EE UU elude colaborar en la investigaci¨®n sobre el espionaje a Assange por una empresa espa?ola

La Justicia de EE UU no colaborar¨¢ con la Audiencia Nacional para esclarecer el espionaje al que fue sometido Julian Assange por una empresa espa?ola durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres hasta que un juzgado de Nueva York no concluya sus indagaciones sobre la participaci¨®n de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los hechos.

Tras cuatro a?os sin respuesta a ninguna de las comisiones rogatorias (petici¨®n de auxilio judicial) enviadas a EE UU por los jueces Jos¨¦ de la Mata y Santiago Pedraz, instructores del caso desde 2019, las autoridades norteamericanas??? responden as¨ª a un ultim¨¢tum recibido de sus hom¨®logos espa?oles.

El prolongado silencio a los requerimientos del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 ha provocado que el pasado 12 de diciembre la Subdirecci¨®n General de Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, a petici¨®n del fiscal Carlos Bautista, exigiera a las autoridades de EE UU ¡°un pronunciamiento expreso¡± sobre si va a denegarse la asistencia judicial vigente entre ambos pa¨ªses.

Mar¨ªa de las Heras Garc¨ªa, magistrada de enlace de Espa?a en EE UU, ha comunicado la negativa de la Justicia norteamericana a responder a las peticiones de auxilio hasta que el juez de Nueva York John G. Koeltl concluya sus pesquisas sobre la presunta participaci¨®n de la CIA en el espionaje al fundador de Wikileaks desvelado por una investigaci¨®n de EL PA?S.

¡°El Departamento de Justicia no puede ejecutar estas solicitudes en este momento porque hacerlo interferir¨ªa con el litigio estadounidense en curso¡±, se?ala la respuesta por escrito de Courtney E. Lee, funcionario de la Divisi¨®n Criminal de ese organismo. Las primeras peticiones de auxilio judicial se hicieron varios a?os antes de la presentaci¨®n del referido litigio, pero tampoco entonces fueron atendidas.

En agosto de 2021, las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas John Goetz y Carles Glass, ambos especialistas en seguridad nacional, presentaron una demanda en Nueva York contra Mike Pompeo, exdirector de la CIA, y David Morales, exmilitar espa?ol y due?o de la empresa espa?ola Uc Global, SL. Los cuatro demandantes fueron v¨ªctimas del espionaje a Assange cuando le visitaron en la Embajada de Ecuador en Londres, al igual que centenares de personas.

La demanda aport¨® las pruebas desveladas por este diario en las que se demuestra c¨®mo numerosos ciudadanos norteamericanos, adem¨¢s de los abogados y m¨¦dicos del activista australiano, fueron monitoreados y grabados por los trabajadores de la empresa espa?ola. Sus tel¨¦fonos m¨®viles fueron abiertos y fotografiados sus IMEI, los c¨®digos que identifican a cada aparato. De cada visita se elaboraron informes que se clasificaban en el servidor central de la compa?¨ªa en Jerez de la Frontera.

El director de la CIA, William J. Burns, se ha escudado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1940 para no facilitar al magistrado neoyorquino que instruye el caso ninguna informaci¨®n ¡°porque podr¨ªa causar graves da?os a la seguridad de Estados Unidos¡±.

Las trabas de EE UU a colaborar con la investigaci¨®n espa?ola quedaron patentes desde el inicio de la investigaci¨®n judicial en la Audiencia Nacional, causa abierta semanas despu¨¦s de las revelaciones de este peri¨®dico y tras la detenci¨®n de Morales. A la primera petici¨®n de auxilio judicial tramitada por el juez De la Mata, primer instructor del caso, la Fiscal¨ªa norteamericana respondi¨®, en septiembre de 2020, requiri¨¦ndole ¡°las fuentes¡± que hab¨ªa utilizado para sus indagaciones. Las principales fuentes son varios testigos protegidos que declararon en el juzgado bajo esa condici¨®n.

Direcciones IP y testigos protegidos

De la Mata hab¨ªa solicitado que le facilitaran las direcciones de IP (identificador ¨²nico de un dispositivo conectado a internet) desde las que se hab¨ªa accedido desde ese pa¨ªs al servidor que UC Global, SL, ten¨ªa en su sede. En ese servidor se encontraban almacenadas todas las grabaciones en v¨ªdeo y audio que captaban las c¨¢maras de la embajada en la que Assange permaneci¨® recluido siete a?os. ¡°Las afirmaciones conclusivas no son suficientes, necesitamos hechos reales y las fuentes de los hechos¡±, dec¨ªa el escrito de la Fiscal¨ªa Federal de EE UU remitido a De las Heras, la juez de enlace espa?ola.

Desde entonces, el silencio y la ausencia de respuesta ha sido la t¨®nica de la Administraci¨®n norteamericana a las comisiones rogatorias enviadas por el juez. As¨ª, han quedado sin cumplimentar las declaraciones de testigos como Pompeo, el exresponsable de la CIA durante el Gobierno de Donald Trump; de William Evanina, exjefe de Contrainteligencia, la informaci¨®n recabada por el Comit¨¦ de Inteligencia del Senado que investig¨® el caso y las declaraciones de las v¨ªctimas estadounidenses, entre otras diligencias para las que se pidi¨® sin ¨¦xito la colaboraci¨®n.

Assange, de 52 a?os, qued¨® en libertad el 25 de junio tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE UU por el que se declar¨® culpable de un delito de violaci¨®n de la Ley de Espionaje y acept¨® una pena de cinco a?os de prisi¨®n ya cumplida en la c¨¢rcel londinense de Belmarsh. Terminaban as¨ª 12 prolongados a?os de reclusi¨®n.

investigacion@elpais

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.