15 a?os de impunidad en el ¡®caso Lydia Cacho¡¯

En los pr¨®ximos d¨ªas se har¨¢ p¨²blica una decisi¨®n judicial que podr¨ªa cambiar el curso del caso de Lydia Cacho. En diciembre del a?o 2005 la periodista fue torturada por denunciar a una red internacional de trata de ni?os y ni?as en la que est¨¢n involucrados pol¨ªticos y empresarios mexicanos. Despu¨¦s de a?os de b¨²squeda de justicia, un tribunal en Quintana Roo orden¨® finalmente en abril del a?o pasado la detenci¨®n de los probables autores intelectuales de estos hechos. Se trata de un hito en la lucha contra la impunidad en uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos en el mundo para ejercer el periodismo. Pero ahora es posible que esta orden se caiga y peor a¨²n, que se derrumbe toda posibilidad de sanci¨®n contra la estructura organizada de poder responsable.

Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por un grupo de polic¨ªas el 16 de diciembre de 2005 en Canc¨²n y trasladada en veh¨ªculo hasta la ciudad de Puebla. En el trayecto fue torturada. Estas agresiones sucedieron como consecuencia de la publicaci¨®n del libro Los Demonios del Ed¨¦n: el poder detr¨¢s de la pornograf¨ªa infantil, sobre una red internacional de explotaci¨®n sexual de ni?as y ni?os de entre cuatro y 14 a?os de edad. El libro menciona a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. Y tambi¨¦n menciona a Emilio Gamboa y Miguel ?ngel Yunes entre otros poderosos empresarios y pol¨ªticos como integrantes de la red.

Derivado de estos hechos se inici¨® una investigaci¨®n judicial por los actos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, el asunto se mantuvo en impunidad, estancado, sin ninguna persona procesada, ni verdad, ni reparaci¨®n. Casi diez a?os despu¨¦s, ARTICLE 19 present¨® junto con la periodista una petici¨®n al Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU para revisar el caso por la inactividad del Estado mexicano.

En diciembre de 2014, dos meses despu¨¦s de presentar la comunicaci¨®n ante Naciones Unidas, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) ejerci¨® acci¨®n penal contra dos polic¨ªas judiciales del estado de Puebla que perpetraron directamente la tortura y por ¨®rdenes de sus superiores. Uno de ellos, Jos¨¦ Monta?o, fue capturado y sentenciado por el delito de tortura (actualmente en prisi¨®n) mientras que el otro se encuentra pr¨®fugo. En diciembre de este a?o, Monta?o cumplir¨¢ la totalidad de su sentencia.

Cinco a?os despu¨¦s, el 11 de abril de 2019 un tribunal en Quintana Roo libr¨® finalmente ¨®rdenes de aprehensi¨®n en contra Mario Mar¨ªn, Kamel Nacif, el exdirector de la entonces Polic¨ªa Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltr¨¢n; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuradur¨ªa de Puebla, Juan S¨¢nchez Moreno. De estos ¨²ltimos, hasta el d¨ªa de hoy solamente S¨¢nchez Moreno ha sido detenido, procesado y sentenciado por el delito de tortura. Pero Mar¨ªn, Nacif y Karam se encuentran a¨²n pr¨®fugos. Lo inexplicable es: ?Por qu¨¦ a un a?o y medio de su emisi¨®n no han sido ejecutadas las ¨®rdenes? La misma Lydia ha aportado informaci¨®n sobre el paradero de sus agresores, pero la inacci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica sobre lo aportado por la periodista genera dudas sobre la determinaci¨®n de la instituci¨®n.

Contrario a ser capturados, Mar¨ªn, Nacif y Karam promovieron juicios de amparo contra las ¨®rdenes de aprehensi¨®n, alegando la existencia de violaciones procesales y la falta de pruebas en su contra, recibiendo menci¨®n particular aquellas llamadas telef¨®nicas conocidas p¨²blicamente en 2006 entre Mar¨ªn y Kamel y cuya ilicitud alega la defensa.

La teor¨ªa del caso de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica y de ARTICLE 19, consiste en la puesta en operaci¨®n de una estructura organizada de poder que activ¨® el aparato estatal para castigar a la periodista. Y la llamada telef¨®nica es la evidencia m¨¢s contundente de ello pues demuestra que Kamel Nacif orden¨® los cr¨ªmenes contra Lydia y que Mar¨ªn utiliz¨® el Estado para ejecutar esas ¨®rdenes. Sin embargo, debido a que estas llamadas no fueron incorporadas al expediente como consecuencia de una orden judicial para interceptar comunicaciones, sino que fueron filtradas a medios de comunicaci¨®n quienes luego las hicieron p¨²blicas, el Tribunal podr¨ªa ordenar excluir esa evidencia del proceso. No est¨¢ en duda la veracidad del contenido de la llamada, sino la validez para mantener la prueba en el proceso.

El pasado 2 de octubre se celebr¨® la sesi¨®n en el tribunal de Quintana Roo que resolvi¨® finalmente estos amparos. Esta decisi¨®n -que a¨²n no es p¨²blica- es fundamental, ya que de ella podr¨ªa depender la posibilidad de encontrar justicia despu¨¦s de 15 a?os de buscarla. En su fallo, el amparo otorgado a Mar¨ªn, Karam y Nacif regresa ¡°la pelota a la cancha¡± de la magistrada para que decida nuevamente. Es de conocimiento de ARTICLE 19 que hay una fuerte presi¨®n sobre los tribunales federales en Quintana Roo que han conocido del caso. El tribunal dej¨® abierta la posibilidad de que la magistrada que gir¨® inicialmente las ¨®rdenes en esta ocasi¨®n recule y decida negarlas.

No hay que olvidar que debido a los intereses del crimen organizado que aqu¨ª se est¨¢n tocando, y al poder de las personas involucradas, jueces y magistrados requieren de medidas especiales para obrar con independencia y seguridad. Hasta el momento el Consejo de la Judicatura Federal ha fallado en entregar esas garant¨ªas.

Los recientes avances en la justicia -y los intentos de los probables autores para huir de ella- han implicado nuevas amenazas para Lydia. El 31 de julio 2019 su casa en Canc¨²n fue allanada por desconocidos que entraron a su domicilio y robaron material period¨ªstico relacionado con sus investigaciones sobre pederastia en M¨¦xico. Por este motivo la periodista tuvo que desplazarse fuera del pa¨ªs sin que a la fecha existan condiciones de seguridad para su regreso.

Asimismo, derivada de la petici¨®n presentada en 2014, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas emiti¨® el 31 de julio de 2018 una resoluci¨®n contra el Estado mexicano, determinando que los hechos ocurridos en diciembre de 2005, son violatorios de los derechos humanos de Lydia a la no discriminaci¨®n en raz¨®n de g¨¦nero, no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal, y de libertad de expresi¨®n, adem¨¢s declar¨® que el Estado no cumpli¨® con sus obligaciones de proveer un recurso efectivo para investigar a los culpables. Era la primera vez que el comit¨¦ condenaba a un Estado por no proteger a una periodista y la primera vez que ordenaba investigar y sancionar a los responsables. Por esa raz¨®n las autoridades activaron la investigaci¨®n contra los responsables del m¨¢s alto nivel. Ahora existe el riesgo de que esto nunca se cumpla.

Este art¨ªculo fue redactado por la oficina de M¨¦xico y Centroam¨¦rica de Art¨ªculo 19.