La reanudaci¨®n del tramo 5 del Tren Maya expone al Gobierno a una tormenta legal

La decisi¨®n del Gobierno de reanudar la construcci¨®n del Tren Maya est¨¢ sembrada de minas legales. El Ejecutivo asegura que se trata de un asunto de ¡°seguridad nacional¡±, una estrategia que ha utilizado antes para acelerar las obras de sus proyectos prioritarios. Sin embargo, hay una suspensi¨®n vigente que impide continuar con las obras hasta que se resuelva el juicio de fondo y salt¨¢rsela es ilegal, afirman cinco juristas consultados por este diario. El incumplimiento de una suspensi¨®n acarrea penas de hasta nueve a?os de c¨¢rcel.

El tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Playa del Carmen, est¨¢ suspendido desde abril pasado, tras los amparos presentados por grupos de ambientalistas por su impacto en el entorno. Un juez orden¨® la detenci¨®n de las obras porque el Gobierno empez¨® a talar ¨¢rboles sin contar con los permisos ambientales requeridos por ley. El trayecto del tren atraviesa zonas de selva virgen y pasa por encima del mayor sistema de cuevas sumergidas del mundo.

La suspensi¨®n definitiva pon¨ªa en peligro la meta del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador de finalizar la obra antes de acabar 2023. Para forzar los tiempos, el Consejo de Seguridad determin¨® recientemente que el Tren Maya era una obra de ¡°seguridad nacional¡±. Con esta justificaci¨®n, el mandatario ha defendido este lunes la reanudaci¨®n y ha rechazado que se est¨¦ desacatando una orden judicial. Adem¨¢s, ha negado que el Ejecutivo tuviese la obligaci¨®n de presentar el argumento ante un juez antes de retomar los trabajos. ¡°No por los intereses de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas vamos a detener una obra¡±, ha declarado.

La postura del Gobierno no tiene fundamento legal y representa un desacato de una orden judicial, seg¨²n los juristas consultados. La Ley de Amparo establece que no ser¨¢n objeto de suspensiones los asuntos que ¡°contravengan disposiciones de orden p¨²blico¡± y enumera varios casos, entre ellos las ¨®rdenes militares para la defensa de la integridad territorial, la soberan¨ªa y la seguridad nacional.

Sin embargo, ese art¨ªculo no aplica a las suspensiones ya concedidas, de acuerdo a los juristas. Adem¨¢s, el tramo 5 del Tren Maya est¨¢ a cargo de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y de Seguridad P¨²blica, no de la Secretar¨ªa de la Defensa, seg¨²n afirm¨® esta semana el responsable de la obra, Javier May. Si el Ej¨¦rcito no es el encargado, no puede considerarse que la suspensi¨®n lleve a un incumplimiento de ¨®rdenes militares para defender la soberan¨ªa.

Por otra parte, los juristas ponen en duda que un proyecto con fines tur¨ªsticos como el Tren Maya pueda considerarse una acci¨®n en defensa de la soberan¨ªa o la integridad territorial. ¡°No es una orden militar ni es un proyecto militar. En los documentos oficiales se presenta como un tren de carga y turismo. ?D¨®nde est¨¢ el objetivo militar en el proyecto?¡±, se pregunta la abogada ambiental Alejandra Rabasa, investigadora en la Suprema Corte de Justicia.

En cualquier caso, todo intento del Gobierno por echar para atr¨¢s la suspensi¨®n con el argumento de la seguridad nacional debe pasar por el Poder Judicial. ¡°No importa que digan que es de seguridad nacional. Los jueces tienen que valorar esto en el expediente. Las autoridades responsables tendr¨¢n que comparecer en cada juicio de amparo donde hay una suspensi¨®n y pedir al juez que lo reconsidere¡±, sostiene la abogada Claudia Aguilar, profesora de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. ¡°Hasta que no ocurra, los funcionarios tienen que cumplir con las disposiciones judiciales¡±.

En la misma l¨ªnea, el abogado Daniel Torres, especializado en Derecho Constitucional, afirma que se necesita el visto bueno del juez para levantar la suspensi¨®n. ¡°Siempre se debe de pasar por el filtro del Poder Judicial. El argumento de la seguridad nacional, justificado o no, se debe de demostrar ante el juez¡±, dice Torres. ¡°Lo que no es posible bajo ning¨²n escenario es que el Consejo de Seguridad lo declare y contin¨²e con las obras autom¨¢ticamente¡±.

Para poder reanudar unos trabajos que han sido suspendidos, el Gobierno tiene dos opciones. La primera es impugnar la resoluci¨®n ante un tribunal colegiado y que este le d¨¦ la raz¨®n. El Fonatur, responsable de la obra, impugn¨® en junio la suspensi¨®n, pero la decisi¨®n puede tardar varios meses.

La segunda opci¨®n es solicitar una modificaci¨®n de la suspensi¨®n al juez de distrito porque ocurri¨® ¡°un hecho superveniente¡±, algo novedoso. Este segundo bot¨®n fue el que apret¨® el Gobierno para destrabar las obras del Aeropuerto Internacional Felipe ?ngeles, que fueron objeto de m¨²ltiples amparos de parte de grupos ind¨ªgenas y ambientalistas. Despu¨¦s de declarar estas instalaciones como de seguridad nacional, el Gobierno pidi¨® al juez que modificara las suspensiones definitivas y este accedi¨®. Las obras pudieron continuar. En el caso del Tren Maya, el Gobierno no ha esperado a que el juez modificara la suspensi¨®n.

Las organizaciones ambientalistas ya han anunciado que denunciaran el incumplimiento por parte del Gobierno. Las consecuencias de incumplir una suspensi¨®n judicial son graves. La Ley de Amparo establece que el servidor p¨²blico que no obedezca puede enfrentarse a una inhabilitaci¨®n y a penas de prisi¨®n de tres a nueve a?os. Para Claudia Aguilar el desacato manda un mensaje ¡°grav¨ªsimo¡±. ¡°El Gobierno pone contra las cuerdas al Poder Judicial de manera constante. Todos deber¨ªamos estar preocupados por garantizar el cumplimiento de las ¨®rdenes judiciales¡±, dice.

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