®n se extendi¨® a su familia. Su hermano est¨¢ en la c¨¢rcel por negarse a colaborar en una trampa para que ella regresara a Ir¨¢n. Hace un a?o, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunci¨® que dos centenares de periodistas iran¨ªes exiliados estaban siendo intimidados, una cuarta parte de ellos con amenazas de muerte.

Respecto a Arabia Saud¨ª, Freedom House destaca un peculiar aspecto de g¨¦nero que no aprecia en otros pa¨ªses. ¡°Puede deberse en parte a las estructuras familiares de control, pero tambi¨¦n a la excepcional proyecci¨®n de las activistas por los derechos de las mujeres saud¨ªes, que las convierte en objetivo del Estado por s¨ª mismas¡±, afirma el informe. Pone como ejemplo el caso de Dina Ali Lasloom, quien en 2017 intent¨® huir a Australia para evitar un matrimonio impuesto y fue devuelta desde Filipinas, donde hizo escala. ¡°No pudo ocurrir sin la intervenci¨®n del Estado saud¨ª¡±, se?ala.

Adem¨¢s, destaca la cooperaci¨®n de otras monarqu¨ªas del Golfo en al menos tres de las 10 deportaciones ilegales de sus ciudadanos que ha documentado, entre ellas la entrega de la activista Loujain al Hathloul por parte de Emiratos ?rabes Unidos en 2018. ¡°Se desconoce el alcance pleno de la cooperaci¨®n entre los Estados del Golfo¡±, admite antes de mencionar que existen indicios de que dicha cooperaci¨®n se gestiona ¡°a nivel personal, al margen de lo que establezcan los acuerdos de seguridad formales¡±.