Los ciudadanos perdidos del Brexit
Las asociaciones humanitarias calculan en m¨¢s de 100.000 las personas vulnerables que pasar¨¢n a una situaci¨®n de irregularidad a partir de este mi¨¦rcoles
Mar¨ªa prefiere no dar su apellido. Tiene 84 a?os. Lleva 60 de ellos en el Reino Unido. Muchos m¨¢s que en Asturias, su tierra natal. Se lanz¨® a la aventura de la inmigraci¨®n, acab¨® casada con un ingl¨¦s. Arrastra su carrito en la fila de un Savers de Londres, una popular cadena de productos de limpieza y perfumer¨ªa de precios bajos. Tiene esa cosa de las abuelas espa?olas de dar las ¨®rdenes y su explicaci¨®n. ¡°Toma, bebe, ?no ves que te est¨¢s poniendo rojo del calor?¡±, le pone en la boca una botella de agua al nieto, agarrado al carro con una mano. Ya hace tiempo que tiene el llamado EU Settlement Status (permiso de residencia para ciudadanos de la UE). La burocracia pierde su l¨®gica en situaciones extremas. No entiende que tras el Brexit le exigieran simplemente demostrar que hab¨ªa estado en el pa¨ªs en los ¨²ltimos cinco a?os, si lleva en ¨¦l casi toda la vida. La que le preocupa es su hermana. ¡°Tiene 87 a?os. Est¨¢ divorciada y vive sola. Tiene ya algo de demencia senil. Nadie ha contactado con ella, y tampoco se ha movido. Yo creo que deben pensar que ya muri¨® hace a?os. Imagino que no perder¨¢ su pensi¨®n¡±, cuenta.
Las personas m¨¢s vulnerables: ah¨ª est¨¢ el agujero que han denunciado varias asociaciones humanitarias ante la llegada inminente del 30 de junio. Ese d¨ªa termina el plazo para que los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido antes del Brexit pongan en orden su situaci¨®n. Uno de los mayores procesos de regularizaci¨®n en la historia del pa¨ªs. Alrededor de 5,6 millones de personas han solicitado su permiso de residencia. A trav¨¦s de un proceso completamente en l¨ªnea, han tenido que demostrar con documentos (un impuesto municipal, un contrato de arrendamiento, un recibo de la luz...) su estancia en territorio brit¨¢nico durante al menos seis meses antes del 31 de diciembre de 2021. Fue entonces cuando acab¨® el periodo de transici¨®n acordado entre Londres y Bruselas, antes de la salida definitiva de la UE. Unos 5,2 millones est¨¢n ya en situaci¨®n legal. Bien con un Settlement Status (permiso de residencia), para los que llevaban ya m¨¢s de cinco a?os en el Reino Unido, o con un Pre-Settlement Status (permiso previo de residencia), para los que no alcanzaban ese plazo y deber¨¢n estar pendientes de renovarlo cuando lleguen a ¨¦l.
Pero hay cerca de 400.000 atrapados en un cuello de botella, que el Ministerio del Interior intenta despejar estos d¨ªas. Miles de solicitudes electr¨®nicas y llamadas que deben ser atendidas en el ¨²ltimo minuto. El secretario de Estado de Inmigraci¨®n, Kevin Foster, ha prometido flexibilidad, buena fe y sentido com¨²n. Con la ley en la mano, a partir del mi¨¦rcoles todo aquel que se halle en situaci¨®n irregular no podr¨ªa tener un contrato laboral o alquilar una vivienda. Empresarios y arrendadores est¨¢n obligados a comprobar la situaci¨®n de los nuevos empleados e inquilinos. Pero Foster asegura que esta exigencia no ser¨¢ retroactiva. Es un problema a resolver entre el Gobierno y el ciudadano. Los ciudadanos que hayan iniciado el tr¨¢mite y no hayan obtenido respuesta, obtendr¨¢n un ¡°certificado de solicitud¡±. Los que a¨²n no hayan hecho nada por modificar su situaci¨®n, recibir¨¢n una nota de aviso con un plazo extra de 28 d¨ªas para actuar.
A partir de ah¨ª, se abrir¨¢ un largo periodo de problemas individuales, porque es imposible que una operaci¨®n tan compleja como la llevada a cabo no tenga multitud de flecos sueltos o casos no controlados. ¡°La cuesti¨®n est¨¢ en el grado de rigidez que el Gobierno est¨¦ dispuesto a usar en la aplicaci¨®n de estas normas¡±, advierte Catherine Barnard, profesora de Derecho Laboral y experta en Derecho Comunitario, que ha participado en el ¨²ltimo informe sobre el proceso de regularizaci¨®n presentado por la asociaci¨®n UK in a Changing Europe. ¡°?Va a poner en marcha una pol¨ªtica de hostilidad absoluta contra los que se encuentran en los resquicios del sistema? ?O usar¨¢ m¨¢s bien el sentido com¨²n?¡±, se pregunta.
Nadie es capaz de poner una cifra fija, pero s¨ª de hacer estimaciones razonables, al n¨²mero de personas ¡°en los resquicios del sistema¡±. Personas mayores que no ven necesario demostrar un arraigo ganado durante d¨¦cadas, o ajenas a la informaci¨®n sobre el proceso de regularizaci¨®n bombardeada en los medios durante m¨¢s de tres a?os; ni?os nacidos en el Reino Unido cuyos padres dan por hecho, err¨®neamente, que adquirieron la nacionalidad brit¨¢nica; menores abandonados en casas o centros de acogida; y los m¨¢s vulnerables, las personas sin hogar, muchas de ellas con un deterioro de su salud mental. Mucho m¨¢s despu¨¦s de una larga pandemia. Un c¨¢lculo optimista sit¨²a en 50.000 todos estos casos. Los m¨¢s pesimistas hablan de 150.000.
La sombra del esc¨¢ndalo Windrush sobrevuela estos d¨ªas el debate p¨²blico en el Reino Unido. Fue la generaci¨®n bautizada as¨ª por el Empire Windrush, el barco que llev¨® en 1948 hasta las costas de Inglaterra al primer grupo de emigrantes caribe?os que hab¨ªan nacido en tierras del Imperio y se consideraban brit¨¢nicos de pleno derecho. En 2018 se descubri¨® que centenares de ellos hab¨ªan sido acosados, despojados de sus derechos civiles, o amenazados con la deportaci¨®n. M¨¢s de 80 quedaron en tierra de nadie cuando regresaron de una visita a sus pa¨ªses de origen y Londres rechaz¨® su entrada. ¡°El Ministerio del Interior asumi¨® las lecciones de Windrush, y ha entendido que si esta vez no hace bien las cosas, puede acabar provocando otro esc¨¢ndalo pol¨ªtico y sufrir una grave perdida de credibilidad¡±, asegura Jonathan Portes, profesor de Econ¨®micas en el King¡¯s College de Londres. Sus trabajos han ayudado a detectar la bolsa de ciudadanos comunitarios que el proceso de regularizaci¨®n ha vuelto a situar bajo el radar. Los servicios consulares de Espa?a, por ejemplo, ten¨ªan registrados en territorio brit¨¢nico a 150.000 de sus nacionales. El EU Settlement Scheme ha hecho que afloren un total de 300.000.
El 30 de junio ser¨¢ el final de un proceso y el inicio de un largo periodo de incertidumbre. La resistencia del Gobierno brit¨¢nico a emitir una prueba f¨ªsica documental de residencia, convencido de que todo debe ser digitalizado para evitar trampas, provocar¨¢ durante a?os una divisi¨®n tecnol¨®gica. No es lo mismo la gran multinacional que gestiona sin problemas los tr¨¢mites de contrataci¨®n de sus empleados expatriados que el modesto arrendador obligado a comprobar los papeles de su futuro inquilino. Las lagunas en la seguridad jur¨ªdica, apunta el informe de UK in a Changing Europe, deber¨¢n suplirse con pragmatismo y flexibilidad. ¡°El gran consenso durante el refer¨¦ndum del Brexit [2016] fue que el Reino Unido deb¨ªa ser generoso con todos los ciudadanos de la UE que hab¨ªan vivido, trabajado y contribuido al crecimiento de este pa¨ªs (...). El Gobierno brit¨¢nico necesita demostrar que cumple con sus promesas¡±, afirma la organizaci¨®n.
Una nueva ley de inmigraci¨®n para endurecer la entrada
Cuando a finales de mayo diversos medios de comunicaci¨®n europeos comenzaron a contar c¨®mo sus ciudadanos hab¨ªan acabado retenidos en centros e inmigraci¨®n del Reino Unido, se hizo evidente que el Brexit hab¨ªa cambiado las cosas. Espa?oles, italianos o b¨²lgaros que a¨²n confiaban en poder embarcarse en la aventura brit¨¢nica fueron retenidos en el aeropuerto y deportados de inmediato. La pandemia y la escasez de vuelos hizo que muchos acabaran confinados durante d¨ªas. La nueva ley de inmigraci¨®n, uno de los proyectos que el Gobierno de Boris Johnson se dio m¨¢s prisa en aprobar, es mucho m¨¢s dura y restrictiva, y sit¨²a a los ciudadanos comunitarios en el mismo nivel que los inmigrantes procedentes del resto del mundo. Es un sistema de puntos que favorece m¨¢s las necesidades econ¨®micas del pa¨ªs que las aspiraciones de mejora del reci¨¦n llegado. Exige un elevado nivel de ingl¨¦s, premia las titulaciones acad¨¦micas y requiere un contrato de trabajo previo o una oferta acad¨¦mica para poder entrar. Apenas se contemplan excepciones para necesidades temporales, en sectores como la agricultura o la sanidad p¨²blica. Y no vale cualquier oferta. Es necesario un salario m¨ªnimo de casi 31.000 euros para poder obtener el permiso de residencia.
El discurso del Gobierno camufla en una pol¨ªtica de brazos abiertos hacia el talento exterior el sentimiento antinmigraci¨®n que revel¨® el Brexit. La ministra del Interior, Priti Patel, con fama ganada de dura, anima a los ciudadanos brit¨¢nicos a apropiarse de los trabajos que hasta ahora realizaba la mano de obra extranjera. La realidad debe a¨²n demostrar que vaya a cumplirse ese prop¨®sito voluntarista. Cerca de 1,3 millones de inmigrantes abandonaron el Reino Unido durante la pandemia ante la falta de oportunidades. Las industrias agr¨ªcola o de la hosteler¨ªa ya han reclamado al Gobierno de Johnson una mayor flexibilidad, porque el coronavirus comienza a remitir, pero la falta de demanda laboral ha puesto en serio riesgo su actividad econ¨®mica.
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