Encarcelados por no hablar espa?ol: la agon¨ªa de los ind¨ªgenas en las prisiones de M¨¦xico

Cuando sentenciaron a Felipa de Jes¨²s Segundo a 50 a?os por homicidio tuvo que acercarse a su hija al terminar la audiencia para preguntarle qu¨¦ hab¨ªa pasado. ¡°Culpable por homicidio, mam¨¢¡±, le dijo Teresa, reconvertida en una int¨¦rprete improvisada. Felipa, ind¨ªgena mazahua de 60 a?os, se enter¨® hace unos meses de su condena despu¨¦s de estar entre rejas desde 2017. Entr¨® en el penal de Almoloya de Ju¨¢rez (Estado de M¨¦xico) a tientas: sin hablar espa?ol y sin acceso a un traductor. Cuando conoci¨® el fallo, no dio cr¨¦dito. A ella, que la golpearon sus vecinos hasta dejarla malherida, se le acus¨® por un asesinato que no cometi¨®.

De Jes¨²s no est¨¢ sola. Su caso es una gota de agua en el mar de injusticias del sistema penal mexicano, que Gerardo Mart¨ªnez, del Centro Profesional Ind¨ªgena de Asesor¨ªa, Defensa y Traducci¨®n, califica sin lugar para eufemismos: ¡°Es racismo institucional¡±. Las cifras son solo una ventana que deja ver lo peor de un problema end¨¦mico. En M¨¦xico, 7.011 personas de pueblos originarios est¨¢n en prisi¨®n. El 85,2% de ellas (casi 6.000) no tuvo acceso a un int¨¦rprete. Tres de cada 10 est¨¢n encarceladas sin sentencia ¡ªque en el mejor de los casos llegar¨¢ en unos seis a?os¡ª seg¨²n los datos del Instituto Nacional de Geograf¨ªa y Estad¨ªstica (Inegi) y de la Secretar¨ªa de Seguridad.

Todos los procesos son diferentes. Pero hay patrones que dejan claro que cuando se trata de la poblaci¨®n ind¨ªgena, las decisiones suelen ser igual de arbitrarias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad de 2016, el 99% de estos detenidos termina en prisi¨®n preventiva. Es decir, que pr¨¢cticamente todos los ind¨ªgenas arrestados pasan su proceso en la c¨¢rcel sin ser sentenciados. Asociaciones como Asilegal han documentado casos de hasta 20 a?os sin condena. Jos¨¦ Luis Guti¨¦rrez, director general de la organizaci¨®n, es tajante: ¡°Lo que esperan las autoridades es que ellos aprendan espa?ol para acelerar el proceso¡±.

Pedro Gatica aprendi¨® castellano entre rejas. Fue detenido en 1999, se?alado por homicidio cuando ten¨ªa 16 a?os. El juez lo absolvi¨® 12 a?os despu¨¦s. Para ¨¦l siempre fue ut¨®pico que alguien se le acercara para traducirle todo durante su proceso. Actualmente, solo hay 662 int¨¦rpretes de lenguas ind¨ªgenas certificados: uno por cada 10 reos.

Mar¨ªa L¨®pez Guzm¨¢n, de la Organizaci¨®n de Traductores, Int¨¦rpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Ind¨ªgenas (Otigli), se queja de que no existen condiciones dignas para los int¨¦rpretes: ¡°Nosotros tambi¨¦n vivimos episodios racistas. Hay jueces que no nos creen cuando hacemos una interpretaci¨®n. Y est¨¢ claro que tampoco podemos vivir de esto¡±. Profesionales como ella suelen tener dos o m¨¢s empleos para llegar a fin de mes. Por cada traducci¨®n cobran una media de cinco salarios m¨ªnimos ¡ª616 pesos, unos 31 d¨®lares¡ª en honorarios. Esto quiere decir que lo hacen como un trabajo externo, sin seguridad social y muchas veces reciben el dinero hasta un a?o despu¨¦s. En Otigli, por ejemplo, hay adeudos del Consejo de la Judicatura Federal (el ¨®rgano de Gobierno de los jueces) desde 2018.

Abuso de la prisi¨®n preventiva

Las ONG coinciden en que uno de los mayores excesos contra los ind¨ªgenas es el abuso de la prisi¨®n preventiva. La pena se puede aplicar con delitos graves como el secuestro, el homicidio o el robo con violencia. Pero Dominga Gonz¨¢lez, nahua de 63 a?os, no sab¨ªa nada de eso. Ella solo recuerda que rez¨® con todas sus fuerzas para no morir antes de llegar a prisi¨®n.

Gonz¨¢lez fue detenida en su natal San Pedro Tlanixco (Estado de M¨¦xico) en 2007. Se le acus¨® de matar a un empresario espa?ol con el que su comunidad tuvo un conflicto por la concesi¨®n de un r¨ªo. Pas¨® una d¨¦cada en la c¨¢rcel hasta que fue declarada culpable. La obligaron a firmar documentos pese a ser analfabeta. No tuvo acceso a un int¨¦rprete y durmi¨® en el suelo. Pero los primeros minutos fueron los m¨¢s dif¨ªciles. ¡°Los polic¨ªas me llevaron a un cuarto muy feo. Me amenazaron con que si no hablaba me violaban¡±, recuerda la activista, absuelta en 2019 por fallas en su proceso, y tras pasar 12 a?os encerrada.

Las confesiones obtenidas por enga?os o torturas son otro de los c¨¢nceres del sistema. Asilegal como a Gonz¨¢lez, la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos ha documentado cerca de 10.000 quejas similares entre 2006 y 2018. Para Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, hay un clar¨ªsimo ¡°sesgo de clase¡± en la forma en la que se trata a los sospechosos.

Pero no solo el trato es vejatorio, tambi¨¦n lo son las denuncias, que muchas veces rozan el rid¨ªculo. La organizaci¨®n de Lara ha documentado casos de prisi¨®n preventiva contra ind¨ªgenas por el robo de cantidades como 80 pesos [4 d¨®lares]. ¡°Lo que hacen los tribunales con las clases bajas es sentenciar, aun sin pruebas. Solo para dar la impresi¨®n de que se est¨¢ combatiendo el delito¡±, asegura. Esta forma de los jueces de inflar el pecho, seg¨²n el defensor de derechos de los ind¨ªgenas, es la manera en la que los impartidores de justicia intentan esconder bajo la alfombra una realidad inc¨®moda: en M¨¦xico, de acuerdo con cifras oficiales, el 98% de los delitos queda impune.

Muchas veces para un fiscal no hace falta m¨¢s que una acusaci¨®n como prueba suficiente para imputar a alguien. Asilegal pas¨® con Felipa de Jes¨²s. Teresa Mondrag¨®n, su hija, a¨²n recuerda con dolor la llamada de su hermano Rodrigo en la madrugada del 16 de septiembre de 2017. A su madre la hab¨ªan golpeado con piedras unos 10 vecinos del pueblo de San Diego Suchitepec (municipio de Villa Victoria, Estado de M¨¦xico), quienes la intentaron ahorcar con su rebozo. ¡°La llevamos a un m¨¦dico al d¨ªa siguiente. Y levantamos una denuncia¡±, cuenta en el tel¨¦fono.

El grupo que atac¨® a De Jes¨²s hab¨ªa increpado a la familia tras haber llegado al barrio con unas copas de m¨¢s. Era el d¨ªa de la Independencia. Tres de sus hijos la defendieron y se inici¨® una ri?a mientras ella yac¨ªa malherida. Uno de los agresores muri¨® al d¨ªa siguiente. En dos semanas, el juez orden¨® la detenci¨®n de Felipa de Jes¨²s, su esposo Vidal, de 59 a?os, y Rodrigo, que ni siquiera estaba en el pueblo cuando todo pas¨®. Hasta el d¨ªa de hoy, Felipa le sigue preguntando a Teresa cu¨¢ndo volver¨¢ a casa. La hija, de 40 a?os, batalla cada d¨ªa m¨¢s para edulcorar la situaci¨®n: ¡°Yo tampoco entiendo lo que est¨¢ pasando¡±, cuenta con voz entrecortada.

La ley de amnist¨ªa, una decepci¨®n

Cuando el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador public¨® el decreto de la ley de amnist¨ªa, las asociaciones de abogados defensores de derechos humanos creyeron que al fin llegar¨ªa la justicia. M¨¢s de un a?o despu¨¦s, la legislaci¨®n ha quedado como papel mojado. La norma, anunciada por el mandatario con bombo y platillo como una medida de gracia, permitir¨ªa a los ind¨ªgenas que llevaron su proceso sin un int¨¦rprete salir de prisi¨®n, si se trata de un delito menor. Pero hasta el momento ninguno lo ha logrado.

Las cinco asociaciones de derechos humanos consultadas para este reportaje coinciden en una cosa: la amnist¨ªa ha quedado en una innecesaria tela de ara?a burocr¨¢tica. Seg¨²n la norma, los interesados deben exponer su caso ante una Comisi¨®n que solo puede resolverlo cuando sesiona. De acuerdo con una investigaci¨®n del peri¨®dico digital Animal Pol¨ªtico, en m¨¢s de un a?o, los comisionados han sesionado tres veces y, hasta el momento, solo cinco personas han sido amnistiadas desde que la norma entr¨® en vigor (el 0,5% de las solicitudes).

Gerardo Mart¨ªnez, del Centro Profesional Ind¨ªgena de Asesor¨ªa, Defensa y Traducci¨®n, no contiene su enfado: ¡°Era bastante prometedor. Estamos decepcionados, frustrados y desencantados¡±. Mart¨ªnez espera desde hace m¨¢s de medio a?o la resoluci¨®n de amnist¨ªa de ocho de sus clientes, todos ind¨ªgenas. Pero nadie le ha hecho acuse de recibo. Jos¨¦ Luis Guti¨¦rrez, de Asilegal, va m¨¢s all¨¢: ¡°Ha sido una oportunidad perdida para que el Estado reconociera el grado de vulnerabilidad en el que ha sumergido a los ind¨ªgenas¡±.

Teresa no tira la toalla con su madre. Pero cada d¨ªa pierde un poco la fe. Con o sin amnist¨ªa, ella quiere volver a abrazar a Felipa, que con 60 a?os dif¨ªcilmente podr¨ªa cumplir su condena de medio siglo por homicidio. Su voz en el tel¨¦fono es un grito en el desierto que resuena en muchas otras familias como la suya: ¡°Nosotros no pedimos nada. Lo ¨²nico que queremos es que la justicia sea justa¡±.

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