La Suprema Corte avala el derecho al aborto en menores sin el permiso de sus padres

Si una ni?a necesita abortar en M¨¦xico, puede hacerlo en cualquier hospital sin la autorizaci¨®n de sus padres o tutores. La Suprema Corte de Justicia ha refrendado este martes la validez de la norma oficial mexicana 46 que garantiza el acceso al aborto por violaci¨®n en todas las instituciones de salud p¨²blicas y privadas del pa¨ªs.

Desde 2009, la NOM046 establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por violaci¨®n en cualquier Estado. La ¨²ltima reforma de 2016 elimina el requisito de denuncia y considera suficiente la declaraci¨®n bajo protesta de decir verdad para prestar el servicio en cualquier cl¨ªnica u hospital de M¨¦xico. En el caso de las ni?as mayores de 12 a?os, tampoco se requiere el consentimiento de sus padres o tutores.

Sin embargo, las limitaciones para llevar la ley a la pr¨¢ctica han sido una constante. En 2016, el Congreso de Aguascalientes y el Gobierno del Estado de Baja California interpusieron controversias constitucionales en busca de frenar el cumplimiento de la norma en respuesta a las ¨²ltimas modificaciones.

Con nueve votos a favor y uno en contra, el Supremo mexicano ha desechado este martes las controversias 45/2016 y 53/2016 que alegaban violaciones a las facultades legislativas de los Congresos estatales con respecto a los delitos de violaci¨®n y aborto. Adem¨¢s de afectaciones al inter¨¦s superior de la ni?ez por permitir el aborto a las ni?as menores de 12 a?os sin el consentimiento de sus padres.

El proyecto del ministro Luis Mar¨ªa Aguilar ha determinado que las modificaciones de 2016 ¨²nicamente regulan la prestaci¨®n de servicios de salud, sin hacer referencia a la materia penal. ¡°No invade la esfera de competencia para legislar del Congreso de Aguascalientes ni contraviene los efectos de la instituci¨®n de la patria potestad, sino que reconoce el derecho de los infantes al disfrute del m¨¢s alto nivel posible de salud, relacionado con el principio de evoluci¨®n de las facultades de infantes en cuanto a que estos tienen la posibilidad de decidir someterse a determinados tratamientos e intervenciones m¨¦dicas sin el permiso o intervenci¨®n de un progenitor o tutor¡±, sentencia.

M¨¦xico ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los pa¨ªses de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE), as¨ª como en abuso sexual a menores, de los cuales la gran mayor¨ªa ocurren en el entorno familiar.

El presidente de la Corte, Arturo Zald¨ªvar, ha sostenido que este derecho busca proteger a las menores v¨ªctimas de violaci¨®n, con independencia del consentimiento parental o de alguna autoridad. ¡°En estos casos, el Estado no solo no debe obstaculizar ni mucho menos criminalizar el aborto, sino que tiene la obligaci¨®n de adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupci¨®n del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias, y con la prontitud que amerita tomar la decisi¨®n en este tipo de eventos¡±, ha advertido.

¡°Obligar a las mujeres o ni?as a llevar a t¨¦rmino el embarazo derivado de una violaci¨®n implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonom¨ªa y libre desarrollo de la personalidad, adem¨¢s de ser revictimizante y una forma de violencia de g¨¦nero¡±, ha afirmado. ¡°Ninguna ni?a puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Aqu¨ª la transgresi¨®n a sus derechos es m¨¢s grave, no solo por su calidad de v¨ªctimas, sino por su edad, que obliga a revisar la cuesti¨®n desde la perspectiva de las personas menores de edad¡±.

El ministro tambi¨¦n ha mencionado que las mujeres menores de 20 a?os tienen el doble de probabilidades de morir en el parto, entre otros obst¨¢culos en su proyecto de vida. ¡°Las complicaciones del embarazo y parto son la principal causa de muerte en las adolescentes en la mayor¨ªa de los pa¨ªses en desarrollo, esos efectos trascienden a sus hijas e hijos, quienes registran mayor mortalidad y morbilidad infantil. Por ello, el embarazo adolescente es un problema de salud p¨²blica¡±, ha expuesto.

Las controversias constitucionales, un recurso que pueden presentar los Estados al considerar que sus facultades han sido invadidas, fueron revisadas por la SCJN por primera vez en 2019. Un proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo, quien este martes fue el ¨²nico en votar en contra, buscaba respaldar el argumento de las autoridades locales. Pero fue rechazado por ocho votos y turnado a la ponencia de Aguilar, quien tambi¨¦n realiz¨® los proyectos de sentencias que el a?o pasado declararon inconstitucional criminalizar a las mujeres por tomar la decisi¨®n de abortar y prohibieron legislar en torno a la idea de la vida desde la concepci¨®n.

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