?Puede Donald Trump ser presidente tras su tercera imputaci¨®n? ?Y si lo condenan?

En Estados Unidos, pa¨ªs forjado a golpe de precedentes, los hay hasta para Donald Trump, cuya presidencia rompi¨® todos los moldes. Para responder a la pregunta, recurrente estos d¨ªas en Washington, de si podr¨¢ presentarse a las elecciones de 2024 o incluso mudarse por segunda vez a la Casa Blanca si gana en las urnas y si prospera alguna de las tres imputaciones a las que se enfrenta, hay que remontarse m¨¢s de un siglo, hasta el oscuro caso de un candidato llamado Eugene Debs. Hizo en 1920 su campa?a desde la prisi¨®n. Aspiraba a dirigir el pa¨ªs como miembro del Partido Socialista de Am¨¦rica mientras cumpl¨ªa una pena por violar la Ley de Espionaje de 1917 por pronunciar discursos cr¨ªticos con el papel de Estados Unidos en la I Guerra Mundial. Solo sac¨® un mill¨®n de votos. En aquella cita, arras¨® el republicano Warren Harding.

En Espa?a, la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Electoral General impide a cualquier condenado por sentencia firme presentarse a las elecciones o acceder al cargo al que se presente. Tampoco pueden hacerlo los que hayan sido sentenciados, aunque la resoluci¨®n no sea firme, a delitos de rebeli¨®n, de terrorismo, contra la Administraci¨®n P¨²blica o contra las instituciones del Estado en caso de que la condena establezca la pena de inhabilitaci¨®n para el ejercicio del sufragio pasivo (ser elegido) la de inhabilitaci¨®n absoluta o especial o la de suspensi¨®n para el empleo o cargo p¨²blico.

Sin embargo, la Constituci¨®n estadounidense no solo no impide a Trump aspirar al cargo; tampoco contempla la prohibici¨®n de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si ya est¨¢ en la c¨¢rcel, salvo si ha acabado entre rejas por un delito muy concreto: insurrecci¨®n. Es material de debate filos¨®fico si el papel del expresidente en el asalto al Capitolio cae en los l¨ªmites de esa definici¨®n. En el ¨¢mbito de la discusi¨®n judicial, est¨¢ descartado: no ha sido acusado por ese delito en ninguna de las tres imputaciones a las que ¡ªpor el momento¡ª se enfrenta.

No, desde luego, en la primera, planteada en abril por el fiscal del distrito de Manhattan, el dem¨®crata Alvin Bragg, por el supuesto pago de un dinero en negro por los abogados del expresidente a la actriz porno Stormy Daniels, con la que, seg¨²n afirma ella, Trump mantuvo una relaci¨®n extramatrimonial, que ¨¦l niega. Los delitos electorales de los que se le acusan en Nueva York no son federales. Y tampoco est¨¢ acusado de insurrecci¨®n en la tercera imputaci¨®n, conocida este martes, por sus presuntos intentos de invalidar, apoyado en un supuesto fraude dem¨®crata, los resultados leg¨ªtimos de las elecciones de noviembre de 2020, reforzando su papel como instigador del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Esta vez, un gran jurado de Washington lo acusa de conspiraci¨®n para defraudar a Estados Unidos; conspiraci¨®n para obstruir un procedimiento oficial, por manipular de testigos y por conspirar contra los derechos de los ciudadanos.

El de insurrecci¨®n no est¨¢ tampoco entre los 37 delitos detallados por el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el Departamento de Justicia, en el pliego con el que orden¨® su procesamiento en Miami el pasado junio por el caso de los papeles confidenciales que Trump se llev¨® sin permiso de la Casa Blanca a su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. S¨ª le imputaron 31 cargos por infringir la Ley de Espionaje, por retenci¨®n intencionada de informaci¨®n de defensa nacional contenida en otros tantos documentos; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos por falsedad; y el ¨²ltimo, por conspiraci¨®n para obstruir a la justicia con uno de sus empleados, Walt Nauta. Smith sum¨® a la cuenta este jueves dos cargos adicionales: obstrucci¨®n a la justicia y retenci¨®n intencionada de informaci¨®n clasificada, por sus intentos de borrar im¨¢genes de videovigilancia que muestran c¨®mo Nauta movi¨® las cajas por la mansi¨®n siguiendo ¨®rdenes del el expresidente.

La previsi¨®n de impedir a un insurrecto ser presidente est¨¢ contemplada en la decimocuarta enmienda de la Constituci¨®n. Aprobada en 1868, es famosa por ser la que otorg¨® la ciudadan¨ªa a toda persona ¡°nacida o naturalizada en Estados Unidos¡±, tambi¨¦n las que hab¨ªan sido esclavizadas, y por garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Asimismo, prohib¨ªa al implicado en una revuelta ostentar ning¨²n cargo civil, militar o electo sin la aprobaci¨®n de las dos terceras partes de la C¨¢mara de Representantes y del Senado. Ambas mayor¨ªas se antojan una utop¨ªa en el Estados Unidos de 2023, un pa¨ªs partido limpiamente por la mitad.

¡°Esa enmienda se redact¨® poco despu¨¦s de la Guerra Civil, y se dise?¨® para aleccionar a los rebeldes confederados, que se levantaron contra Abraham Lincoln¡±, explic¨® en una conversaci¨®n telef¨®nica con EL PA?S el abogado de Nueva York Kevin O¡¯Brien. Especializado en delitos de corrupci¨®n, O¡¯Brien trabaj¨® como fiscal federal auxiliar en el Departamento de Justicia en tiempos de Ronald Reagan.

Reglas de decoro

El historiador Russell L. Riley, codirector del centro Miller de historia oral sobre presidentes de la Universidad de Virginia en Charlottesvile, est¨¢ de acuerdo en que la ley no le impide presentarse a una campa?a en la que parte como favorito para la designaci¨®n republicana y en la que todo indica que volver¨¢ a verse las caras con Joe Biden, que se presenta a la reelecci¨®n. ¡°Pero es sobre todo porque nadie pudo prever una situaci¨®n como esta. Trump es un presidente cuyo comportamiento, sencillamente, supera todas las reglas del decoro que se les supone a quienes ocupan ese cargo¡±.

El analista pol¨ªtico Robert Reich, que fue entre 1993 y 1997 secretario de Trabajo en la Administraci¨®n de Bill Clinton, escribi¨® la semana pasada en su influyente newsletter que ¡°alguien que ha tratado de derrocar al gobierno de los Estados Unidos no puede ser presidente¡±. ¡°No hay necesidad de esperar el resultado del proceso penal pendiente en relaci¨®n con el 6 de enero para impedirle presentarse a la Casa Blanca¡±, continuaba Reich. ¡°Est¨¢ inhabilitado para servir como funcionario electo de Estados Unidos¡±.

Lo cierto es que la comisi¨®n bipartidista que investig¨® durante 18 meses su papel en el asalto al Capitolio redact¨® un voluminoso informe tras interrogar a un millar de testigos y de revisar m¨¢s de 100.000 documentos. En el informe se propon¨ªa que se lo acusara de cuatro delitos, incluido el de incitaci¨®n a la insurrecci¨®n (los dem¨¢s eran conspiraci¨®n para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial del Congreso, la certificaci¨®n del triunfo electoral de Joe Biden que estaba en marcha aquel seis de enero). Tambi¨¦n sugirieron de forma un¨¢nime que se le inhabilitara para el desempe?o de cualquier cargo p¨²blico.

El fiscal especial Jack Smith ha recogido en muchos sentidos el guante del trabajo de esos nueve congresistas (siete dem¨®cratas y dos republicanos), pero no ha ido tan lejos como para hacer caso a la recomendaci¨®n de la inhabilitaci¨®n. El fiscal general, Merrick Garland, lo nombr¨® en noviembre pasado para ahuyentar la sospecha de que la persecuci¨®n legal pod¨ªa estar ocultando en realidad, como sostiene Trump y creen sus seguidores, una ¡°caza de brujas¡± pol¨ªtica, as¨ª que se aprecia un esfuerzo de Smith por proceder con cautela.

Esa cautela tambi¨¦n se refleja en los plazos procesales. El juicio por el caso Stormy Daniels no empezar¨¢ hasta marzo, si no hay retrasos. Es decir, dos meses despu¨¦s del inicio en Iowa de las primarias. El 5 de marzo est¨¢ prevista la celebraci¨®n del S¨²permartes, d¨ªa decisivo en el que coinciden las primarias y caucus de 16 Estados, de Alaska a Virginia. La jueza Aileen Cannon, encargada de dirigir los trabajos del gran jurado de Florida que lo juzgar¨¢ por su manejo de los papeles de Mar-a-Lago, ha fijado para el 20 de mayo el comienzo de ese caso. Esto es (y, de nuevo, si no hay retrasos): apenas dos meses antes de la convenci¨®n republicana en la que el partido escoger¨¢ su candidato en Milwaukee (Wisconsin).

Si Trump resulta, como parece, elegido, y adem¨¢s gana las elecciones, a Reich y a los que, como ¨¦l, piensan que un presidente estadounidense no puede ejercer en mitad de tanto fango procesal o desde la c¨¢rcel ¡ªdesde la que, por ejemplo, no podr¨ªa revisar material clasificado¡ª, les queda plantear otro impeachment (el tercero al que se ver¨ªa sometido) o pulsar el bot¨®n nuclear de la vigesimoquinta enmienda, que permite al Gabinete destituir a un presidente que no puede desempe?ar sus funciones. Ese recurso estar¨ªa justificado en la evidencia de que una persona en prisi¨®n no puede llevar las riendas de la principal potencia del mundo. Hay otras dos opciones: que Biden, derrotado en las urnas, lo indultara para no interponerse en la decisi¨®n del pueblo o que el propio Trump se perdonara a s¨ª mismo o conmutara la pena.

En este pa¨ªs forjado a golpe de precedentes, para encontrar uno para la vig¨¦simoquinta enmienda hay que remontarse al asesinato el 22 de noviembre de 1963 de John F. Kennedy. Pese a que le bastaron dos horas a Lyndon B. Johnson para jurar el cargo y atajar el caos que se estaba incubando, lo cierto es que, t¨¦cnicamente, la Constituci¨®n no preve¨ªa qu¨¦ hacer en el caso de que un presidente falleciera, renunciara o no pudiera cumplir con el deber del cargo. Con la aprobaci¨®n de Nevada ¡ª trig¨¦simo octavo Estado en hacerlo ¡ª, la enmienda sali¨® adelante en 1967.

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