La decisi¨®n de sacar a los militares a la calle desata nuevas cr¨ªticas contra el presidente Duque en Colombia

Cuando se ha cumplido ya un mes de todo tipo de marchas, protestas, disturbios y bloqueos contra el Gobierno de Iv¨¢n Duque, el presidente de Colombia ha decidido sacar otra vez a los militares a las calles. Una medida que acrecienta las diferencias con sus cr¨ªticos ante la represi¨®n contra los manifestantes. Despu¨¦s de una nueva jornada de caos y violencia el viernes 29 de mayo, el mandatario viaj¨® ese d¨ªa hasta Cali, donde hubo m¨¢s de una decena de muertos, y orden¨® militarizar la ciudad y el departamento del Valle del Cauca. Despu¨¦s, de madrugada, extendi¨® en un decreto la figura de la asistencia militar a la polic¨ªa para otros siete de los 32 departamentos del pa¨ªs: Cauca, Nari?o, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquet¨¢ y Risaralda. El decreto tambi¨¦n cobija a una docena de ciudades.

La medida, entre otras disposiciones, ordena a alcaldes y gobernadores levantar los bloqueos (barricadas) de carreteras por parte de los manifestantes. El Gobierno lo ha defendido como una necesidad. ¡°Los bloqueos no son una forma de protesta pac¨ªfica. Aunque se hagan sin armas y sin agredir, son en s¨ª mismos una forma de violentar los derechos de los dem¨¢s (...) Por eso, la fuerza p¨²blica tiene que intervenir en los desbloqueos¡±, sosten¨ªa el mandatario en una entrevista con EL PA?S. Para varios observadores la figura de la asistencia militar, a la que se opone el comit¨¦ nacional del paro que busca abrir una mesa de negociaci¨®n con el Gobierno, entorpece el di¨¢logo y agrava la crisis. De inmediato, la medida provoc¨® reparos de defensores de derechos humanos, juristas, pol¨ªticos de oposici¨®n e incluso algunos alcaldes, que se exponen a sanciones si no la acatan.

El coro de cr¨ªticas ha comenzado por la oposici¨®n. ¡°El presidente se la juega por la opci¨®n de la fuerza, y los alcaldes y gobernadores, que en alg¨²n momento podr¨ªan mediar en el conflicto, quedan incluidos por efecto del decreto, porque est¨¢n entre quienes tienen que dar orden de desalojo¡±, ha dicho el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal. Su colega Iv¨¢n Cepeda, del Polo Democr¨¢tico, ha ido m¨¢s all¨¢, al considerar que ¡°en la pr¨¢ctica, es un golpe de Estado¡±, pues a su juicio sustituye la autoridad civil en buena parte del territorio y normaliza los episodios de abusos y brutalidad policial que se han presentado. Para la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, ¡°viola la autonom¨ªa territorial, prioriza la acci¨®n militar sobre la policial en disturbios internos, el uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoci¨®n pero evita el control constitucional¡±.

Tener a los militares en las calles tampoco es bienvenido por gobernantes locales. ¡°Mientras yo sea alcaldesa no habr¨¢ militarizaci¨®n de Bogot¨¢, eso es echar le?a al fuego¡±, se ha apresurado a advertir Claudia L¨®pez, que ha mantenido un pulso de liderazgos con Duque en varios frentes. La capital, sin embargo, no est¨¢ incluida en el decreto presidencial. ¡°Esto no significa que vaya a haber una militarizaci¨®n de la ciudad¡±, asegura por su parte Juan Carlos C¨¢rdenas, el alcalde de Bucaramanga, una urbe en el oriente del pa¨ªs que inesperadamente apareci¨® en la lista.

¡°Vamos a garantizar los derechos de todos, los que protestan y los que no protestan. Cuando ha habido actos de violencia, hemos actuado con la polic¨ªa para garantizar el orden p¨²blico¡±, defiende C¨¢rdenas, que se declara sorprendido por la inclusi¨®n de su ciudad, en di¨¢logo con EL PA?S. ¡°Bucaramanga no ha tenido perdidas de vidas, no registra ninguna desaparici¨®n ni sufre desabastecimiento. No logramos entender el criterio, pero es una orden presidencial que hay que acatar¡±, apunta. ¡°M¨¢s all¨¢ del decreto, s¨ª creemos que el camino de todo este proceso de protesta social para buscar soluciones, m¨¢s all¨¢ de la misma fuerza p¨²blica, es el di¨¢logo con los diferentes grupos que est¨¢n protestando¡±.

El decreto contiene ¡°un peligroso vac¨ªo¡±, ha advertido Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. ¡°Las ¨®rdenes dictadas no incluyen ninguna referencia expl¨ªcita a priorizar el di¨¢logo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos¡±, ha se?alado, una grave carencia ¡°que puede tener consecuencias irreparables¡±. Varios juristas le dan la raz¨®n. En esa misma direcci¨®n apunta Rodrigo Uprimny, investigador del centro de pensamiento Dejusticia. ¡°Ordenar levantar a la fuerza todos los bloqueos¡±, se?ala, es inconstitucional por varias razones, ¡°pues muchos de ellos est¨¢n protegidos por el derecho a la protesta, aunque haya otros que lo desborden por afectar desproporcionadamente derechos de terceros¡±.

La medida es ¡°inconstitucional e inconveniente¡±, coincide Catalina Botero, quien ha sido decana de Derecho de la Universidad de Los Andes y relatora de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¡°En un Estado democr¨¢tico primero utilizas todos los medios a tu disposici¨®n, y solo cuando resulta indispensable en los bloqueos no protegidos por la Constituci¨®n, entonces puedes intervenir con el uso de la fuerza¡±, apunta. El decreto reafirma la aproximaci¨®n al estallido social que ha tenido el Gobierno, ¡°en virtud de la cual considera que es un problema de orden p¨²blico, de bandidos, de v¨¢ndalos, de personas al margen de la ley organizadas para desestabilizar al Estado. Y por lo tanto desconoce toda la complejidad y la heterogeneidad de lo que est¨¢ pasando en Colombia¡±, lo que acaba por alimentar la tensi¨®n.

La figura solo podr¨ªa ser utilizada a trav¨¦s de un decreto de excepci¨®n que tenga un control previo de las Cortes, algo que el Ejecutivo obvia en este caso, valora Botero. ¡°Un pa¨ªs democr¨¢tico no puede poner a los militares en la calle a resolver problemas de orden p¨²blico si no se dan unas condiciones que son muy excepcionales¡±, enfatiza. ¡°Se trata de restricciones muy fuertes a los derechos fundamentales. Es una forma de eludir un mecanismo fundamental para la democracia, que es el control de constitucionalidad¡±.

Los estados de excepci¨®n

Para algunos cr¨ªticos, la asistencia militar ha sido una forma soterrada de acercarse a la figura de conmoci¨®n interior, uno de los tres estados de excepci¨®n que contempla la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Colombia (los otros dos son guerra exterior y emergencia econ¨®mica) y que se utiliza en caso de graves perturbaciones internas del orden p¨²blico. El presidente, con la firma de todos sus ministros, puede decretarla en todo el pa¨ªs o parte de ¨¦l en caso de que la alteraci¨®n del orden p¨²blico ¡°atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana¡±, y ¡°no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de polic¨ªa¡±, indica el art¨ªculo 213 de la Constituci¨®n.

La declaraci¨®n de ese estado de excepci¨®n solo puede hacerse por noventa d¨ªas y bajo un riguroso control pol¨ªtico del Congreso y la Corte Constitucional. En la pr¨¢ctica ¨Ccomo explican expertos¨C es una forma de militarizar la vida cotidiana y le da facultades extraordinarias al presidente, como la restricci¨®n de la libre circulaci¨®n de personas en lugares y horas concretas o suspender la libertad de reuniones. En ning¨²n caso, dice la Constituci¨®n, ¡°los civiles podr¨¢n ser investigados o juzgados por la justicia penal militar¡±, ni se podr¨¢n suspender los derechos humanos.

La ¨²ltima vez que se decret¨® la conmoci¨®n interior fue en 2008, durante la presidencia de ?lvaro Uribe, fundador del partido Centro Democr¨¢tico. El entonces presidente ya hab¨ªa recurrido a la figura en 2002. Antes, en 1992 y 1994 lo hab¨ªa hecho el liberal Cesar Gaviria. Pero de acuerdo con Mauricio Villegas, en su art¨ªculo Un pa¨ªs en estados de excepci¨®n, Colombia vivi¨® bajo esa figura entre 1970 y 1991. Villegas recuerda en ese art¨ªculo publicado en el diario El Espectador que durante el Gobierno de Julio C¨¦sar Turbay Ayala (1978-1982) ese estado de excepci¨®n se convirti¨® en ¡°instrumento de represi¨®n de las actividades ilegales del narcotr¨¢fico y la subversi¨®n¡± m¨¢s que de instrumento de control.

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