Robar agua resulta rentable

En Espa?a se perfora la tierra sin control para extraer agua. Los pozos ilegales se adue?an del campo. La opacidad de la Administraci¨®n contribuye al caos porque no publica datos oficiales desde 2006, cuando el Gobierno reconoci¨® la existencia de 510.000 excavaciones irregulares. En 2017, el Ministerio de Medio Ambiente admiti¨® que la cifra de esas construcciones ilegales pod¨ªa ascender a m¨¢s de un mill¨®n, como se?ala Greenpeace. La ausencia de estudios actualizados dificulta la persecuci¨®n de estas infracciones, que suelen producir beneficios superiores a las multas que se imponen. La avaricia se cuela por los agujeros subterr¨¢neos. Expertos y activistas coinciden en que robar agua resulta rentable.

El responsable de Agua de Ecologistas en Acci¨®n, Santiago Mart¨ªn Barajas, suscribe esa estimaci¨®n del mill¨®n de perforaciones ilegales en la actualidad, pero nadie sabe con exactitud la cantidad. S¨ª se conocen algunos datos de los que puede deducirse algo sobre la magnitud del problema. El Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha detectado en lo que va de a?o 1.165 infracciones por la mala gesti¨®n de los recursos h¨ªdricos, principalmente de los acu¨ªferos. La mayor¨ªa, a causa de distraer y defraudar agua y atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales. 26 personas han sido investigadas o detenidas por utilizar infraestructuras irregulares.

Al margen de la ley, cuenta el ecologista, se riegan medio mill¨®n de hect¨¢reas, lo equivalente a 500.000 campos de f¨²tbol aproximadamente. ¡°Los pozos ilegales consumen m¨¢s que la poblaci¨®n espa?ola en abastecimiento urbano¡±, afirma. La falta de derechos de agua y el consumo sin autorizaci¨®n de cantidades superiores a los siete millones de litros anuales, constituyen una infracci¨®n, aunque casi siempre resulta rentable saltarse la norma, seg¨²n cree Mart¨ªn Barajas. ¡°Si extraer agua de forma ilegal no fuera barato, la gente no lo har¨ªa. Cuando en una zona de carga y descarga est¨¢ la polic¨ªa todos los d¨ªas, nadie aparca¡±, a?ade.

Hay dos tipos de sanciones: penales y administrativas. Las primeras castigan los da?os sustanciales al medio ambiente y contemplan multas y penas de c¨¢rcel de hasta cinco a?os. El profesor de Derecho Administrativo Pedro Brufao cree que nadie ha entrado en prisi¨®n hasta el momento. Resulta complejo atribuir la responsabilidad a cada persona en un escenario de pozos ilegales generalizado, seg¨²n el abogado Jaime Doreste. El Seprona ha registrado 25 denuncias por infracciones penales este a?o. El resto, las administrativas, son aplicadas, generalmente, por las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas en casos menos graves con multas de hasta 50.000 euros. El Consejo de Ministros puede imponer sanciones de hasta un mill¨®n de euros para incumplimientos de mayor importancia.

Uno de los acu¨ªferos m¨¢s sobreexplotados de Espa?a es el del Parque Nacional de Do?ana, donde la superficie de regad¨ªo irregular en 2021 era superior a 4.700 hect¨¢reas, lo equivalente a m¨¢s de 5.700 campos de f¨²tbol, seg¨²n la organizaci¨®n WWF. La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, a la que pertenece este humedal, ha registrado este a?o 132 expedientes, cada uno puede incluir m¨¢s de un pozo ilegal. El total de las sanciones y el resarcimiento de los da?os han supuesto aproximadamente 1,2 millones de euros, es decir, una media de 9.090 euros por expediente, cuando la multa m¨¢xima para infracciones leves es de 10.000 euros.

El jefe de ?rea de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir, Antonio Santos, explica que las penalizaciones suelen asumirse porque si no es posible que la administraci¨®n tributaria proceda a los correspondientes embargos. ¡°Por pronto pago se puede reducir la sanci¨®n hasta el 40%¡±, a?ade.

Cuando los expedientes provocan el cierre de alg¨²n pozo, la clausura puede prolongarse a?os si los denunciados recurren. En la cuenca del Guadalquivir se han sellado 722 pozos desde 2019 y se van a cerrar por ejecuci¨®n forzosa otros 75, pendientes desde 2014. A veces, los agricultores riegan con el agua extra¨ªda ilegalmente hasta que se comunica la resoluci¨®n final. Santos advierte de que los descubiertos son sancionados de nuevo, con otra factura a?adida si se realiza el cierre obligado del agujero. Adem¨¢s, en los casos graves, o con sospecha de reincidencia, pueden precintar las tomas de los pozos como medida cautelar. En las ¨²ltimas semanas se han sellado 25 tomas en el entorno de Do?ana y siete en municipios de la Vega del Guadalquivir, en Sevilla.

Cada hect¨¢rea de fruto rojo producida por regad¨ªo aporta una ganancia de hasta 8.000 euros netos, seg¨²n c¨¢lculos del ingeniero agr¨ªcola de WWF Felipe Fuentelsaz, quien ofrece este tipo de argumentos para sostener que resulta rentable el riego ilegal: ¡°Los agricultores recurren y si despu¨¦s de diez a?os reciben una sanci¨®n de 6.000 euros, les da igual¡±. Santos sostiene que ¡°s¨ª se rasca el bolsillo¡±.

No solo hay castigos leves, sino que las administraciones han concedido subvenciones p¨²blicas a empresas investigadas por la supuesta explotaci¨®n de acu¨ªferos, seg¨²n la directora t¨¦cnica de la Fundaci¨®n Nueva Cultura del Agua, Julia Mart¨ªnez. La Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n de 2023 establece que los agricultores sancionados por hacer un uso ilegal del agua no pueden recibir sus ayudas para las hect¨¢reas de regad¨ªo irregulares.

A la dificultad para perseguir el delito se suma el hecho de que las perforaciones il¨ªcitas pueden acabar siendo legalizadas. ¡°Da esperanza y premia al agricultor ilegal¡±, reprocha Brufao. Santos aclara que, desde 2019, su entidad ha regularizado 544 pozos en la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva, de acuerdo con los recursos disponibles. La UNESCO anunci¨® que se plantea retirar a Do?ana la categor¨ªa de Patrimonio de la Humanidad si la Junta de Andaluc¨ªa contin¨²a con su proposici¨®n de ley para aumentar los regad¨ªos en la parte norte de la Corona Forestal del Parque Nacional.

Si la cifra de pozos ilegales en Espa?a ronda el mill¨®n, a¨²n quedan muchos sin detectar, y otros con condenas rentables. Por ello, Doreste advierte: ¡°La esperanza de la impunidad es la invitaci¨®n al delito, pero, aunque la justicia puede ser lenta, tambi¨¦n es incansable¡±.

Este trabajo forma parte de un especial sobre la sequ¨ªa realizado por los alumnos de la Escuela de Periodismo UAM-EL PA?S. Consulta aqu¨ª m¨¢s informaci¨®n sobre el m¨¢ster