La Suprema Corte rechaza el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz

Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia han votado en contra del proyecto que ped¨ªa la despenalizaci¨®n del aborto en Veracruz. Con solo un voto a favor de cinco ¡ªel del ponente del amparo, Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara¡ª, la posibilidad de que uno de los Estados del pa¨ªs con las normas m¨¢s restrictivas sobre los derechos reproductivos de las mujeres ha quedado anulada. El motivo de la mayor¨ªa de ellos para rechazar el informe se ha centrado en la forma del amparo, y no en el fondo ¡ªla constitucionalidad de estos derechos¡ª, pues lo que se discut¨ªa este mi¨¦rcoles era si hab¨ªa habido una omisi¨®n legislativa por parte del Congreso de Veracruz al no reformar su C¨®digo Penal en los art¨ªculos en los que est¨¢ penado el aborto libre que, seg¨²n el proyecto, ¡°violan tratados internacionales¡± y ¡°generan violencia contra la mujer¡±.

La juez Norma Luc¨ªa Pi?a explic¨® en primer lugar sus razones para rechazar el proyecto: ¡°Comparto que existen tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano y que buscan proteger a la mujer y eliminar toda forma de violencia. Estoy de acuerdo, pero me gustar¨ªa aclarar que en la Primera Sala no hay precedentes de omisiones legislativas. No es que se est¨¦ tomando una decisi¨®n en cuanto al fondo, ni que no se comparta la protecci¨®n a la mujer. Es que s¨ª existe una legislaci¨®n. Podemos discutir si las normas son inconstitucionales, pero la norma existe. Tendr¨ªamos que analizar la norma¡±, ha explicado la magistrada. A su razonamiento se ha sumado tambi¨¦n Ana Margarita R¨ªos Farjat y Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz. El juez Jorge Mario Pardo Rebolledo ha expresado por su parte que votar a favor ser¨ªa ser incongruente con lo que vot¨® en su momento en un juicio de amparo de 2015 relacionado con un asunto similar. Aunque ha expresado: ¡°Mi voto no implica ning¨²n pronunciamiento en relaci¨®n con los temas a los que se ha referido. Mi voto significa que no emito ninguna consideraci¨®n ni a favor ni en contra en relaci¨®n de los temas que se mencionan de fondo¡±.

La decisi¨®n del m¨¢ximo ¨®rgano de justicia del pa¨ªs implica un varapalo a la lucha feminista de este Estado, que observa c¨®mo en algunas regiones es posible avanzar ¡ªla capital fue la pionera en 2008 en aprobar el aborto hasta las 12 semanas de gestaci¨®n y Oaxaca se sum¨® en octubre del a?o pasado¡ª y en otras, como Veracruz, los obst¨¢culos contin¨²an. La entidad reconoce el derecho al aborto en casos de violaci¨®n, peligro de muerte para la madre o malformaci¨®n del feto. Si no se dan estas razones, el delito contempla de seis meses a cuatro a?os de prisi¨®n; tambi¨¦n est¨¢ penado para quien efect¨²e el aborto con el consentimiento de la embarazada con dos a?os de prisi¨®n m¨¢xima. Al art¨ªculo cuarto de la Constituci¨®n se le agreg¨®, adem¨¢s, una frase: ¡°Proteger la vida desde el momento de la concepci¨®n hasta la muerte natural¡±. Esto podr¨ªa incurrir en contradicci¨®n incluso con los abortos permitidos en el Estado y ha originado numerosos conflictos entre los m¨¦dicos, pues los profesionales pueden alegar que no hay garant¨ªas legales para practicar la interrupci¨®n del embarazo bajo ning¨²n concepto.

¡°Nos dejaron en estado de indefensi¨®n porque la Corte no resolvi¨® nuestro amparo, m¨¢s bien lo volvi¨® a retornar. Solo habl¨® una ministra, Norma Pi?a, sobre que la omisi¨®n legislativa no es el punto que se discutir¨ªa, pero no explic¨® m¨¢s. No escuchamos hablar sobre el tema de la salud reproductiva, de la falta de acceso a los servicios de aborto legal. Ni los abordaron, solo dijeron que no. Ni dieron m¨¢s argumentos. Hablaron de un tema mucho m¨¢s t¨¦cnico, del cual solo nos quedamos como fue una mala t¨¦cnica jur¨ªdica¡±, cuenta la directora de uno de los colectivos implicados en el amparo, el Observatorio del Feminicidio. Y a?ade: ¡°Nos preocupa porque creemos que el mensaje es fracturar el control de convencionalidad de los derechos, porque los Congresos est¨¢n obligados por ese control a poder proteger a las mujeres y ese debe de ser su criterio y su par¨¢metro. Y eso lo cuestionaron. Y hablaron de la soberan¨ªa de los Estados, aunque estos poderes violen los derechos de las mujeres. No se pronunciaron m¨¢s. Lo vimos como una cuesti¨®n m¨¢s pol¨ªtica que de discutir cu¨¢les deben ser los par¨¢metros que protejan a las mujeres¡±.

¡°Esta v¨ªa [sobre la omisi¨®n legislativa] era muy compleja desde un inicio. Cuando le¨ªmos el proyecto nos emocionamos con que desde la ponencia se argumentara que s¨ª era posible esta v¨ªa, pero no parece la opini¨®n mayoritaria de la Corte. Se fren¨® a lo mejor el avance que en este momento ve¨ªamos. Pero eso no quiere decir que la Corte est¨¦ en contra del aborto. Todos hicieron ¨¦nfasis sobre eso¡±, explica la directora de la organizaci¨®n en favor de los derechos reproductivos de las mujeres Gire, Rebeca Ramos.

Para comprender el contexto por el cual este amparo llega a la Suprema Corte es necesario remontarse a 2016. En ese a?o, las organizaciones sociales exig¨ªan la declaraci¨®n oficial de una alerta de violencia de g¨¦nero, que mencionaba, adem¨¢s de la violencia expl¨ªcita contra las mujeres por el hecho de serlo, la violencia institucional. ¡°Nosotras solicitamos que se decretara aquella alerta por agravio comparativo, porque se estaba documentando que las mujeres v¨ªctimas de una violaci¨®n, la mayor¨ªa menores de edad, de 400 casos que se encuentran en el informe, se les negaba el acceso, a pesar de la norma. La autoridad no estaba generando las condiciones suficientes para que las mujeres y las ni?as accedieran a un aborto legal. Y m¨¢s del 90% del personal de salud se declaraba objetor de conciencia; ve¨ªamos un contexto grave para las mujeres¡±, explicaba en una entrevista a este diario Luz Estrada, directora del Observatorio del Feminicidio.

Un a?o despu¨¦s, un equipo de trabajo dirigido por la Comisi¨®n Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim), que depende de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, valid¨® el informe y formul¨® unas recomendaciones a los ¨®rganos estatales, incluido el legislativo. Se ped¨ªa la reforma de tres art¨ªculos del C¨®digo Penal, que no hubiera plazos para los casos de violaci¨®n, que se agregara como causa la salud de la madre y que se despenalizara el aborto en las 12 primeras semanas de embarazo. Las autoridades aceptaron revisar la propuesta, incluso se llev¨® al Congreso una iniciativa, pero esta nunca se discuti¨® en la C¨¢mara. En 2017 se decret¨® la alerta por violencia de g¨¦nero solicitada, pero, seg¨²n las organizaciones sociales, no se avanz¨® en ninguno de los puntos a los que hac¨ªa referencia el informe de la Comisi¨®n, pese a que el reglamento marcaba un plazo de seis meses.

Esa presunta omisi¨®n legislativa dio lugar, en 2018, al amparo interpuesto por las organizaciones. ¡°Pudimos documentar que el legislativo hab¨ªa cometido irregularidades que iban en contra de los derechos de las mujeres. Todo eso se meti¨® en el amparo. Y lo ganamos a nivel federal. Un juez nos dio la raz¨®n y reconoci¨® que la autoridad, el Legislativo, fue omisa y expuso todos los argumentos para la reforma del C¨®digo Penal. Pero el Congreso rechaz¨® el dictamen del juez, al que acus¨® de extralimitarse. Veracruz, dijeron, ¡°se rige por su ley estatal¡±, explica Estrada.

El Congreso de Veracruz pidi¨® entonces la intervenci¨®n de la Suprema Corte, y el ministro Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara tom¨® la propuesta de las organizaciones y redact¨® un proyecto para resolver si el poder legislativo estatal fue omiso o no. Este mi¨¦rcoles, el tribunal se ha pronunciado en contra y ha frenado en seco la posibilidad de que la despenalizaci¨®n del aborto en el Estado sea una realidad. ¡°Quiz¨¢ este no era el camino m¨¢s sencillo, seg¨²n lo que han expresado los magistrados. Pero vamos a continuar utilizando v¨ªas que nos han funcionado como amparos en casos particulares y otras que seguramente abran muchos otros colectivos¡±, a?ade Ramos.