Los ocho militares acusados de desaparici¨®n forzada por ¡®el caso Ayotzinapa¡¯ vuelven a prisi¨®n

Los ocho militares acusados de la desaparici¨®n forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron liberados la semana pasada volver¨¢n a prisi¨®n. Un juzgado federal ha emitido este jueves las correspondientes ¨®rdenes de aprehensi¨®n, finalizando as¨ª la orden de una jueza de distrito del Estado de M¨¦xico que, el pasado 21 de enero, permiti¨® que los soldados continuaran el proceso judicial, todav¨ªa en marcha, en libertad condicional. El abogado de los miembros de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) ha asegurado a la prensa que los ocho se presentar¨¢n voluntariamente a las autoridades.

Gustavo Rodr¨ªguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andr¨¦s Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada D¨ªaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo D¨ªaz, los ocho acusados, fueron arrestados en junio de 2023. La titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, pidi¨® para ellos la prisi¨®n provisional por el delito de desaparici¨®n forzada. No se conocen los delitos que la justicia les imputa en esta nueva orden de arresto, pero, de acuerdo con un testigo protegido de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) citado por La Jornada, los soldados ten¨ªan v¨ªnculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

La defensa de los militares pidi¨® el pasado 21 cambiar la prisi¨®n provisional por una visita quincenal al juzgado, lo que fue aceptado por la misma Duarte Cedillo, quien tambi¨¦n otorg¨® la libertad provisional el pasado agosto a otro imputado por el crimen, el general Rafael Hern¨¢ndez. Adem¨¢s, la jueza impuso como condiciones el pago de una fianza de 50.000 pesos, la retenci¨®n de su pasaporte y la prohibici¨®n de acercarse a testigos y v¨ªctimas del caso, as¨ª como evitar acudir al Estado de Guerrero. Desde el momento de su detenci¨®n en junio, los soldados hab¨ªan permanecido encerrados en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de M¨¦xico, donde volver¨¢n despu¨¦s de la nueva decisi¨®n judicial.

La mayor¨ªa de los ocho militares ostentaban el rango de soldados cuando sucedi¨® el ataque de los estudiantes, en 2014. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrull¨® por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y despu¨¦s de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respond¨ªa a su cercan¨ªa del grupo criminal que con el tiempo se convirti¨® en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.

La liberaci¨®n de los ocho militares desencaden¨® un nuevo choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, dos antagonistas que han protagonizado una larga batalla p¨²blica en los ¨²ltimos a?os. ¡°No nos extra?a la posici¨®n del Poder Judicial de la Federaci¨®n (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso¡±, arremet¨ªa un comunicado de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n publicado el 22. ¡°Una vez m¨¢s el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia y la no repetici¨®n¡±, prosegu¨ªa.

La actuaci¨®n del Gobierno respecto al caso en los ¨²ltimos meses no ha estado, sin embargo, exento de cr¨ªticas. En el noveno aniversario del ataque, el pasado septiembre, los familiares de los estudiantes se manifestaron en el Z¨®calo de Ciudad de M¨¦xico en plena ruptura de la relaci¨®n entre las autoridades y los parientes, que acusan al Ejecutivo de cerrar filas con el Ej¨¦rcito. Los padres y madres de las v¨ªctimas exigen a las autoridades cientos de documentos de espionaje militar. Sin ellos, argumentan, la investigaci¨®n se encuentra estancada y sin nuevos hilos de los que tirar.

La Sedena niega la existencia de los archivos, a pesar de que el grupo independiente de expertos (GIEI) que ha investigado el caso afirma que s¨ª se encuentran en poder de los militares. El GIEI acab¨® abandonando M¨¦xico en julio, frustrado ante la resistencia del Ej¨¦rcito a proporcionar informaci¨®n. A principios de enero, los familiares de las v¨ªctimas volvieron a reunirse con la comisi¨®n presidencial. Exigieron el regreso del GIEI y, de nuevo, que el Ej¨¦rcito entregara los documentos. Ninguna de las peticiones sali¨® adelante, lo que agrav¨® a¨²n m¨¢s la relaci¨®n entre ambas partes y amenaza con paralizar la investigaci¨®n.

El caso se ha convertido en una mara?a de intereses enfrentados con decenas de detenidos y una justicia que avanza lentamente. La verdad, el paradero de los estudiantes desaparecidos, se antoja ya casi imposible a pesar de la obstinaci¨®n de sus familiares. El pr¨®ximo 26 de septiembre se cumplir¨¢n 10 a?os del ataque.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs