Nuevo varapalo judicial a Donald Trump por los papeles de Mar-a-Lago

¡°La ley es clara¡± y el tribunal ha sido contundente. Los jueces han anulado la decisi¨®n de una jueza de Florida de nombrar un perito independiente y bloquear la investigaci¨®n del Departamento de Justicia sobre los documentos, muchos de ellos secretos, requisados en el registro de la mansi¨®n de Donald Trump de Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida). La decisi¨®n de anular la revisi¨®n de los documentos por parte del perito es un nuevo varapalo judicial para Donald Trump. En principio, la sentencia allana el camino a la investigaci¨®n, aunque el expresidente a¨²n tiene la posibilidad de acudir al Supremo.

Una de las t¨¢cticas habituales de Trump es tratar de dilatar y poner trabas a la investigaci¨®n con continuos recursos judiciales. Gracias a uno de esos recursos, una jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon, nombrada por el propio Trump poco antes de su cese, orden¨® al Departamento de Justicia y al FBI parar sus trabajos de investigaci¨®n con todos los documentos hallados en el registro mientras un perito especial los revisaba. El objetivo era ver si pod¨ªan afectar al privilegio abogado-cliente (que protege el secreto profesional en las relaciones de un investigado con sus letrados) o al privilegio ejecutivo (que permite al poder ejecutivo negar informaci¨®n sobre actuaciones en curso a otro poder, como el legislativo o judicial), pese a que Trump ya no ostenta un cargo p¨²blico.

El mismo tribunal de apelaciones de Atlanta que ha dictado este jueves su sentencia ya suspendi¨® cautelarmente en septiembre pasado el bloqueo de la investigaci¨®n en lo que se refer¨ªa a los documentos clasificados como confidenciales o secretos que incaut¨® el FBI a comienzos de agosto en el registro de Mar-a-Lago. Ahora, ha fallado sobre el fondo de la cuesti¨®n, con una sentencia que deja en muy mal lugar a la jueza Cannon: ¡°La ley es clara. No podemos dictar una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del Gobierno despu¨¦s de la ejecuci¨®n de la orden. Tampoco podemos dictar una norma que permita solo a los expresidentes hacerlo¡±, ha dicho al final de su resoluci¨®n de 21 p¨¢ginas.

Adem¨¢s, el tribunal ha se?alado que la jueza no ten¨ªa competencia para dictar su resoluci¨®n, que justific¨® en lo extraordinario que es que se practique un registro en la casa de un expresidente. Los jueces le dedican un correctivo por ello: ¡°Es ciertamente extraordinario que se ejecute una orden judicial en el domicilio de un expresidente, pero no de una manera que afecte a nuestro an¨¢lisis jur¨ªdico o que de otra manera d¨¦ licencia al poder judicial para interferir en una investigaci¨®n en curso¡±, se?alan los tres jueces, dos de los cuales fueron nombrados tambi¨¦n por el propio Trump. ¡°Crear una excepci¨®n especial aqu¨ª desafiar¨ªa el principio fundacional de nuestra naci¨®n de que nuestra ley se aplica a todos, sin tener en cuenta el n¨²mero, la riqueza o el rango¡±, apostillan.

El expresidente ya recurri¨® al Supremo la medida cautelar que desbloqueaba la investigaci¨®n en lo relativo a los documentos secretos. El Tribunal Supremo cuenta con nueve miembros y una mayor¨ªa conservadora de seis a tres. Adem¨¢s, tres de los magistrados fueron nombrados por el propio Trump durante su presidencia. En una breve resoluci¨®n sin motivar publicada en octubre, el Supremo se limit¨® a decir que la apelaci¨®n de Trump hab¨ªa sido inadmitida. Probablemente, y trat¨¢ndose de una medida cautelar, consider¨® que no era el momento de actuar.

Ahora, sin embargo, lo previsible es que Trump vuelva a recurrir la nueva decisi¨®n, en uno de los casos con m¨¢s carga pol¨ªtica que afectan al expresidente y candidato para las presidenciales de 2024. Pese a su composici¨®n, en anteriores ocasiones el Supremo tambi¨¦n ha tomado decisiones en contra de los intereses de Trump, aunque ninguna en un caso de tanta trascendencia.

El expresidente est¨¢ siendo investigado por posibles delitos de obstrucci¨®n a la justicia, ocultaci¨®n, remoci¨®n o mutilaci¨®n dolosa de documentos p¨²blicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retenci¨®n dolosa de documentos de seguridad nacional, seg¨²n el contenido de la orden de registro. Son delitos que pueden conllevar multas o penas de c¨¢rcel.

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