Las amenazas contra la prensa en M¨¦xico apremian al Gobierno para que tome medidas inmediatas
Los ataques del Cartel Jalisco evidencian la inseguridad de los informadores ante los grupos criminales. L¨®pez Obrador asegura que ha dado instrucciones para proteger a Azucena Uresti: ¡°No est¨¢ sola¡±
El video encierra todo lo que un Estado de derecho debe repudiar. El l¨ªder de una organizaci¨®n criminal que amenaza de muerte a una periodista y desaf¨ªa el ejercicio libre de la informaci¨®n. Una puesta en escena que es en s¨ª una exaltaci¨®n de la violencia en uno de los pa¨ªses m¨¢s mort¨ªferos para la prensa. Y un mensaje inconcebible que evidencia la inseguridad que sufren los comunicadores o quien se interponga en el camino de esta banda de narcotraficantes. El ataque contra el periodismo lanzado este lunes por el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG) supone un giro de tuerca en un clima en el que las agresiones y las amenazas contra los medios ya son parte de la rutina. La escalada ha elevado la presi¨®n de organizaciones de derechos humanos y de la profesi¨®n sobre el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador para que se comprometa con la protecci¨®n de los informadores.
Las muestras de apoyo con Azucena Uresti, de Grupo Multimedios, abiertamente amenazada por Nemesio Rub¨¦n Oseguera Cervantes, alias El Mencho, capo del cartel, han sido un¨¢nimes. Pero la preocupaci¨®n por este episodio debe interpelar en primer lugar a las autoridades, que llevan a?os recibiendo cr¨ªticas por su inacci¨®n. El trabajo de Uresti y de los periodistas que informan en territorios donde operan mafias dedicadas al narcotr¨¢fico como el Estado de Michoac¨¢n requiere un plan de seguridad concreto inmediato, prevenci¨®n y una visi¨®n a largo plazo. Es lo que, en esencia, plantean varios organismos dedicados a la defensa de la libertad de prensa y el llamamiento de algunos de los principales medios mexicanos, que a trav¨¦s de un comunicado conjunto han exigido ¡°salvaguardar la integridad f¨ªsica de todos los compa?eros comprometidos por estas expresiones delincuenciales¡± y reclaman al Gobierno una condena sin matices.
Este martes el presidente ha manifestado su solidaridad con Uresti y ha asegurado que ya ha dado instrucciones para que se la atienda. ¡°Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos¡±, ha dicho. ¡°No est¨¢ sola¡±. El coordinador de comunicaci¨®n de la presidencia, Jes¨²s Ram¨ªrez, hab¨ªa prometido antes que el Ejecutivo tomar¨ªa ¡°medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicaci¨®n amenazados¡± y ha asegurado que ¡°las libertades democr¨¢ticas est¨¢n garantizadas junto con el derecho a la informaci¨®n para los ciudadanos¡±. El Gobierno, sin embargo, no ha detallado a¨²n su plan. Mientras tanto, crecen las peticiones para que el Estado act¨²e con celeridad.
La organizaci¨®n Art¨ªculo 19 ha comunicado que est¨¢ documentando el caso y ha dejado claro que ¡°rechaza las amenazas atribuidas al grupo delictivo CJNG¡±. ¡°Exigimos a la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y a las autoridades de seguridad p¨²blica coordinarse a fin de proteger de forma urgente a los integrantes de los medios as¨ª como a Azucena Uresti y a sus familiares. Adem¨¢s, urge a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica investigar de forma diligente y con perspectiva de g¨¦nero las amenazas¡±, agrega el organismo, que el a?o pasado contabiliz¨® 692 agresiones contra la prensa. En los ¨²ltimos 14 a?os, los episodios son casi 5.000.
En absoluto se trata de un fen¨®meno nuevo, pero la tendencia es muy preocupante porque ha ido en aumento. El Gobierno de L¨®pez Obrador afronta una nueva guerra del narco, sobre todo el norte del pa¨ªs, pero el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n y El Mencho, que ha amenazado tambi¨¦n a Televisa, Milenio y El Universal por su cobertura, representan uno de los eslabones criminales m¨¢s peligrosos para los informadores y para la sociedad mexicana. ¡°El aumento a?o con a?o de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervenci¨®n que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz de la mutaci¨®n en los patrones de agresi¨®n y de la identificaci¨®n de las causas que generan este tipo de agresiones¡±, se?ala el ¨²ltimo informe de Art¨ªculo 19, que se pregunta. ?Se trata de ineficiencia institucional o de falta de Estado de Derecho?
Reporteros Sin Fronteras (RSF) constata en su balance anual, que ¡°M¨¦xico sigue siendo, a?o tras a?o, uno de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos del mundo para los medios¡±. ¡°A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el pa¨ªs contin¨²a hundi¨¦ndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusi¨®n de las autoridades y los pol¨ªticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la informaci¨®n y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del pa¨ªs a todos los niveles¡±, denuncia la organizaci¨®n. Hace poco m¨¢s de un mes, a finales de junio, dos periodistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Oaxaca y en el Estado de M¨¦xico. Uno de ellos, Gustavo S¨¢nchez, hab¨ªa sufrido una agresi¨®n hace un a?o. Fue integrado en el Mecanismo de Protecci¨®n de Periodistas, pero cuando fue baleado no contaba con esquema de seguridad.
Este es solo uno de los casos m¨¢s recientes. Y a esto se a?ade un clima de creciente descr¨¦dito de los periodistas alentado tambi¨¦n por las autoridades. El espacio bautizado como Las mentiras de la semana durante las conferencias de prensa matutinas del presidente, en el que se se?ala a los informadores con nombres y apellidos, hizo saltar las alarmas de varios organismos internacionales desde que fue estrenado, el pasado mes de julio. Lo urgente ahora es, incide Reporteros Sin Fronteras, justo lo contrario. Esto es, que el Gobierno se implique en la protecci¨®n de los comunicadores. ¡°El presidente L¨®pez Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, a¨²n no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad¡±, recuerda el organismo, que adem¨¢s advierte, como ocurre en otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, de que ¡°los numerosos medios de comunicaci¨®n comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusi¨®n legales y son perseguidos de manera regular¡±. Este es un problema estructural de los territorios rurales, a menudo los m¨¢s afectados por las organizaciones de narcotraficantes. Y, coincide la profesi¨®n, esta debe ser la prioridad del Gobierno.
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