L¨®pez Obrador promete impugnar la liberaci¨®n de los ocho militares investigados por el ¡®caso Ayotzinapa¡¯
El presidente tilda de ¡°acciones de provocaci¨®n¡± los disturbios de los normalistas, que lanzaron cohetes contra el Palacio Nacional este lunes
El caso Ayotzinapa no deja de resonar en los pasillos de Palacio Nacional dos semanas antes de las elecciones presidenciales que decidir¨¢n el futuro del pa¨ªs y casi 10 a?os despu¨¦s del secuestro de los 43 estudiantes a manos de la polic¨ªa y el grupo criminal Guerreros Unidos. En dos acciones encadenadas, el presidente de la Rep¨²blica, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha tildado este martes de ¡°acciones de provocaci¨®n¡± para calentar la campa?a electoral los disturbios de los normalistas, los compa?eros de los j¨®venes desaparecidos, que el lunes arrojaron artefactos explosivos caseros contra la fachada de la residencia del dirigente, sede del Poder Ejecutivo, e hirieron levemente a 26 polic¨ªas. El mandatario tambi¨¦n ha asegurado que impugnar¨¢ la concesi¨®n de libertad provisional a ocho militares investigados por su implicaci¨®n en el crimen, uno de los elementos de tensi¨®n que provoc¨® el ataque de los normalistas.
Los j¨®venes pretend¨ªan usar los cohetes como herramienta de presi¨®n para que L¨®pez Obrador se re¨²na con ellos y desbloquear la investigaci¨®n por el caso Ayotzinapa, paralizada y sin visos de ning¨²n tipo de avance ante la negativa del Ej¨¦rcito a entregar documentos de inteligencia claves, respaldado por el mandatario. El presidente ya anunci¨® que recibir¨¢ a las familias de los 43 el 3 de junio, el d¨ªa despu¨¦s de las elecciones, una propuesta que no ha aplacado a sus interlocutores.
¡°Vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aqu¨ª al Palacio y se fueron. Tambi¨¦n en el af¨¢n de provocar, para ver si nosotros reprimimos y entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en v¨ªsperas de las elecciones¡±, ha sostenido el presidente. ¡°Es un grupo de Ayotzinapa: maestros, otros dirigentes. Nada m¨¢s vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aqu¨ª agradecerle mucho a los polic¨ªas, mujeres y hombres, que resultaron heridos. Afortunadamente con heridas leves, no graves¡±, ha a?adido.
Los ¨¢nimos de los estudiantes estaban caldeados porque el jueves de la semana pasada, la jueza Raquel Duarte Cedillo concedi¨® la libertad provisional a ocho militares implicados en el secuestro, acusados de desaparici¨®n forzada y delincuencia organizada por una presunta colaboraci¨®n con Guerreros Unidos. A pesar de un elevado riesgo de fuga, seg¨²n Reforma, la magistrada les concedi¨® seguir su proceso en libertad, a cambio de una fianza, presentarse en el juzgado dos veces al mes y otras medidas cautelares. Para L¨®pez Obrador, la decisi¨®n judicial tambi¨¦n est¨¢ vinculada con las elecciones: ¡°El Poder Judicial ya tom¨® partido, est¨¢ a favor del bloque conservador. Nosotros vamos a impugnar esa decisi¨®n como lo hicimos en el caso del procurador [Jes¨²s Murillo Karam, implicado en el caso], pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa¡±.
La decisi¨®n judicial fue una nueva chispa que inflam¨® de nuevo el conflicto, especialmente crudo durante el inicio de este a?o: disturbios en la Fiscal¨ªa de Guerrero; la sede del Poder Ejecutivo del Estado en llamas; una puerta del Palacio Nacional derribada por los estudiantes; el asesinato de un normalista a manos de un polic¨ªa que logr¨® fugarse con la colaboraci¨®n de las autoridades para ser atrapado semanas despu¨¦s; renuncias de funcionarios de alto nivel en Guerrero o la destituci¨®n de la fiscal estatal contra de su voluntad.
Los ocho soldados forman parte de una veintena de militares que orden¨® detener el juez a petici¨®n de la UEILCA, la unidad especial de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica para el caso Ayotzinapa, en agosto de 2022. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tumb¨® la mayor¨ªa de arrestos, entre ellos los de estos ocho soldados. En 2023, las ¨®rdenes de aprehensi¨®n fueron reactivadas por el fiscal encargado del caso, Rosendo G¨®mez Piedra, sustituto de Omar G¨®mez Trejo, que abandon¨® M¨¦xico y se refugi¨® en Estados Unidos al considerar que las autoridades estaban ¡°dinamitando¡± la investigaci¨®n.
El caso se enmara?¨® y se volvi¨® munici¨®n en la batalla entre el Ejecutivo y el Judicial. Los militares fueron liberados ya a principios de a?o, pero un juzgado federal volvi¨® a emitir ¨®rdenes de arresto contra ellos ante el calor medi¨¢tico que se levant¨®, repetido ahora. La Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n public¨® entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de ¡°valerse de pretextos procedimentales¡± para dejar de lado ¡°los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia y la no repetici¨®n¡±: ¡°Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso¡±.
Los ocho militares, sin embargo, son parte de una de las tramas de menor peso de una gruesa investigaci¨®n sobre el paradero de los 43. La mayor¨ªa ostentaban el rango de soldados cuando sucedi¨® el ataque de los estudiantes. Todos formaron parte de un convoy de la Sedena que patrull¨® por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y despu¨¦s de la embestida. La FGR presume que su presencia en el convoy respond¨ªa a su cercan¨ªa del grupo criminal que con el tiempo se convirti¨® en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.
En la ra¨ªz del problema se encuentran una serie de documentos de inteligencia militar que contienen informaci¨®n necesaria para que la investigaci¨®n avance, de acuerdo con los parientes de los 43. La Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) niega su existencia, respaldada por L¨®pez Obrador. El grupo independiente de expertos (GIEI) que investig¨® por a?os el crimen (y abandon¨® M¨¦xico en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) y el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso, han asegurado que los archivos existen y se encuentran en poder del Ej¨¦rcito. El presidente se niega a pronunciarse al respecto y, en su lugar, se enzarza cada vez que la ocasi¨®n lo requiere contra el Poder Judicial por la trama de los ocho soldados. Tambi¨¦n contra los normalistas y los abogados de los padres y madres de los 43, a los que acusa de manipular a los familiares en su contra.
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