Las dos caras de la paz en Colombia

Colombia est¨¢ al filo de la navaja. A cinco a?os de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC¨CEP para terminar con el conflicto armado, hay avances incuestionables, pero tambi¨¦n preocupantes se?ales de deterioro que pueden malograr el objetivo superior de lograr esa paz grande que los colombianos anhelamos.

Desde el punto de vista de los avances, hay por lo menos tres asuntos para destacar: el primero es que el conflicto armado, tal como lo conocimos sobre todo en las ¨²ltimas tres d¨¦cadas, termin¨®. El fin del principal grupo guerrillero que puso en vilo la estabilidad nacional y ocasion¨® innumerables atrocidades y afectaciones humanitarias, es un hecho. M¨¢s de 13.000 combatientes dejaron las armas en un proceso que ha producido la admiraci¨®n de la comunidad internacional.

Este es un proceso que debe entenderse de manera acumulativa con la desactivaci¨®n gradual de otros factores de violencia, en especial dos: la ca¨ªda en la primera mitad de los noventa de los dos grandes carteles de la droga mundialmente reputados, as¨ª como el desarme de m¨¢s de 30.000 integrantes de grupos paramilitares que se llev¨® a cabo en los albores de este siglo. As¨ª, hemos logrado llegar a unos niveles de violencia que, si bien no son ¨®ptimos, son muy inferiores a los que vivimos en el pasado y nos sit¨²a en la media de la violencia homicida en Am¨¦rica Latina.

El avance en los temas de justicia, verdad y reparaci¨®n es sin duda el segundo aspecto para resaltar. La Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP), que se cre¨® producto del Acuerdo, ha mostrado progresos significativos en esclarecer y juzgar el secuestro, delito que cometieron de manera sistem¨¢tica las FARC con un saldo de cerca de 21.400 v¨ªctimas, y el de los llamados ¡°falsos positivos¡±, asesinatos que ileg¨ªtimamente presentaron miembros de las fuerzas militares como bajas en combate, delito del cual la JEP reporta al menos 6.400 v¨ªctimas.

Que los comandantes de las FARC reconozcan su responsabilidad y el da?o ocasionado, as¨ª como que agentes del Estado est¨¦n aportando al esclarecimiento de los ¡°falsos positivos¡±, era algo inimaginable para los colombianos y, en particular, para las v¨ªctimas. La decisi¨®n reciente de la Corte Penal Internacional de cerrar la indagaci¨®n preliminar sobre Colombia abierta desde hace 17 a?os, respalda la idea de que vamos por la v¨ªa correcta y ajustada a los est¨¢ndares internacionales en materia de hacer justicia frente a las atrocidades cometidas durante el conflicto armado.

Falta por supuesto mucho camino por recorrer. Est¨¢, por ejemplo, el asunto muy divisivo y controversial entre los colombianos de definir las penas que deber¨¢n cumplir los comandantes de las FARC y los efectos sobre sus derechos pol¨ªticos. Tambi¨¦n falta mayor celeridad en la reparaci¨®n a v¨ªctimas y en la b¨²squeda de desaparecidos; mientras que el a?o entrante la Comisi¨®n de la Verdad entregar¨¢ su informe que esperamos nos ayude a entender que nos pas¨® y a reconciliarnos.

El tercer asunto a destacar tiene que ver con el impulso que el actual Gobierno le ha dado a la implementaci¨®n de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz. Estos programas buscan de manera participativa transformar las condiciones de las zonas m¨¢s afectadas por el conflicto, en donde confluyen extrema pobreza, fragilidad institucional, altos ¨ªndices de violencia y diversas econom¨ªas criminales. Es particularmente significativo el esfuerzo en materia de planeaci¨®n y de alineaci¨®n de las autoridades regionales y locales para que se involucren activamente en la implementaci¨®n de estos programas, cuya ejecuci¨®n est¨¢ prevista para 15 a?os.

No obstante, al paso que vamos, se calcula que lograrlo tardar¨¢ cerca de 50 a?os. El ritmo de ejecuci¨®n se ha visto afectado, primero porque las capacidades y recursos del Estado son insuficientes, algo que la pandemia recrudeci¨®. Adem¨¢s, no se han puesto en marcha un n¨²mero importante de los planes nacionales en materia de v¨ªas, salud, educaci¨®n y otros, fundamentales para el desarrollo rural.

En la Fundaci¨®n Ideas para la Paz hemos seguido con atenci¨®n la situaci¨®n de estas zonas PDET y encontramos varios factores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la paz en el futuro inmediato. El m¨¢s determinante es, sin duda, el deterioro de la seguridad que se refleja en el aumento sostenido desde el 2018 de los homicidios, las amenazas a l¨ªderes sociales, las masacres y los desplazamientos forzados. Esta situaci¨®n se asocia a reacomodos y disputas entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y grupos disidentes de las extintas FARC, por el control de rentas ilegales, as¨ª como a la falta de una estrategia adecuada por parte del Gobierno para contener las din¨¢micas violentas en estos territorios.

Est¨¢, por otro lado, el escaso reconocimiento de la poblaci¨®n de estas zonas a las acciones que el Gobierno constantemente anuncia para demostrar que est¨¢ cumpliendo con el Acuerdo de Paz. A esto se suma la percepci¨®n, por parte de las comunidades, de que no est¨¢n siendo adecuadamente incluidas. La desconfianza y falta de apoyo ciudadano se combinan con la inseguridad y el miedo que esta genera, poniendo en entredicho las posibilidades de construir una paz sostenible.

Con esta situaci¨®n, junto con la polarizaci¨®n pol¨ªtica que a¨²n subsiste frente al Acuerdo de Paz, podr¨ªamos recaer en un bucle de desesperanza y en la idea, muy popular, de que la paz no es posible en nuestro pa¨ªs. No podemos dejar perder lo que hemos ganado y que sigue siendo motivo de admiraci¨®n internacional. Estamos iniciando campa?a electoral y este momento de la paz requiere de grandeza pol¨ªtica, que no se siga atizando la discusi¨®n est¨¦ril entre los defensores del Acuerdo y sus detractores y que nos dediquemos m¨¢s bien a proponer soluciones y alternativas de futuro para llegar a esa paz grande en Colombia.

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