Carlos Ruiz Massieu: ¡°La asunci¨®n de cr¨ªmenes de guerra por las FARC en Colombia es un hito hist¨®rico¡±

El diplom¨¢tico mexicano Carlos Ruiz Massieu (Acapulco, 49 a?os) cree en el poder sanador de la verdad. Su experiencia con las v¨ªctimas del conflicto que enfrent¨® al Estado colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 1960 y 2016, le ha convencido de que ¡°la entrega de las armas¡± no cierra heridas en ausencia de ¡°justicia, verdad y reparaci¨®n¡±. Tras 25 a?os como diplom¨¢tico en su pa¨ªs y en Naciones Unidas, Ruiz Massieu es desde 2019 el jefe de la Misi¨®n de Verificaci¨®n de la ONU en Colombia, cuyo mandato es vigilar que el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC se cumpla. Durante una entrevista este martes con EL PA?S en la sede de Casa de Am¨¦rica en Madrid, el representante de la ONU destac¨® que el pacto ha entrado en una fase ¡°crucial¡± para la reconciliaci¨®n nacional en raz¨®n de un ¡°hito hist¨®rico¡±: el reconocimiento por parte de los exl¨ªderes de la guerrilla de cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad por el secuestro de 21.000 colombianos. La antigua c¨²pula de las FARC asumi¨® esos cr¨ªmenes en abril ante la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional previsto en el acuerdo.

Pregunta. ?Qu¨¦ trascendencia tiene este reconocimiento cuando ese tribunal no prev¨¦ penas de c¨¢rcel?

Respuesta. Estamos ante un hito hist¨®rico que responde a una expectativa de la sociedad y del pa¨ªs y satisface a las v¨ªctimas, que reclaman conocer la verdad y ser destinatarias de una [petici¨®n de] perd¨®n sincero. La aceptaci¨®n de los hechos cometidos es crucial porque este acuerdo de paz se centra en que las v¨ªctimas obtengan verdad, justicia, reparaci¨®n y no repetici¨®n de los cr¨ªmenes.

P. ?Es suficiente?

R. Cada v¨ªctima procesa de forma individual su dolor y hay que respetar tambi¨¦n a quien no puede pasar p¨¢gina. Hay v¨ªctimas que solo quieren saber, conocer qu¨¦ pas¨® con su familiar en el caso de los desaparecidos. Otras necesitan una petici¨®n de perd¨®n y hay otras v¨ªctimas que lo que quieren es la no repetici¨®n. Ni siquiera aspiran a una reparaci¨®n. Ese llamado para que otros no vivan lo que ellas han vivido es la materializaci¨®n de su generosidad: ya no es para ellas, es para sus hijos, para todos los colombianos. La obligaci¨®n de quienes contribuimos a este proceso no es solo mirar hacia atr¨¢s sino, sobre todo, que el futuro en Colombia se aleje de lo que vivieron las v¨ªctimas. La justicia prevista por el Acuerdo de Paz es m¨¢s reparadora que punitiva.

P. Los detractores del acuerdo creen que se ha intercambiado paz por impunidad.

R. La justicia transicional del acuerdo derriba el falso dilema de que hay que sacrificar la justicia para obtener la paz. Se llega a un acuerdo de paz y se aplica una justicia que a la larga ser¨¢ m¨¢s beneficiosa para el pa¨ªs porque insiste en la reconciliaci¨®n m¨¢s que en elementos punitivos.

P. El Gobierno de Iv¨¢n Duque trat¨® en vano de modificar el estatuto del tribunal de paz.

R. Lo importante es que, una vez que el Congreso colombiano determin¨® que la ley no se modificaba, el Gobierno respeta el trabajo del tribunal.

P. La JEP eleva a 6.400 los ¡°falsos positivos¡± [civiles asesinados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate]. Duque no ha reconocido la responsabilidad del Estado aunque s¨ª lo ha hecho su predecesor, Juan Manuel Santos.

R. El expresidente Santos [ministro de Defensa con los Gobiernos de ?lvaro Uribe, entre 2002 y 2008, cuando se cometieron la mayor parte de esos asesinatos] compareci¨® ante la Comisi¨®n de la Verdad, que no tiene car¨¢cter jur¨ªdico vinculante. El presidente de la Comisi¨®n [el sacerdote Francisco de Roux] invit¨® tambi¨¦n al expresidente Uribe, que no acept¨® comparecer ante la comisi¨®n pero s¨ª reunirse con el padre Roux.

P. Uribe niega su responsabilidad.

R. As¨ª es.

P. ?Persisten las causas de la violencia en Colombia?

R. Persisten denominadores comunes en zonas donde hay niveles altos de violencia: la presencia de grupos armados, la limitada presencia estatal, las escasas oportunidades de desarrollo, y las actividades como el narcotr¨¢fico y la miner¨ªa ilegal. A largo plazo es necesario incrementar la presencia integral del Estado como una respuesta estructural a los problemas de seguridad. A corto plazo, necesitamos seguir protegiendo a quienes siguen bajo amenaza.

P. ?Como los 276 exguerrilleros asesinados desde 2016, seg¨²n la ONU, o los 49 defensores de derechos humanos muertos en tres meses de 2021?

R. Muchos excombatientes han liderado programas de sustituci¨®n de cultivos ilegales [especialmente, la hoja de coca] que son parte del acuerdo, por lo que est¨¢n amenazados por narcotraficantes. Otras veces se trata de ajustes de cuentas. Los l¨ªderes sociales y defensores de derechos humanos, por su parte, desaf¨ªan el orden establecido y eso incluye a los grupos armados. En el caso de las defensoras, est¨¢n tambi¨¦n amenazadas por ser mujeres. Cuando son ind¨ªgenas, re¨²nen su liderazgo, el ser mujer y su condici¨®n de ind¨ªgenas, lo que tambi¨¦n sucede con las poblaciones afrocolombianas. El tema de la seguridad es el m¨¢s apremiante de la aplicaci¨®n del acuerdo de paz.

P. ?Qu¨¦ le parece a la ONU la gesti¨®n de las manifestaciones que empezaron el 28 de abril contra el Gobierno?

R. Naciones Unidas y otras instituciones registraron denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza p¨²blica, as¨ª como actos de vandalismo de grupos que aprovecharon una protesta en general pac¨ªfica para alterar el orden p¨²blico. Esperamos investigaciones que sancionen a quienes hayan cometido esos excesos en ambas partes. El deber de la fuerza p¨²blica es proteger a la ciudadan¨ªa.