La prisi¨®n de Guant¨¢namo, icono infame de torturas y abusos, cumple 20 a?os con 39 presos a¨²n entre sus rejas

El 11 de enero de 2002, vestidos con monos color naranja y procedentes de un vuelo militar, llegaron a Guant¨¢namo los primeros 20 detenidos de un nuevo centro de detenci¨®n para sospechosos de terrorismo ideado por el Gobierno de Estados Unidos en plena conmoci¨®n por los atentados del 11-S. La ubicaci¨®n, en una enorme base naval al sureste de Cuba, ofrec¨ªa un margen de maniobra extremo a sus custodios: las leyes y garant¨ªas estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no ten¨ªan acceso y, seg¨²n advirti¨® el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convenci¨®n de Ginebra no cubr¨ªa a sus reos. Estos eran, en palabras del Pent¨¢gono, ¡°lo peor de lo peor¡± y el pa¨ªs estaba en guerra, as¨ª que todo val¨ªa.

Guant¨¢namo se acab¨® convirtiendo en s¨ªmbolo de abusos y torturas por parte del pa¨ªs que se precia de ser el faro de la democracia. Lleg¨® a albergar a casi 680 presos. El propio Bush quiso cerrarlo; su sucesor, el dem¨®crata Barack Obama, lo intent¨® durante a?os; Donald Trump fren¨® el proceso pero Joe Biden lleg¨® a la Casa Blanca con la promesa de hacerlo. Este martes, al cumplirse 20 a?os de la apertura, la prisi¨®n m¨¢s infame sigue abierta con 39 presos, para disgusto de las organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno. Las dificultades para trasladar a los prisioneros, debido en buena medida a las restricciones impuestas por el Congreso, la han convertido en una mancha indeleble en la lucha de Estados Unidos contra el terror.

Diez de los 39 internos est¨¢n imputados por cargos, entre ellos, cinco acusados de ayudar a planear los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de 3.000 personas. Pero a¨²n no han sido juzgados y eso incluye a Jaled Sheij Mohammed, que se declar¨® cerebro de los atentados. Otros dos presos s¨ª han sido sentenciados y est¨¢n cumpliendo condena: Ali Hamza Sulayman al Bahlul, un ayudante de Bin Laden que afronta cadena perpetua, y Majid Khan, un pakistan¨ª residente en Maryland que particip¨® en varios planes de Al Qaeda y termina su tiempo entre rejas el pr¨®ximo mes.

El resto no ha sido acusado a lo largo de estos 20 a?os pero siguen en Guant¨¢namo con el argumento de que son detenidos de guerra dentro del conflicto con Al Qaeda y pueden permanecer all¨ª por tiempo indefinido. Un panel que revisa su situaci¨®n ha recomendado el traslado de alrededor de una docena de ellos, pero eso no es sencillo. En todo su primer a?o de Administraci¨®n, Joe Biden solo ha sido capaz de transferir a un reo, Abdul Latif Nasir, que fue recibido -y detenido nada m¨¢s llegar- por Marruecos.

El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es complejo y sujeto a restricciones clave. Primero, es necesaria la recomendaci¨®n del Consejo de Revisi¨®n Peri¨®dico, un panel que re¨²ne a seis agencias de seguridad diferentes del Gobierno. Luego, el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer pa¨ªs y este no puede ser ninguno que no asegure el respeto a sus derechos humanos o no pueda garantizar el control de ese detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pent¨¢gono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar. O peor. En el caso de Abdul Latif Nasir, el ¨²nico al que ha podido trasladar Biden hasta ahora, la aprobaci¨®n para el plan lleg¨® en 2016, pero el Gobierno de Trump decidi¨® dejar el caso en un caj¨®n.

El Congreso tambi¨¦n proh¨ªbe el traslado de estos presos a Estados Unidos con el argumento de su peligrosidad y, adem¨¢s de todo eso, proh¨ªbe el uso de fondos p¨²blicos tanto para su traslado a pa¨ªses extranjeros o a suelo estadounidense, como para cualquier ampliaci¨®n o construcci¨®n en las actuales instalaciones. Biden ha pedido con poco ¨¦xito que el Capitolio revoque estos condicionantes. En una sesi¨®n en el Senado en diciembre, los republicanos dejaron claro que no piensan cambiar una coma de la actual ley.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, lo expres¨® con estas palabras: ¡°No estamos luchando contra un crimen. Estamos luchando en una guerra. No quiero torturar a nadie. Quiero someterlo a un proceso coherente con el estado de guerra y, si es necesario, mantenerlos detenidos tanto tiempo como sea necesario para mantenernos a salvo o llegar a la conclusi¨®n de que ya no son una amenaza¡±. En mayo, ocho senadores republicanos hab¨ªan enviado una carta a Biden en la que se opon¨ªan al intento de cerrar el complejo a base de traslados.

El ahogamiento fingido (waterboarding), la privaci¨®n de sue?o o la exposici¨®n a temperaturas extremas fueron algunas de las t¨¦cnicas de tortura utilizadas por Estados Unidos en Guant¨¢namo. Trascendi¨® de muchos modos, con la publicaci¨®n de los documentos clasificados por parte de WikiLeaks en 2011 y en boca de abogados de derechos humanos o relatos s¨®rdidos como el de Mohamedou Ould Slahi, el mauritano que escribi¨® sus memorias en 2005 y fue liberado en 2016. Sin embargo, el paquistan¨ª Majid Khan se convirti¨® en el pasado octubre en el primer recluso de Guant¨¢namo que relat¨® p¨²blicamente ante un jurado militar en esa base los m¨¦todos de interrogaci¨®n. ¡°Mientras m¨¢s cooperaba, m¨¢s me torturaban¡±, dijo ante un jurado militar en la base.

Bush trat¨® de cambiar el paso al poco de abrir la prisi¨®n. Primero, admiti¨® que los talibanes y afganos detenidos s¨ª quedar¨ªan cubiertos por la Convenci¨®n de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableci¨® que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares dise?ado por la Casa Blanca violaba las leyes internacionales. El presidente republicano excarcel¨® a unos 500 arrestados y Obama, a cerca de 200. Cuando el dem¨®crata lleg¨® al cargo en 2009, se propuso cerrarlo en el plazo de un a?o. Mantenerlo supone un coste de unos 13 millones de d¨®lares por prisionero y a?o para el erario p¨²blico. Tambi¨¦n, deja en activo una ¡°mancha moral¡± para Estados Unidos, seg¨²n se?al¨® la semana pasada el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

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