El ¡®caso Ayotzinapa¡¯, pendiente de nuevo de las Fuerzas Armadas

La investigaci¨®n por el caso Ayotzinapa topa de nuevo con las Fuerzas Armadas, una constante desde el ataque contra los estudiantes normalistas en Guerrero, ocurrido hace ahora 100 meses, casi ocho a?os y medio. Las pesquisas atraviesan ahora un momento complicado, heredero de las tensiones del a?o pasado, con detenciones sorprendentes, ¨®rdenes de captura canceladas, informes fallidos, presiones y dimisiones forzadas. La colaboraci¨®n de las Fuerzas Armadas se antoja vital para evitar nuevos roces. En el centro de las exigencias de los investigadores figuran entre ¡°80 y 100 oficios¡± del Ej¨¦rcito, seg¨²n fuentes cercanas al caso consultadas por EL PA?S.

Estos oficios han dominado las ¨²ltimas reuniones entre las partes, por un lado, el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, la comisi¨®n gubernamental que investiga el caso, dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Rosendo G¨®mez, y por otro, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), equipo de trabajo dependiente de la CIDH, que ha investigado el caso pr¨¢cticamente desde el principio, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados. Si diciembre concluy¨® con un intento de recomponer la relaci¨®n tras el caos de los meses anteriores, enero aparece en el calendario como piedra de toque: ?se puede seguir avanzando en las pesquisas o se ha llegado a un tope?

La semana pasada, L¨®pez Obrador y Encinas se reunieron en privado con los dos integrantes que quedan del GIEI, tras la partida a finales del a?o pasado de los otros dos, Claudia Paz y Francisco Cox. Convencidos de que hay espacio para avanzar, los dos que quedan, ?ngela Buitrago y Carlos Beristain, insistieron al presidente en dos cuestiones para ellos fundamentales, seg¨²n las fuentes mencionadas arriba. Por un lado, los expertos piden al presidente que medie para que el Ej¨¦rcito acabe de entregar la informaci¨®n que se le ha pedido. Por otro, demandan a la Fiscal¨ªa que reactive las ¨®rdenes de detenci¨®n pedidas por el anterior fiscal del caso, Omar G¨®mez, que dej¨® el cargo por las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz.

Los investigadores exigen tambi¨¦n acelerar otras capturas en Estados Unidos, a la vista de la detenci¨®n hace unos d¨ªas en el pa¨ªs vecino de Alejandro Tenescalco, supervisor de la polic¨ªa de Iguala la noche de los hechos. Es el caso de Ulises Bernab¨¦, responsable de una instalaci¨®n de la polic¨ªa de Iguala, donde los criminales habr¨ªan llevado a parte de los 43 estudiantes desaparecidos, de Abraham Eslava, mano derecha del viejo jefe de los investigadores con Pe?a Nieto, Tom¨¢s Zer¨®n, y de Gualberto Ram¨ªrez, coordinador de las pesquisas sobre el terreno en los primeros meses.

La unidad especial de la Fiscal¨ªa para el caso, comandada ahora por Rosendo G¨®mez Piedra, hombre aupado por L¨®pez Obrador, maneja adem¨¢s una tarea importante, prioritaria para el propio G¨®mez y para la Fiscal¨ªa. Se trata del caso contra el exprocurador general de la Rep¨²blica, Jes¨²s Murillo Karam, detenido en agosto por el caso, acusado de tortura, desaparici¨®n forzada y delitos contra la administraci¨®n de la justicia. G¨®mez Piedra y su equipo tratan de mejorar la acusaci¨®n de cara a la pr¨®xima audiencia, que se celebra a finales de febrero, v¨ªctima de las presiones que sufri¨® la unidad especial para el caso el a?o pasado.

100 oficios

No es la primera vez que el GIEI pide la mediaci¨®n de L¨®pez Obrador para librar el obst¨¢culo castrense. Ha ocurrido varias veces estos a?os y, aunque ha costado, la Secretar¨ªa de la Defensa ha acabado por acceder. Ocurre, sin embargo, que este lote de entre 80 y 100 oficios no aparece. Son documentos importantes para entender el grado de conocimiento que tuvo el Ej¨¦rcito del ataque contra los estudiantes en tiempo real. Los oficios recogen intercepciones de comunicaciones a la red delincuencial de Iguala en la ¨¦poca, esto es, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y su red de apoyo, polic¨ªas, pol¨ªticos, etc¨¦tera, y testimonios de personas que hablan sobre la red, recogidos igualmente en la ¨¦poca.

Hasta el momento, los investigadores cuentan con 12 oficios de este tipo, dos de los cuales conoce la opini¨®n p¨²blica. Se trata de los documentos divulgados en octubre de 2021 por la comisi¨®n gubernamental, que recog¨ªan dos conversaciones entre integrantes de la red criminal de Iguala, una, de horas despu¨¦s de ataque y otra, de d¨ªas m¨¢s tarde. M¨¢s all¨¢ de su contenido, las intercepciones mostraban una realidad desconocida: el Ej¨¦rcito hab¨ªa monitoreado en tiempo real a los atacantes de los estudiantes normalistas. La publicaci¨®n de las conversaciones gener¨® un gran enfado en las familias de los 43, que pensaban que ese monitoreo podr¨ªa haber ayudado en la b¨²squeda de los muchachos.

El Ej¨¦rcito ha defendido estos a?os que los oficios que public¨® la comisi¨®n son todos los que tiene, pero resulta dif¨ªcil de asumir que la Secretar¨ªa de la Defensa dedicase tiempo y esfuerzos a interceptar solo dos comunicaciones al azar. L¨®pez Obrador se ha comprometido a insistir en la entrega del material, petici¨®n a la que ha accedido el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, pero que se traba en los escalones altos del organigrama de la dependencia, esto es, el Estado Mayor de la Defensa.

La opacidad de las Fuerzas Armadas viene de lejos. En la primera etapa de las investigaciones, durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), las actuaciones del Ej¨¦rcito y la Armada se caracterizaron por la opacidad. El Ej¨¦rcito nunca dej¨®, por ejemplo, que los investigadores y las familias de los 43 normalistas desaparecidos visitaran sus cuarteles en Iguala, municipio donde ocurri¨® el ataque. La Armada ocult¨® por su lado la presencia de marinos en uno de los supuestos escenarios de la desaparici¨®n, hoy en entredicho, el basurero de Cocula.

Durante los primeros a?os de la investigaci¨®n, se critic¨® mucho al Ej¨¦rcito por la presunta omisi¨®n de sus elementos ante el ataque contra los normalistas. En Iguala, polic¨ªas de ese municipio y otros vecinos, coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes. Tres murieron y otros 43 desaparecieron. Militares patrullaron por Iguala sin evitarlo, amedrentando incluso a los muchachos. Con el tiempo, la imagen del actuar del Ej¨¦rcito ha empeorado. Actualmente, un general, un capit¨¢n y varios elementos de tropa est¨¢n en prisi¨®n por su presunta colaboraci¨®n con Guerreros Unidos en la ¨¦poca. Los investigadores asumen adem¨¢s que la Secretar¨ªa de la Defensa sabe m¨¢s de lo que ha reconocido estos a?os.

En el caso de la Armada, el misterio es todav¨ªa mayor. Hace casi un a?o, el GIEI desvel¨® que marinos hab¨ªan realizado operativos alrededor del caso desconocidos hasta entonces. El GIEI divulg¨® un v¨ªdeo en que aparec¨ªan marinos en el c¨¦lebre basurero de Cocula, escenario donde, seg¨²n el Gobierno de Pe?a Nieto, la red criminal asesin¨® a los 43. En el v¨ªdeo, grabado en octubre de 2014, antes de que la vieja Fiscal¨ªa llegar¨¢ a analizar el escenario, los marinos manipulaban bultos en el basurero y prend¨ªan hogueras. Pese al anuncio de que se abrir¨ªa una investigaci¨®n, que apuntaba incluso a uno de los jefes de inteligencia de la dependencia, Marco Antonio Ortega Siu, nada ha ocurrido desde entonces.

?rdenes canceladas

Personal del Ej¨¦rcito protagoniza otra de las peticiones del GIEI y las familias de los 43, igual o m¨¢s importante que la primera. Se trata de la reactivaci¨®n de las 21 ¨®rdenes de detenci¨®n canceladas a finales del a?o pasado. El embrollo de las ¨®rdenes conforma una de las grandes pol¨¦micas del caso Ayotzinapa durante la actual administraci¨®n, junto a las conclusiones del informe de la comisi¨®n gubernamental, cuestionadas por el GIEI. Enfrentado al fiscal Omar G¨®mez, el fiscal general Gertz orden¨® intervenir la unidad que investiga el caso Ayotzinapa y cancelar 21 de las 83 ¨®rdenes de captura que el primero hab¨ªa pedido en agosto, 16 de ellas contra militares.

Desde su llegada en septiembre, el nuevo fiscal, Rosendo G¨®mez, se ha mostrado ambiguo con las ¨®rdenes canceladas, mostrando su disposici¨®n a reactivarlas delante de las familias y sus abogados, pero sin resultados concretos hasta ahora. Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n consultadas por este diario, la unidad que dirige el nuevo fiscal estar¨ªa trabajando en la ¡°reactivaci¨®n¡± de 16 de las 21, sin especificar cu¨¢les. Entre las 21 canceladas figura por ejemplo la del coronel Rafael Hern¨¢ndez, excomandante del 41 batall¨®n de Infanter¨ªa de Iguala, uno de los dos que funcionaba en la ¨¦poca en el municipio.

M¨¢s all¨¢ de los militares, el fiscal Rosendo G¨®mez y su equipo est¨¢n pendientes del caso de Tom¨¢s Zer¨®n, uno de los grandes objetivos de los investigadores tras la captura de Murillo. Refugiado en Israel, la Fiscal¨ªa mexicana y sus pares en aquel pa¨ªs comparten informaci¨®n desde hace m¨¢s de un a?o para destrabar la posible detenci¨®n del exfuncionario. M¨¦xico e Israel carecen de tratado de extradici¨®n. El trabajo estos a?os ha sido explicar la acusaci¨®n contra Zer¨®n, los casos de tortura y desaparici¨®n forzada armados en su contra.

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