Los ocho militares liberados del ¡®caso Ayotzinapa¡¯ abren un nuevo cisma entre el Gobierno y los jueces

Ofensiva total del Gobierno mexicano contra el Poder Judicial, ahora a cuentas del caso Ayotzinapa. El cambio de medidas cautelares a ocho militares, acusados de participar en el ataque contra los estudiantes normalistas, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, funciona de combustible en un conflicto de fondo, que trasciende en realidad al caso de los estudiantes, pero que sirve para desviar la atenci¨®n de los reclamos de las familias de los 43 desaparecidos. A saber, cientos de documentos de espionaje militar, b¨¢sicos en la investigaci¨®n, cuya existencia el Gobierno niega.

Han sido constantes los desencuentros del Ejecutivo con el Poder Judicial estos a?os, al que acusan de corrupci¨®n y despilfarro. En el marco del caso Ayotzinapa, los se?alamientos apuntan a la ¡°fragmentaci¨®n de los procesos¡± o a ¡°propiciar trabas burocr¨¢ticas¡± para prolongarlos. Menci¨®n especial, de principio a fin, para el juez Samuel Ventura, que liber¨® hace a?os a decenas de detenidos por el caso, presuntas v¨ªctimas de tortura, sin investigar qui¨¦n la hab¨ªa cometido. La cr¨ªtica a Ventura parece justificada, igual que otras verbalizadas estos a?os, diferentes a las de ahora.

La pugna en esta ocasi¨®n parece ir un paso m¨¢s all¨¢. Las cr¨ªticas del Gobierno se centran en una pata menor del proceso y contrastan, adem¨¢s, con la pr¨¢ctica indiferencia que mostr¨® el a?o pasado, tras la liberaci¨®n de otro militar procesado por el caso, entonces un general, Rafael Hern¨¢ndez. En agosto, el general Hern¨¢ndez, acusado de delincuencia organizada, obtuvo el mismo beneficio que ahora los ocho elementos de tropa, gracias a la rapidez de la Guardia Nacional, encargada de calcular su riesgo de fuga, que calific¨® de m¨ªnimo. Ocurre adem¨¢s que los ocho que ahora seguir¨¢n su proceso en libertad se entregaron a las autoridades cuando reci¨¦n la juez pidi¨® su detenci¨®n, mientras que Hern¨¢ndez fue capturado y presentado a la jueza. Entonces y ahora, la misma jueza les dio prisi¨®n preventiva a todos los acusados y luego acept¨® que salieran de la c¨¢rcel hasta que llegue el juicio.

La escalada del caso de los ocho ha sido r¨¢pida, tambi¨¦n algo inesperada. El fin de semana, una juez federal acced¨ªa a la petici¨®n de la defensa de los ocho militares, de cambiar la prisi¨®n preventiva por una visita quincenal al juzgado, la entrega de los pasaportes y la prohibici¨®n de salir del pa¨ªs. Acusados de desaparici¨®n forzada, los militares, la mayor¨ªa con el grado de soldado en la ¨¦poca del ataque, formaron parte de un convoy que patrull¨® por Iguala durante y despu¨¦s de la embestida. La Fiscal¨ªa presume que su presencia en el convoy respond¨ªa a su cercan¨ªa del grupo criminal que figura en el centro del ataque, Guerreros Unidos.

El Gobierno contest¨® raudo al cambio de medidas cautelares. Sensible a las acusaciones de protecci¨®n al estamento militar, m¨¢s en el caso Ayotzinapa, el Ejecutivo le¨ªa la decisi¨®n de la jueza como una forma de ¡°favorecer la hip¨®tesis de que el Gobierno de M¨¦xico protege al Ej¨¦rcito¡±. As¨ª lo expresaba un comunicado que liber¨® este lunes la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, que considera que la decisi¨®n de la jueza carece de todo ¡°fundamento legal¡±. Gobernaci¨®n dijo tambi¨¦n que va a solicitar a la Fiscal¨ªa que solicite la revisi¨®n de las medidas cautelares, ¡°teniendo en cuenta los factores de riesgo¡±.

Este mismo lunes en la tarde, el Consejo de la Judicatura contestaba a Gobernaci¨®n, se?alando que, en realidad, la jueza hab¨ªa aplicado la ley, asumiendo la decisi¨®n de un tribunal superior, que le ped¨ªa, tras el reclamo de la defensa de los militares, que justificara la prisi¨®n preventiva, teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En a?os recientes, la CIDH, recordaba la Judicatura, ¡°ya hab¨ªa condenado al Estado Mexicano por la inconvencionalidad del art¨ªculo 19 Constitucional, que prev¨¦ la figura de la prisi¨®n preventiva oficiosa¡±.

El Consejo criticaba adem¨¢s que la jueza acab¨® por cambiar las medidas cautelares de los ocho militares, despu¨¦s de que su defensa realizara los tr¨¢mites necesarios para abrir el debate, tr¨¢mites que la Fiscal¨ªa ignor¨®. La Fiscal¨ªa no ha contestado al Consejo, pero s¨ª reaccion¨® al cambio de las medidas, el mismo fin de semana. Los jueces, se?alaba la dependencia, ¡°le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones que determinaron prisi¨®n preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas¡±.

Tanto Gobernaci¨®n como Presidencia, tambi¨¦n la misma Fiscal¨ªa, han obviado estos d¨ªas la incoherencia que entra?a la actuaci¨®n del Ejecutivo en el caso de estos ocho soldados. Desde el principio, abogados militares vinculados a la Secretar¨ªa de la Defensa se han encargado de su caso. El letrado Jos¨¦ Alfredo Rico, que ya estuvo implicado en la defensa de militares se?alados de ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico, en junio de 2014, forma parte del equipo legal de los ocho.

La incoherencia ha levantado las cejas de m¨¢s de uno, incluyendo las de Alejandro Encinas. Titular de la comisi¨®n presidencial para la verdad del caso Ayotzinapa hasta el pasado octubre, verso libre al interior del Gobierno, por sus se?alamientos constantes al Ej¨¦rcito, Encinas escrib¨ªa ayer en Twitter, ahora X: ¡°Es m¨¢s lamentable a¨²n que abogados de la Sedena litiguen contra la investigaci¨®n que encabeza el presidente de M¨¦xico¡±. Criticado estos a?os por errores en la investigaci¨®n de la comisi¨®n, Encinas sali¨® del caso por lo insostenible de su posici¨®n, ¨²nico en el Ejecutivo que criticaba la resistencia del Ej¨¦rcito a entregar la informaci¨®n requerida por las familias estos a?os.

En Palacio Nacional, las contradicciones, sin embargo, no aparecen en el radar. Este martes, el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha dicho que no estaba de acuerdo con lo que dec¨ªa Encinas. ¡°Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparici¨®n de los j¨®venes. Y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los j¨®venes desaparecidos¡±, ha argumentado.

La tensi¨®n aumentaba todav¨ªa m¨¢s a mediod¨ªa, cuando la secretaria de Gobernaci¨®n, Luisa Mar¨ªa Alcalde, hac¨ªa p¨²blica una carta que el Ejecutivo mand¨® en diciembre a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN), Norma Pi?a, alertando, ya entonces, de un posible cambio en las medidas cautelares dictadas contra los ocho militares. Se ignora la respuesta de Pi?a, si es que la hubo, pero la carta funciona aqu¨ª de arma de doble filo. Si tan preocupado estaba el Gobierno, ?acaso no inform¨® a la Fiscal¨ªa de la importancia que le daba a que estos militares permanecieran en prisi¨®n?

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