La Suprema Corte tumba el decreto con el que L¨®pez Obrador buscaba acelerar los permisos de construcci¨®n de los megaproyectos
El presidente afirma que la Corte es un caso perdido, tras la resoluci¨®n judicial que impide que las obras prioritarias del Gobierno sean consideradas asuntos de seguridad nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) invalid¨® en su totalidad un decreto presidencial de noviembre de 2021 con el que el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ordenaba a todas las dependencias del Ejecutivo acelerar la emisi¨®n de permisos y autorizaciones para que la construcci¨®n de proyectos de infraestructura pudiera dar inicio de manera inmediata y sin dilaciones. Dicho decreto calificaba como ¡°de inter¨¦s p¨²blico y seguridad nacional¡± las obras a cargo del Gobierno, incluidos megaproyectos insignes como el Tren Maya, la refiner¨ªa de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe ?ngeles. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) impugn¨® ese acuerdo en lo referente al derecho al acceso a la informaci¨®n, pues una declaratoria de seguridad nacional significaba que los ciudadanos no pudieran acceder a datos de inter¨¦s p¨²blico sobre los proyectos de infraestructura financiados con dinero del erario. El pasado jueves, el Supremo dio la raz¨®n al INAI y ech¨® atr¨¢s la clasificaci¨®n de seguridad nacional de la megaobras. Pero este lunes, al debatir el alcance de los efectos de su sentencia, los ministros decidieron, por una cerrada mayor¨ªa de seis contra cinco, anular todo el decreto.
El acuerdo de 2021 vinculaba a las secretar¨ªas y entidades que conforman el poder Ejecutivo. En ¨¦l se les ordenaba otorgar ¡°autorizaciones provisionales¡± para el inicio de obras sin menoscabo de que estuvieran en tr¨¢mite los dict¨¢menes, permisos o licencias requeridos por la ley. Las autorizaciones provisionales deb¨ªan expedirse en un plazo m¨¢ximo de cinco d¨ªas h¨¢biles y estar¨ªan vigentes por 12 meses. La finalidad, seg¨²n el decreto, era garantizar la ejecuci¨®n oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. En M¨¦xico, la construcci¨®n de obras est¨¢ sujeta a una diversidad de permisos relacionados con el impacto ambiental, el uso de suelo, el derecho de v¨ªa, entre otros, cuya expedici¨®n puede demorar por meses el arranque de los proyectos. L¨®pez Obrador, que al momento de la publicaci¨®n del decreto estaba a la mitad de su sexenio, pretend¨ªa superar esa barrera de tiempo, pero tambi¨¦n, al declararlas como de seguridad nacional, buscaba blindar sus megaobras del escrutinio p¨²blico y abrir la v¨ªa a la adjudicaci¨®n directa de contratos.
Puesto que el decreto impugnado por el INAI es un acto administrativo y no una norma general del Congreso, la Suprema Corte determin¨® que los efectos de la sentencia solo pod¨ªan aplicar ¡°entre las partes¡± de la controversia. El ministro Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara, autor del proyecto de resoluci¨®n, argument¨® que ¡°las partes¡± involucradas en el decreto del Ejecutivo son dependencias y entidades del propio Ejecutivo, una identidad que conducir¨ªa l¨®gicamente a la anulaci¨®n del acto administrativo impugnado. ¡°El acuerdo fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada, y dicho acuerdo es una instrucci¨®n a las dependencias y entidades que forman parte de dicho Poder. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto del Ejecutivo, y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad¡±, arguy¨® el ministro.
Por tratarse de una materia ajena a la penal, el pleno de la Corte resolvi¨® que los efectos de la sentencia no ser¨¢n retroactivos, esto es, que las ¡°autorizaciones provisionales¡± concedidas mientras estuvo vigente el decreto presidencial son consideradas v¨¢lidas. Esta resoluci¨®n no tiene alcances sobre el nuevo decreto que public¨® el presidente L¨®pez Obrador la tarde del jueves, pocas horas despu¨¦s de la sesi¨®n del Supremo, mediante el que volvi¨® a declarar como asuntos de seguridad nacional proyectos de infraestructura espec¨ªficos: el Tren Maya, el Corredor Interoce¨¢nico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque (Chiapas) y de Chetumal y Tulum (Quintana Roo).
El mandatario ha criticado este martes la decisi¨®n del Supremo, con el que ha mantenido un pulso constante y prolongado. ¡°Nos adelantamos, porque ya sab¨ªamos que en la Corte hab¨ªa la intenci¨®n de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el del Istmo, y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre hab¨ªa estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada est¨¢n al servicio de los potentados, de la minor¨ªa, de lo que conceptualmente, te¨®ricamente, se conoce como la oligarqu¨ªa, que es el poder de los ricos¡±, ha dicho L¨®pez Obrador en su conferencia ma?anera. ¡°Ellos no defienden la Constituci¨®n, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sent¨ªan due?os de M¨¦xico¡±, ha agregado. L¨®pez Obrador ha aprovechado el nuevo episodio de desencuentros para volver a impulsar su idea de una reforma constitucional para que los ministros sean electos por el voto directo de la ciudadan¨ªa.
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