?La calle es m¨ªa?

Una de las amenazas m¨¢s graves que est¨¢ padeciendo la poblaci¨®n que vive en los Estados y municipios mexicanos es, por una parte, el aumento de la inseguridad y la violencia expresada, entre otras incidencias delictivas, en la escandalosa cifra de homicidios dolosos que todos los d¨ªas reportan los informes oficiales y, por otra, la ilusi¨®n de que todo se va a resolver mediante el uso de las fuerzas armadas en un n¨²mero variado y creciente de actividades.

La evidencia disponible de los ¨²ltimos 15 a?os y la experiencia internacional indican que esa es una estrategia destinada al fracaso y que el remedio resultar¨¢ mucho peor que la enfermedad. Veamos las cosas con detenimiento.

La primera es que en M¨¦xico existen alrededor de 2.000 corporaciones que realizan siete tipos de funciones policiacas, desde las polic¨ªas municipales hasta el Ej¨¦rcito y la Marina, que agrupan en conjunto a unos 400.000 elementos aproximadamente. Como es l¨®gico en un pa¨ªs de baja institucionalidad, es imposible orientar la acci¨®n de todas ellas de manera coordinada, transparente y eficaz, independientemente de otros problemas operativos y de agencia que se presentan todo el tiempo. Basta ver el terror que se apoder¨® de algunas ciudades en Jalisco y Guanajuato en agosto pasado cuando los criminales quemaron 25 tiendas de conveniencia, un n¨²mero indeterminado de veh¨ªculos y bloquearon varias carreteras, supuestamente en respuesta a un confuso operativo (uno m¨¢s) del Ej¨¦rcito para detener a un delincuente.

Este es un panorama que se ha vuelto cotidiano y cuya dimensi¨®n real no conocemos puesto que, de acuerdo con INEGI, apenas se denuncia el 10,1% de los delitos que se cometen.

Sin una estrategia efectiva, ahora hay que a?adir la enorme confusi¨®n en la intenci¨®n de transferir la llamada Guardia Nacional a la esfera del Ej¨¦rcito y de alargar su presencia en las calles por varios a?os m¨¢s. Y la pregunta central sigue siendo la misma: ?esa medida ser¨¢ eficaz para reducir sustancialmente la grave inseguridad en M¨¦xico? Probablemente no.

En varios pa¨ªses hay una guardia o polic¨ªa nacional. En Chile existen los Carabineros desde 1927 con una estructura de tipo militar, pero dependen del Ministerio del Interior, que es una dependencia civil. Espa?a tiene dos cuerpos al respecto; la Guardia Civil, que naci¨® en 1844 y est¨¢ ubicada dentro del Ministerio del Interior para toda su administraci¨®n como del de Defensa para aspectos de tipo militar, y la Polic¨ªa Nacional, que surgi¨® en 1824, tiene car¨¢cter civil y depende enteramente de Interior. En Francia, la Gendarmer¨ªa Nacional, que data del siglo XVIII, tiene una estructura parecida a la espa?ola. En s¨ªntesis, todas estas corporaciones tienen m¨¢s de 100 o 150 a?os de fundadas, est¨¢n esencialmente bajo control civil y todos sus integrantes han pasado por un proceso de educaci¨®n, entrenamiento y capacitaci¨®n muy profesional.

La segunda duda es si en el caso mexicano las fuerzas armadas son competentes para mitigar el problema. No parece ser el caso, y su gran deficiencia es que no est¨¢n hechas para desempe?ar tareas de seguridad p¨²blica, no lo saben hacer, no est¨¢n preparados y su l¨®gica de operaci¨®n, que es militar, puede llevar a excesos, violaciones y corrupci¨®n, como de hecho ha ocurrido.

Un ejemplo: la noche del 19 de marzo de 2010 varios soldados del Ej¨¦rcito asesinaron a mansalva a dos j¨®venes estudiantes del Tecnol¨®gico de Monterrey. En un aparente rond¨ªn que hac¨ªan los militares por una avenida de la ciudad de Monterrey, se toparon con los muchachos que sal¨ªan por la noche de las instalaciones del campus para cenar o irse a su casa; al ser acosados por los soldados, se asustaron y corrieron nuevamente hacia el interior del campus, fueron perseguidos hasta all¨ª y asesinados a sangre fr¨ªa. Para esconder la verdad de los hechos, el Ej¨¦rcito dijo que el homicidio hab¨ªa sido en el contexto de un enfrentamiento con el narcotr¨¢fico y acusaron a los estudiantes de formar parte del crimen organizado. Todo fue una mentira, todo.

Como se comprob¨® despu¨¦s, los militares persiguieron a los estudiantes, los golpearon, les metieron varios tiros, alteraron la escena del crimen, colocaron armas de fuego encima de sus cuerpos y se robaron las c¨¢maras de seguridad para esconder la evidencia. El asesinato fue producto de un montaje premeditado realizado por el Ej¨¦rcito y avalado por las autoridades de todos los niveles de gobierno en ese momento. Semanas despu¨¦s del asesinato, el entonces Procurador General de la Rep¨²blica, Arturo Ch¨¢vez, viaj¨® a Monterrey para entrevistarse en privado con las autoridades del TEC. Llevaba dos gruesos expedientes que comparti¨® con ¨¦stas en donde se mostraba fehacientemente que los soldados mataron a los estudiantes. En marzo de 2019, la secretaria de Gobernaci¨®n de la actual administraci¨®n reconoci¨® los hechos tal cual hab¨ªan ocurrido y ofreci¨® una disculpa a los familiares de las v¨ªctimas. Seis militares fueron identificados por la justicia como involucrados. Hasta 2021, tres de ellos estaban detenidos y al parecer procesados como presuntos homicidas, dos permanec¨ªan pr¨®fugos y el ¨²ltimo sigue desaparecido. Antes de esto, ¨²nicamente un miembro de la SEDENA hab¨ªa sido juzgado por ese caso en una corte militar, que lo declar¨® inocente.

Y el tercer problema, adem¨¢s de la ineficacia militar y de las violaciones a los derechos humanos, es la alta probabilidad de corrupci¨®n e impunidad. Es dif¨ªcil saber con exactitud la magnitud de estas incidencias en las fuerzas armadas -porque se llevan en el insondable sistema de ¡°justicia¡± militar- pero una organizaci¨®n civil report¨® que de 2015 a 2020 se denunciaron en M¨¦xico casi 34.000 delitos relacionados con la brutalidad policial de los cuales solo 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en una sentencia condenatoria. Es decir, el ¨ªndice de presunta impunidad es de 99,5% para los il¨ªcitos cometidos por parte de polic¨ªas o integrantes de las fuerzas armadas.

Incluso en casos como Carabineros de Chile, donde era inimaginable la corrupci¨®n, ¨¦sta ha crecido aceleradamente. Las cifras oficiales documentan que la Fiscal¨ªa de Chile contabiliz¨® 112 carabineros procesados por delitos de narcotr¨¢fico entre 2010 y 2020, pero CIPER, una organizaci¨®n de periodistas de investigaci¨®n muy reconocida en ese pa¨ªs, revis¨® decenas de informes del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros y encontr¨® infiltraci¨®n del narco al interior de las filas uniformadas, funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, hacen negocios y modifican registros de las comisar¨ªas para reducir artificialmente la tasa de delitos violentos, entre otras cosas, y se calcula que la cifra real de ese tipo de conductas puede ser mucho mayor. De hecho, han sido procesados y/o encarcelados, acusados de lavado de dinero, fraude fiscal, y malversaci¨®n de recursos p¨²blicos, los cuatro ¨²ltimos excomandantes en jefe del Ej¨¦rcito de Chile, el cargo m¨¢s alto en las Fuerzas Armadas solo por abajo del Ministro de Defensa.

Pues bien, hechos como estos no son aislados, los ejemplos son numerosos y existe el serio riesgo de que aumenten b¨¢sicamente porque la misi¨®n de los militares no es realizar funciones de polic¨ªa. Y mucho menos en M¨¦xico porque, a ese paso, poco faltar¨¢ para que los militares revivan la frase atribuida a Manuel Fraga Iribarne, el viejo ministro franquista: ¡°La calle es m¨ªa¡±. El Ej¨¦rcito y la Marina son instituciones importantes en la defensa de la soberan¨ªa y la seguridad nacional, pero otra cosa es la eficacia en las pol¨ªticas de seguridad p¨²blica y la integridad de personas, familias y patrimonios.

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