La Fiscal¨ªa pide 82 a?os de c¨¢rcel contra Murillo Karam por uno de los procesos del ¡®caso Ayotzinapa¡¯
Los investigadores piden el m¨¢ximo que contempla la ley para cada delito por el que se acusa al exprocurador, tortura, desaparici¨®n forzada y contra la administraci¨®n de justicia
El futuro se complica para Jes¨²s Murillo Karam, que en agosto cumplir¨¢ un a?o en prisi¨®n. El exprocurador general de la Rep¨²blica, acusado de tortura, desaparici¨®n forzada y delitos contra la administraci¨®n de justicia en el marco del caso Ayotzinapa, enfrenta decenas de a?os de c¨¢rcel. En su escrito de acusaci¨®n, presentado en abril al juzgado, la Unidad Especial de Investigaci¨®n y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), pide 82 a?os de c¨¢rcel contra ¨¦l. Murillo, de 75, podr¨ªa pasar el resto de sus d¨ªas en prisi¨®n.
Este es solo uno de los procesos que la UEILCA, parte de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), mantiene contra el exprocurador. La unidad acusa tambi¨¦n a Murillo de tortura y desaparici¨®n forzada, en el caso de Felipe Rodr¨ªguez Salgado, alias El Cepillo. Rodr¨ªguez Salgado es un presunto integrante de Guerreros Unidos, grupo criminal que atac¨® a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en el Estado de Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El Cepillo fue uno de los primeros detenidos por el caso, cuando Murillo comandaba la vieja Fiscal¨ªa. Detenido, sufri¨® torturas por parte de los investigadores.
Ambos casos avanzan en los juzgados a velocidades distintas. El primero fue el que mand¨® a Murillo a prisi¨®n el a?o pasado, una de las detenciones de mayor perfil del actual sexenio, sin duda la m¨¢s importante de las conseguidas por la UEILCA desde su creaci¨®n, en junio de 2019. En ese proceso, las partes aguardan el inicio de la fase oral de la etapa intermedia, momento en que los investigadores presentar¨¢n las pruebas ante el juez. Fijada para el pasado febrero, el inicio de esta etapa se ha ido posponiendo a petici¨®n de los abogados de Murillo, inconformes con la decisi¨®n del juez, el a?o pasado, de procesarlo.
Si nada cambia, la primera audiencia de desahogo de pruebas ante el juez ser¨¢ el 18 de septiembre. Iniciar¨¢ entonces un periodo vital para la UEILCA, que se juega parte del trabajo cultivado estos a?os en el caso Murillo. Las audiencias iniciales fueron medio complicadas para los fiscales, obligados a presentar el caso al juez antes de los tiempos que manejaba el titular de la unidad, Omar G¨®mez Trejo. Esta exigencia de premura, ordenada desde el despacho del fiscal general, Alejandro Gertz, provoco un choque con el titular de la UEILCA que, otros problemas mediante, acab¨® con la renuncia de G¨®mez Trejo.
Esta primera acusaci¨®n contra Murillo apunta a su papel como m¨¢ximo responsable de las investigaciones del caso Ayotzinapa, desde que la vieja Fiscal¨ªa asumi¨® las pesquisas, en octubre de 2014, hasta que su salida de la dependencia a principios de a?o siguiente. En esos meses, la Fiscal¨ªa, entonces Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), apoyada en la mano derecha de Murillo, Tom¨¢s Zer¨®n, detuvo a decenas de personas y present¨® una teor¨ªa del caso, que se?alaba que los 43 estudiantes desaparecidos durante el ataque hab¨ªan sido asesinados en un basurero. Sus cuerpos, seg¨²n esta versi¨®n, hab¨ªan sido incinerados y los restos arrojados a un r¨ªo.
Con el paso del tiempo, esta versi¨®n, trufada de irregularidades, acab¨® por romperse. Muchos de los detenidos hab¨ªan sufrido torturas por parte de sus captores en instalaciones de la PGR. Con las confesiones de los torturados, el equipo de Murillo y Zer¨®n hab¨ªa armado la historia del basurero, impidiendo, seg¨²n la UEILCA, esfuerzos genuinos de b¨²squeda de los 43. De ah¨ª que ahora, la Fiscal¨ªa acuse a Murillo de tortura y desaparici¨®n forzada. ?l, dice la UEILCA, era el jefe de todo y, con sus acciones y omisiones, permiti¨® la tortura de los detenidos y evit¨® que se profundizara en la b¨²squeda de los muchachos.
Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, al que ha tenido acceso EL PA?S, la UEILCA pide la pena m¨¢xima contemplada para cada delito en la ley. As¨ª, los fiscales piden 60 a?os por desaparici¨®n forzada, 12 a?os por tortura y 10 por delitos contra la administraci¨®n de justicia. En el caso de El Cepillo, el caso a¨²n est¨¢ en etapa de investigaci¨®n, proceso que no concluye hasta octubre. De cualquier manera, la UEILCA pedir¨¢ presumiblemente la misma pena por el delito de tortura que en el primer proceso, 12 a?os. En cuanto a la acusaci¨®n por delincuencia organizada, los fiscales deber¨¢n regirse aqu¨ª por el C¨®digo Penal Federal y no por Ley General en materia de Desaparici¨®n Forzada, caso del primer proceso. Esto limitar¨¢ a los fiscales a pedir como m¨¢ximo 40 a?os de c¨¢rcel para el exfuncionario.
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