Detenido un polic¨ªa de Guerrero implicado en el ¡®caso Ayotzinapa¡¯ y huido desde hace dos a?os
La FGR acusa a Liobardo Alarc¨®n de la Cruz de delincuencia organizada, desaparici¨®n forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administraci¨®n de justicia
Casi dos a?os despu¨¦s de que un juez emitiera una orden de busca y captura en su contra, la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) ha detenido a Liobardo Alarc¨®n de la Cruz, expolic¨ªa de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica del Estado de Guerrero. El hasta ahora fugitivo est¨¢ acusado de haber participado en el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre de 2014, a los que todav¨ªa no se ha encontrado. Sobre ¨¦l pesan los cargos de delincuencia organizada por su presunta colaboraci¨®n con Guerreros Unidos ¡ªprincipales perpetradores junto a la polic¨ªa del crimen¡ª, desaparici¨®n forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administraci¨®n de justicia.
Alarc¨®n de la Cruz fue capturado el 15 de mayo en Acapulco, pero su detenci¨®n no hab¨ªa transcendido hasta este martes, cuando Milenio ha adelantado la noticia. De acuerdo con Reforma, fue internado en la prisi¨®n de m¨¢xima seguridad de El Altiplano, en el Estado de M¨¦xico. El presunto criminal estaba en busca y captura desde agosto de 2022, cuando el juez Enrique Beltr¨¢n Sant¨¦s emiti¨® ¨®rdenes de aprehensi¨®n contra 83 implicados en el caso: 20 altos mandos militares, 44 polic¨ªas, 14 presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y cinco ¡°autoridades administrativas y judiciales¡± de Guerrero, aunque un mes despu¨¦s y a petici¨®n de la FGR cancel¨® al menos 21 de las 83 ¨®rdenes.
Contra Alarc¨®n de la Cruz hay un abultado caso, aunque el grueso de la acusaci¨®n se basa en la declaraci¨®n de uno de las principales testigos protegidos de la FGR, Carla, ficha clave en el desarrollo de la investigaci¨®n actual. Seg¨²n Reforma, Carla identific¨® una fotograf¨ªa del exagente y lo situ¨® como miembro del grupo Los B¨¦licos, los presuntos responsables de entregar a los 43 estudiantes a Guerreros Unidos, quien, de acuerdo con esta teor¨ªa, luego los asesin¨® y los desapareci¨®. Sin embargo, Alarc¨®n de la Cruz formaba parte de la polic¨ªa estatal y Los B¨¦licos pertenec¨ªan a la polic¨ªa municipal de Iguala, lo que pone en duda la hip¨®tesis.
Entre las mismas 83 ¨®rdenes de arresto por las que ha ca¨ªdo Alarc¨®n de la Cruz se encontraban las de los ocho militares, acusados de desaparici¨®n forzada y m¨¢s tarde de delincuencia organizada, que salieron en libertad provisional el 9 de mayo y seguir¨¢n el devenir de su juicio desde la calle. D¨ªas despu¨¦s, un grupo de normalistas, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, compa?eros de los 43 de Ayotzinapa, la tomaron contra la fachada del Palacio Nacional en represalia: reventaron artefactos explosivos caseros contra sus muros como protesta y herramienta de presi¨®n al presidente de la Rep¨²blica. Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador prometi¨® despu¨¦s que impugnar¨ªa la concesi¨®n de libertad provisional a los ocho soldados.
El caso Ayotzinapa est¨¢ caldeado desde hace meses, inflamado por la batalla pol¨ªtica entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que esgrimen el secuestro de los 43 como un arma arrojadiza, y la presi¨®n en las calles de los normalistas (uno de ellos, asesinado por la polic¨ªa este marzo) y los padres y madres de las v¨ªctimas. Por un lado, est¨¢n las familias y los compa?eros de los estudiantes, desesperados ante la falta de avances de una investigaci¨®n completamente estancada, que se han lanzado a formas de protesta cada vez m¨¢s duras para colocar el foco sobre la desaparici¨®n y tratar de destrabar las pesquisas. Exigen una serie de documentos de inteligencia militar que el grupo independiente de expertos (GIEI) que investig¨® por a?os el crimen (y abandon¨® M¨¦xico en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que custodia la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena).
El Ej¨¦rcito, por su parte, uno de los focos oscuros del caso, sobrevolado desde el d¨ªa uno por la sospecha, es reacio a colaborar y sostiene que los archivos militares que reclaman los familiares de los 43 no existen, a pesar de que hay m¨²ltiples evidencias en su contra. L¨®pez Obrador los respalda, ante el descontento de los parientes, que le acusan de haberles dado la espalda por defender a la Sedena. Mientras tanto, el presidente descalifica al Poder Judicial por decisiones como la libertad provisional de los ocho militares, y llama a los jueces ¡°corruptos¡± y ¡°podridos¡±. El d¨ªa que anunci¨® que impugnar¨ªa la libertad de los ocho soldados, declar¨®: ¡°El Poder Judicial ya tom¨® partido, est¨¢ a favor del bloque conservador. Nosotros vamos a impugnar esa decisi¨®n como lo hicimos en el caso del procurador [Jes¨²s Murillo Karam, implicado en el caso], pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa¡±.
L¨®pez Obrador se centra en la liberaci¨®n de los ocho militares, una de las tramas de menor peso de una gruesa investigaci¨®n sobre el paradero de los 43, pero se niega a reunirse con sus familiares, que llevan meses reclamando un encuentro: el presidente ha prometido que ser¨¢ el 3 de junio, el d¨ªa despu¨¦s de las elecciones, pero para los padres y madres no es suficiente y algunos lo ven como una manera de evitar esc¨¢ndalos antes de los comicios. Mientras tanto, L¨®pez Obrador descalifica a los abogados de los parientes de los estudiantes desaparecidos, profesionales con d¨¦cadas de experiencia en el campo de los derechos humanos que han sufrido el espionaje estatal por su trabajo, a los que acusa de orquestar una campa?a para desestabilizar a su Gobierno. Y entre batallas pol¨ªticas, medi¨¢ticas y acusaciones cruzadas, los 43 de Ayotzinapa siguen sin aparecer.
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